RA —Seguramente no lo pusieron en la proclama porque no hay directamente a quién hacerle el planteo. ¿A quién reclamarle? ¿A los arrendatarios, a los dueños de las tierras?
LT —¿Cómo no? Cada vez que se hace un contrato hay dos personas y la nómina está, existe. A quién es mucho más fácil que los autoconvocados.
RA —Está bien, pero a los propios arrendatarios.
DS —Ese tema se manejó ayer en alguno de los discursos.
LT —Pero no con estos números, es más del doble lo que se paga. Vamos a poner el caso de los productores arroceros, que el 80 % arriendan, y además Uruguay consume el 10 % del arroz, el otro 90 % hay que exportarlo. Estos gobiernos del Frente han abierto muchísimos destinos, pero el mundo es cruel, así como se abren a veces se cierran, y hay que abrir destinos con buenos precios, no es cuestión de vender por vender, porque si se vende a mal precio tampoco sirve. Esos productores arroceros pagan 20 bolsas de arroz por hectárea por el arriendo de la tierra –esto está estipulado– y 10 bolsas de arroz por hectárea por el agua. Es decir, pagan 30 bolsas de arroz por hectárea, que son un montón de kilos. ¿Cómo incide ese costo en el cierre de la cuenta? Yo quiero sentarme a discutir con los arroceros. Pero eso no les pasa a los horticultores de mi barrio, o a los fruticultores, que en este momento tienen el problema de que el invierno fue tibio, la fruta no cuajó y ni el durazno ni la pera ni la ciruela dieron, entonces el Instituto de la Granja, que tiene un fondo, va a tener que trabajar para solucionar el problema. La solución para los fruticultores no es la misma que para los arroceros o para el tambo o para la agricultura de secano. Por eso insistimos en las mesas de trabajo. Se da cuenta de que esto tiene una mesa técnica, no tiene contrafuerte.
DS —Ayer yo noté evidentemente un malestar con el gobierno, pero a medida que avanzaban los discursos ese malestar también era con la clase política, y hubo un gran cuestionamiento a la participación del Estado como socio o como no socio o como alguien que les impedía seguir creciendo y trabajando, que era lo que reclamaban. En un momento la gente empezó a gritar “¡Viva el trabajo, carajo!”. ¿Qué reflexión hace usted, que sabemos que es una senadora que recorre el país, sobre este cuestionamiento en esos tres niveles, primero al gobierno, después a la clase política en general y finalmente al Estado por su intromisión en el libre movimiento de los negocios?
LT —Primero quiero discrepar contigo, clase política no existe, no hay una clase social política.
DS —Bueno, el sistema de partidos, llámele como quiera.
LT —El sistema de partidos. ¿Cómo se organiza una República? Capaz que tenemos que ir a un sistema democrático de autoconvocados, no sé cómo se elegiría un Parlamento. Esa es una discusión de otro orden. Acá hay representantes nacionales, se presentaron un montón de partidos a las elecciones, algunos tuvieron representación parlamentaria y otros no, presentaron sus programas y la gente eligió. ¿Eligió obligada, bajo presión? No, eligió libremente, por suerte en el Uruguay eligió libremente y se obtuvo un resultado que es este gobierno. El gobierno trata de cumplir el programa con el que se comprometió. Entonces, si está cuestionada la organización de la República, de sus palabras deduzco eso, es otro tema.
DS —No, no, no es eso, simplemente cómo se gestiona eso.
LT —Tiene que existir un gobierno y el gobierno tiene que poner normas de convivencia. Las normas de convivencia empiezan con la Constitución, que es un pacto de convivencia, y las leyes, los decretos. Así como yo si tengo un litigio porque mi vecino corrió el alambrado voy a la justicia para que se dirima, obviamente hay normativas. Así como si voy a construir un edificio y la municipalidad me exige un retiro lo tengo que cumplir. Creo que no está por ahí la cuestión.
RA —Creo que Daniel iba más a que estas movidas de los autoconvocados –lo hemos visto en otras partes del mundo también– expresan un malestar general, había cierto tono de indignación en general.
