EC —Ese es un punto crucial acá, lo que está en juego es el artículo 77, numeral 10 de la Constitución de la República, que se refiere a dos tipos de cargos, el de los intendentes y el de los legisladores. Dice: “Ningún legislador ni intendente que renuncie a su cargo después de incorporado al mismo tendrá derecho al cobro de ninguna compensación ni pasividad que pudiera corresponderle en razón del cese de su cargo hasta cumplido el período completo para el que fue elegido”. Y luego se aclara: “Esta disposición no comprende a los casos de renuncia por enfermedad debidamente justificada ante junta médica, ni a los autorizados expresamente por los tres quintos de votos del total de componentes del cuerpo a que corresponda”. ¿Entonces?
FG —Entonces el expediente viene a conocimiento del TCR, pasa a informe jurídico, el primer profesional abogado que lo recibe hace un informe contundente, muy bien fundamentado, dedica la primera parte especialmente a fundamentar por qué a juicio de los constitucionalistas más reconocidos, como Jiménez de Aréchaga, o de los actuales Korzeniak, Martín Risso, el vicepresidente de la República es legislador. Lo es en tanto tiene voz y voto en el Senado, tiene voz y voto en la Asamblea General, en tanto se considera que la cantidad de legisladores es 130, es decir, 99 diputados y 31 provenientes del Senado. A tal punto que si mañana se votara la Asamblea Nacional Constituyente –de la que tanto se habló al principio de este período– para reformar la Constitución, esa asamblea tendría el doble de miembros de los que tiene actualmente el Parlamento, y ese doble de miembros es 260. Y después de fundamentar la calidad de legislador del cargo de vicepresidente de la República, dice que en consecuencia se le aplica el artículo 77, literal 10 de la Constitución, y el subsidio debe abonarse una vez finalizado el período.
EC —Lo que está de por medio entonces es si Sendic era o no legislador, porque el subsidio se le asignó sin que hubiera existido esa mayoría especial de tres quintos autorizando a que lo cobrara ahora. El argumento que se había manejado en el Frente Amplio (FA) era que el vicepresidente no era un legislador y por lo tanto ese requisito no existía.
FG —Creo que hoy en día las opiniones son todas muy uniformes en esa materia, todos los constitucionalistas consideran que el vicepresidente de la República –ya no Sendic– es un legislador. El informe jurídico fue ratificado por dos jerarcas de quien lo realizó dentro del propio TCR y llega a conocimiento del organismo para su definición. En el TCR alguno de los ministros pide plazo para estudiar el tema y se resuelve que se realice una sesión extraordinaria el martes 14 de este mes para definir, porque ese martes 14 vencía el plazo de que dispone el TCR para pronunciarse, y de no pronunciarse se produce una intervención tácita, es decir, se autoriza el gasto tácitamente. Y el martes 14 no es que hubo una filtración durante la sesión de lo que allí se decidió; el único tema del orden del día era el subsidio al exvicepresidente de la República, de lo que toda la prensa estaba enterada, al punto que desde las 11 de la mañana estaba toda la prensa a las puertas del Tribunal esperando a ver cuál iba a ser el pronunciamiento. Y el Tribunal resuelve en forma negativa, resuelve observar el gasto.
EC —Cuatro a tres, no es una votación unánime ni mucho menos.
FG —No, resuelve por cuatro votos a tres observar el gasto. Y antes de levantar la sesión se le pide a la secretaria general que comunique verbalmente la decisión a la secretaría de la Presidencia del Senado y de la Asamblea General. La vicepresidenta de la República adujo en algún momento que ella no fue informada…
EC —Sí, por ejemplo cuando la entrevistamos acá la vicepresidenta Topolansky se mostró molesta porque, dijo, “me enteré por la prensa de la resolución del TCR, no se cumplió una vieja resolución, un viejo criterio del Tribunal que dice que el primero en enterarse de una decisión debe ser el organismo, no la prensa”.
FG —No. Antes de levantar la sesión se le informó a la presidencia de la Asamblea General, como corresponde. El tema es que en ese momento la señora Lucía Topolansky estaba ejerciendo la presidencia de la República. Quizás desde su despacho no le avisaron que del TCR se le había comunicado cuál había sido la decisión. En cuanto a esa vieja decisión… no quiero entrar en polémicas, porque además políticamente estoy impedido de actuar; más aún, lo digo por respeto también a los demás ministros integrantes del TCR, nosotros nos debemos pronunciar exclusivamente desde el punto de vista jurídico. El TCR analiza la juridicidad de los expedientes que vienen a su conocimiento, nosotros no podemos ni debemos actuar políticamente. Somos representantes partidarios porque nos pusieron los partidos, pero nos eligió la Asamblea General con ese cometido.
EC —Es difícil imaginar que cada uno de ustedes, la mayoría provenientes de partidos políticos, propuestos por partidos políticos, se guíe solamente por criterios jurídicos a la hora de analizar un caso.
FG —Será difícil pero es así. Los únicos fundamentos en función de los cuales podemos tomar una decisión son jurídicos y tenemos la obligación establecida por ley de fundamentar por qué votamos cada uno de los temas que votamos.
EC —Esto usted lo decía a propósito del malestar de la vicepresidenta Topolansky por haberse enterado por la prensa, porque no se cumplió una vieja resolución del Tribunal que dice que el primero en enterarse debe ser el organismo analizado.
FG —No sé cómo sucedieron las cosas dentro del despacho de la presidencia de la Asamblea General, pero se le comunicó expresamente la resolución cuando estaba levantándose la sesión, cuyo único punto del orden del día había sido el subsidio de Sendic.
EC —Pero ¿se le comunicó la resolución, el texto ya completo, firmado, etcétera?
FG —Se le comunicó que había una resolución del TCR que observaba el subsidio. Y como por ley los que votan discordes tienen la obligación de fundamentar su voto, porque los que votan a favor lo fundamentan en la propia resolución, se otorga un plazo de 48 horas dentro del TCR a los ministros que votaron discordes para que otorguen su fundamento. Entonces lo que se hizo fue enviar un documento que adelante en la carátula decía “borrador”, que en realidad era el documento definitivo, simplemente le faltaban los fundamentos de los votos discordes. O sea que se cumplió paso por paso formalmente todas las actuaciones correspondientes para llegar a un pronunciamiento de esa naturaleza.
Me parece que quizás todo lo que ha sucedido en torno al tema, ya no al tema subsidio, sino respecto al tema vicepresidente de la República, puede haber generado en un momento de cierto malestar esas expresiones, esas acusaciones al TCR. Que me parecen muy graves, porque en el TCR no hay intencionalidad política, no la hubo en otros casos; a mí me tocó discorde, sin embargo nunca se me ocurrió atribuir intencionalidad política en la compra del avión, por señalar un elemento. El Tribunal se pronuncia, hay fundamentos de carácter jurídico, pero también es verdad que es bastante común y corriente que el controlado se queje del controlador. Se llegó a decir que se le iba a pedir al auditor delegado que rindiera cuentas. Con el auditor delegado, al igual que con el TCR, se puede hablar.
