EC —Pese a que estaban todavía esperando respuesta a esos pedidos de información, ¿igual presentaron el proyecto?
AC —Es que era la forma de darle discusión parlamentaria a esto. Era un tema que estaba en la calle, se sabía que se estaba hablando en comisiones; ahora pedimos para ser recibidos por la Comisión de Adicciones del Parlamento, presentar nuestros motivos, pedimos que nos acompañara el escribano Draper. La idea es charlar un poco. Creo que esto es una gran dosis de sentido común. Si alguien entiende que la solución a esto es el nivel cero, capaz que a otro se le ocurre ir al extremo: si funciona el nivel cero, mejorémoslo y prohibamos la venta de alcohol. Sinceramente, yo soy de una idea de que la libertad es fundamental. Y vemos que hay muchos pasos en los cuales la libertad del individuo está en cuestión, pero no hay que tomar a todos los individuos por burros. Aunque es verdad que los uruguayos somos hijos del rigor, la prueba la tenemos en la rambla, hemos logrado ordenar el tránsito por el solo hecho de colocar cámaras y radares, cosa que ya existe en la mayor parte del mundo.
EC —También se ha ordenado el problema del humo de tabaco en los espacios públicos.
AC —Ese es otro ejemplo de ley; recuerdo que María Julia Muñoz llamó a nuestro despacho y la queja era por qué Flores no controlaba.
EC —Era ministra de Salud Pública.
AC —Era ministra de Salud Pública. Fue una ley que prácticamente funcionó por el autocontrol de la gente, prácticamente no hubo control, salvo un caso, que fue público, en que se puso una sanción en un restaurante en Carrasco. Puedo asegurar que en Flores nunca hubo un control y la ley funcionó. No soy partidario de que el Estado esté controlando todo a cero, y nos parece que aquí había un espacio para mejorar una ley que ha dado resultados positivos, pero que va a traer problemas por los reclamos y que está cometiendo algunas injusticias. Esos casos de los domingos de mañana, de los asados de la noche anterior, ahí el escribano Draper sugiere que se disponga de espirómetros en las farmacias para que aquel que tomó en la noche pueda saber cómo es su metabolismo. Son todas cosas que podemos ir haciendo en el correr del camino.
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EC —Uno de los argumentos que ustedes manejan con el proyecto de ley para que quienes sean detectados en una espirometría con un nivel en sangre de 0,3, 0,2, 0,1 no vean su libreta retirada, sino que tengan una multa, una sanción económica, viene por el lado de la diferencia de proporción con lo que ocurre con otras infracciones: “No parece razonable que, ante un mínimo de alcohol detectado, se aplique la sanción del retiro de la libreta de conducir por un plazo de seis meses; cuando [en] el exceso de velocidad –el cual hace peligrar realmente la seguridad vial– la sanción es pecuniaria”.
La otra lectura es si no habrá que poner el retiro de la libreta para la infracción de exceso de velocidad. Si efectivamente en el exceso de velocidad hay tanto riesgo, ¿no será que es un error que solamente se aplique multa?
AC —Como hablábamos recién, a quien le toca gobernar le toca encarar determinados procedimientos. En el tema sal, en vez de hacer una buena campaña de educación, preferimos sacar los saleros, antes que enseñar donde hay que enseñar. Hay etapas en la vida en que uno aprende mucho más fácilmente. Hay momentos y hay procesos. Si en algún momento hay que recurrir a una medida totalitaria, absoluta o fundamentalista es porque no está funcionando el resto. Yo soy partidario de mantener las libertades, de apostar a la educación, de que la gente actúe por convencimiento y no por obligación, porque los resultados van a ser mucho más sostenibles en el tiempo.
EC —¿No será que hay que agravar la pena para la infracción de exceso de velocidad? ¿Por qué la solución es reducir las sanciones para un caso leve de alcohol en sangre?
AC —Aquí lo que estamos haciendo es proteger la posibilidad de seguir manejando. Tú me hablarás del que salió porque estaba de copas, pero para mucha gente su vehículo es su herramienta de trabajo. Y en esto hemos tenido en Uruguay un cambio brutal. Yo no soy tan viejo y me acuerdo de mis viajes a Flores, que antes duraban cuatro horas y media, cinco horas, no como ahora que duran dos horas, y en el camino los camioneros paraban a tomar una cañita porque era lo que los mantenía despiertos. Ha ido evolucionando, y antes seguro que no eran más seguros los caminos ni las carreteras. Esas cosas se aceptaban como normales, hoy se ha demostrado que hay hábitos que tienen que ir cambiando, entonces vayamos cambiando.
