RA —¿Qué tanto se sabe que esta vez sí prospere en el Parlamento y no ocurra lo que pasó en la legislatura pasada?
JF —Estas cosas dependen mucho de la voluntad política. Suponemos que si hoy también hay acuerdo en el Senado y hay senadores en esto, quizás haya voluntad política para aprobarlo. La vez pasada el Senado directamente no trató el proyecto, no tuvo trámite parlamentario en tres años, cuando había sido aprobado por unanimidad en Diputados. Esta es la primera alternativa que se maneja desde el punto de vista legal.
RA —Otra de las medidas que consideraron el fin de semana pasado, quizás la que más llama la atención, es el intento de derogar la Ley de Inclusión Financiera por la vía de un plebiscito. Esta es una instancia prevista que implica una reforma constitucional. ¿Qué es lo que buscan modificar de la Constitución con relación a la Ley de Inclusión Financiera?
JF —Nosotros asesoramos a CEDU, esa propuesta fue realizada por otra gremial –creo que es de Crece–, y en el ánimo de apoyar todas las medidas y salir con un criterio unificado se la apoyó, de forma tal de transitar un proceso de estudio. Pero esa alternativa no estuvo a estudio de la CEDU y desconocemos cuál es el proceso que tiene hoy.
EC —Parece claro que esa, una reforma constitucional que se sometiera a plebiscito, es una medida extrema originada a su vez en el hecho de que un referendo para derogar la ley ya no puede utilizarse, ya venció el plazo establecido en la Constitución, que es un año desde su promulgación.
JF —La gremial que presentó esto dice que lo está estudiando con constitucionalistas y que está en un proceso. Lo que se hizo fue apoyar el estudio de esa iniciativa. Además derogar la Ley de Inclusión Financiera no soluciona el tema de aranceles, que es el tema de fondo, sino que soluciona una serie de medidas de esta ley que los comerciantes entienden que los excluyen. Hay artículos que para nosotros son claramente inconstitucionales, como el 64 que mencionaba, el 35, que establece que el Poder Ejecutivo puede erradicar el efectivo de una actividad si la considera de interés general, como pasó con las estaciones de servicio, se erradicó el efectivo por 24 horas. Para nosotros eso viola la igualdad ante el comercio.
RA —Ahí hay ante todo razones de seguridad.
JF —Claro, pero razones de seguridad no solo para las estaciones de servicio, el problema de la inseguridad es un tema endémico. Primero, el Primer Ejecutivo no puede declarar razones de interés general, tiene que ser por la vía de una ley. Y segundo, esto viola la igualdad ante el comercio, porque hay estaciones de servicio que tienen supermercados o minimercados. ¿Qué pasa con el supermercado de la esquina que no tiene una estación de servicio? Pero más allá de que no tenga un supermercado, entendemos que es discriminatorio respecto al resto de los comerciantes. No podemos, como hace el Poder Ejecutivo, estar decretando a cada rato, nos volveríamos locos.
RA —Esa es otra de las medidas, ir por el lado de los recursos de inconstitucionalidad.
JF —Después el artículo 39 afecta básicamente a las inmobiliarias, que estuvieron presentes el sábado. Por ejemplo, para dar un desalojo a una persona hay que acreditar el medio de pago que se utilizó, transferencia electrónica, si no no tengo acceso a la justicia; esto es grave. Se puede determinar la nulidad de la compraventa, sanciones a escribanos de hasta 25 % si no se acredita que el pago se hizo con transferencia bancaria, cuando el curso legal de la moneda no está derogado. Y además el artículo 64, que para nosotros tiene un vicio de ilegalidad muy grande.
Entonces hay una serie de cosas que los comerciantes entienden que los están perjudicando que derivarían en esa posible iniciativa de derogar la ley, que entiendo que es una ley macro, que tiene estos tres objetivos que señalaba. Nosotros no estudiamos esa posibilidad, lo que estamos estudiando para CEDU son estas tres posibilidades: los proyectos de ley, la acción de inconstitucionalidad –que tampoco soluciona el problema de fondo, porque esto no deroga los aranceles, lo que hace es darle libertad al comercio…
RA —¿En qué proceso está eso? Ya han presentado recursos.
JF —Sí, se presentaron los primeras tres, ahora se están presentando unos 10 más que están en proceso.
RA —¿Cada comercio lo tiene que hacer?
JF —Sí, se van sumando de a poco. Hay cierto temor de los comerciantes, porque van a figurar individualmente, esto no es una acción corporativa. Es un proceso lento, no es fácil.
EC —¿Y la tercera línea de acción?
JF —Estamos volviendo a estudiar la posibilidad de una denuncia por prácticas anticompetitivas ante la Comisión de Defensa de la Competencia, en virtud de que entendemos que estas prácticas se han agravado. Los comerciantes están haciendo las consultas, están pidiendo información al Estado de las transacciones financieras, han solicitado información a la DGI, al BCU, de forma tal de munirnos de información y ver si esas prácticas distorsivas de las tarjetas se han incrementado o no en ese mercado relevante.
EC —Desde la audiencia llegan cantidad de preguntas. Y algunas son también cuestionamientos. Por ejemplo, la de Alberto: “Lo que no se dice: evasión” es el título del correo electrónico. “Creo que hay algo que nadie dice. La inclusión financiera tiene dos objetivos, eliminar el efectivo por razones de seguridad pública y blanquear las transacciones para que todas paguen impuestos, cosa que con el efectivo no necesariamente se da, quedan ventas en negro y otras normales, de acuerdo a cómo se quiera acomodar el cuerpo. ¿Cuánto está jugando ese factor?”.
JF —Es un factor que indudablemente está presente. De los tres objetivos de la ley, que son, primero, incluir a la población –podemos estar de acuerdo o no–; segundo, sustituir la moneda, y tercero, formalizar la economía, este último es el verdadero objetivo.