El tema de las sanciones pecuniarias también pasa a ser relativo. Alguien que tenga mucho dinero puede decir: “qué me importa que me multen por andar a tanto, si para mí es un cambio chico”. Pero que te saquen la libreta… Por eso hablamos de la gradualidad. Alguien puede decirnos “la gradualidad ya existe, entre tanto y tanto de nivel la libreta se te saca por tanto tiempo, entre tanto y tanto por tal tiempo”, pero para nosotros el hecho más importante ahí es el retiro de la libreta, no el tiempo por el que se saca la libreta.
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EC —El presidente de la Unasev, Gerardo Barrios, está frontalmente en contra de lo que ustedes proponen. Lo explica de esta forma:
(Audio Gerardo Barrios.)
No compartimos para nada. Pero no nosotros, la evidencia mundial. Lo acabamos de ver en las presentaciones de Naciones Unidas, si uno avanza en controlar un factor de riesgo, lo peor que puede hacer es retroceder. Entonces nosotros no estamos dispuestos a retroceder en lo que significa tomar alcohol y conducir y el ejemplo que nos ha dado la población de entender ese mensaje. Así como no estábamos de acuerdo en que la tasa fuera 0,3, porque se sabe, y los organismos expertos en materia de alcohol y conducción así lo manifiestan, lo publican y lo recomiendan, que una tasa mínima de alcohol es suficiente para incrementar el riesgo de un siniestro de tránsito. Eso se paga y lo pagan otros a veces toda la vida, y eso es lo que hay que evitar.
(Fin audio.)
EC —¿Cómo observa este planteo? Lo que dice el doctor Barrios es que un proyecto como ese va a ser visto como un retroceso, como una marcha atrás.
AC —Con Gerardo es muy difícil hablar de estos temas. Ya tenemos la experiencia de 10 años en el Congreso de Intendentes, si tú no pensás lo que piensa él es muy difícil poder avanzar, y así fueron los líos que hemos tenido y los que sigue teniendo. No dejo de reconocerle su capacidad y el aporte que ha hecho en este tema. Pero no estamos pretendiendo cambiar el nivel de cero, eso no está en discusión, el país decidió avanzar hacia ahí y hacia ahí avanzamos.
EC —¿Qué quiere decir que no están discutiendo el nivel de cero? Lo señala porque para los casos de bajo nivel de alcoholemia igual ustedes entienden que debe haber sanciones.
AC —Está en el proyecto de ley. Decimos que la sanción tiene que ser pecuniaria, por un montón de cosas, hasta por errores de los espirómetros, por esos casos de gente que el sábado de noche tuvo una reunión, no todos metabolizan de la misma forma y al otro día le dio trazas. Esto ha pasado, veamos lo que ha pasado después de las fiestas. Y partamos de la base de que hay situaciones que lamentablemente no vamos a cambiar ni a mejorar ni aunque le apliquemos cadena perpetua al que maneje con espirometría positiva. Lo que sí tenemos que hacer es tratar de usar el sentido común para que la ley funcione de la mejor manera posible. Porque si esta ley no funciona bien, esto es cíclico, cambian los gobiernos y lo que tenemos que tratar de hacer con esto son políticas de Estado, que las cosas no cambien cuando cambian los gobiernos.
EC —Un mensaje que llega desde la audiencia indica que ustedes “son contradictorios, porque mientras tanto piden aumentar las penas para los delitos. Tengan en cuenta los criterios de Unasev, son científicos, rebátanlos con argumentos”, dice Rosano.
AC —No estamos hablando de la seguridad pública y nos podría llevar mucho tiempo explicar nuestra posición en la seguridad pública. Los argumentos los dimos en el momento de la discusión quienes entendíamos que no tenía que ser cero, que tenía que ser mayor, porque también hay ejemplos en el mundo que funcionan mucho mejor que el de Uruguay. Hoy estamos con una ley que está vigente y lo que queremos es tratar de corregir las injusticias que esa ley está cometiendo, porque van a terminar en el TCA. ¿O vamos a esperar, como todas las cosas en este país, que declaren inconstitucional la ley –que no es el caso de esta, no se está recorriendo ese camino– o que empiece a haber reclamos para darnos cuenta de que algo tenemos que hacer?
