EC —Hay varios mensajes que atribuyen este afán recaudatorio a la idea del chip, porque obliga a quienes tienen recursos a pagarlo, pero no está claro qué control va a haber con los perros vagabundos de la ciudad y del campo, y con los perros de barrios de contexto crítico.
JP —Ahí vamos a trabajar socialmente, como ya se hace en otras políticas. Los barrios críticos tienen una tarifa especial de luz, de agua potable, y las intendencias junto con Zoonosis van y hacen castraciones gratis o a bajo costo junto con las ONG que organizan toda la campaña, que están en los barrios. Ahí iremos con el sistema de identificación y le agregaremos un elemento nuevo. Porque para esa población también es una política de inclusión que su perro, que es un elemento muy querido para la familia, esté en el sistema, pueda estar incluido.
EC —¿Usted dice que para los barrios de contexto crítico va a haber precios especiales?
JP —Políticas diferenciadas, gratuitas, especiales.
EC —¿Subsidio del chip?
JP —Claro, como se hace en todas las políticas públicas.
EC —Hoy todavía eso no está implementado.
JP —Todavía no porque estamos sin recursos. Una vez que tengamos los recursos vamos a poder trabajar fuerte acompañando las castraciones que hace Zoonosis, potenciado ese trabajo, trabajando con los veterinarios de la población liberal en este asunto e incorporar el tema de la identificación de la mascota y del registro como una política de inclusión para todos los que sean tenedores y que sean responsables con sus animales.
EC —Hay varias preguntas a propósito de los perros del campo, de los perros de las familias que viven en el campo. ¿Cuántos perros son esos? No se sabe. ¿Se va a exigir también el chipeado de esos perros?
JP —A todo el país. Nosotros estuvimos en Salto, en Salto Ovino por ejemplo, haciendo una exposición sobre este tema. Recibimos muchas preguntas, y de las denuncias que llegan a Cotryba vemos la casuística que hay respecto a la mortandad de animales. Hay de todo, hay jaurías –incluso hay casos en que los productores han abatido esas jaurías–, hay casos de perros de las estancias vecinas. El problema se da entre los propios productores, que no tienen sus animales castrados, que no los tienen controlados en la noche. Hoy en las estancias a veces queda poca gente o quedan un fin de semana sin gente. Entonces esos animales quedan sueltos. Puede pasar que esos animales se alcen atrás de una perra, salgan en jauría y ataquen a los perros del vecino, como pasó en Paysandú hace un mes. Ahí se identificaron los perros, se sabe de quiénes son, se les cobró una multa por tenencia irresponsable a los dueños de los perros, y tuvieron que pagar la demanda civil que se hizo por las ovejas.
O sea, también hay perros de localidades rurales de los propios pobladores de localidades de MEVIR. Por eso queremos que MEVIR nos ayude a trabajar este tema. Son perros que están en una zona ovina y atacan a los ovinos, que son su fuente de trabajo. Es ese pequeño clic que hay que hacer para que la gente se dé cuenta de que si en esos centros poblados de 40 o 50 casas no controlan sus animales, estos atacan su propia fuente de trabajo; después el productor dice “no tengo más ovejas porque estoy cansado de que me las maten”. Hay mucho para trabajar, necesitamos involucrar más instituciones en esto y asumir todos el problema.
EC —Una clave es el control, las inspecciones. ¿Qué recursos tiene la Cotryba para eso? Porque usted ya dijo más temprano que el perro chipeado, visto desde afuera, es un perro cualquiera, luce igual un perro chipeado que un perro no chipeado. ¿Entonces? ¿Cómo se va a controlar?
JP —Primero, no vamos a aumentar el gasto del Estado generando un sistema inspectivo nacional que después es de dudosa eficacia y las cosas no funcionan mucho.
EC —¿Entonces?
JP —La experiencia internacional dice que estas políticas tienen que ser muy territorializadas, a nivel internacional se trabaja mucho con los municipios. Son los propios alcaldes de pequeñas zonas los que llevan adelante estas políticas. Nosotros queremos avanzar hacia eso. Y en los departamentos tenemos las Codetryba (Comisión Departamental de Tenencia Responsable y Bienestar Animal), que integran el jefe de Policía, el director de Salud del departamento, un representante de la Intendencia y el director de Ganadería. Las cuatro instituciones, con sus respectivos equipos inspectivos, que los tienen, vamos a trabajar en este tema, haciendo la sensibilización, haciendo los temas en las escuelas, en las ferias, donde haya gente junta, difundiendo la política. Y también contribuyendo a la fiscalización.
Sobre el tema del chip especialmente, nosotros ni siquiera tenemos estipulado un proceso de sanciones como sí tenemos para las denuncias de maltrato animal, que van desde intimaciones, notificaciones.
EC —Hoy no hay sanciones siquiera.
JP —No están previstas todavía en la normativa. Hemos confiscado animales, hemos prohibido la tenencia de animales a familias y tenemos multas económicas. El proceso sancionatorio para la no identificación de los animales todavía no está siendo objeto de ninguna norma de Cotryba. No existe todavía.
EC —En realidad la fiscalización empieza el 1.º de enero de 2018.
JP —Claro, pero como todo proceso público, tiene un período de sensibilización, de adaptación, de comunicación con la gente. Si un policía comunitario que fue formado y capacitado en tenencia responsable ve un perro en la calle y ve al vecino le puede hacer una recomendación, le puede decir por qué ese perro no puede estar suelto, por qué tiene que estar con correa, por qué no puede molestar al vecino. Le pregunta si lo tiene identificado y le puede decir: “Mire que hay una ley, usted lo tiene que identificar”. Hay todo un proceso.
Cuando era intendente en Paysandú y hubo que aplicar la ley del casco, se le dio un año de plazo a la gente para que comprara el casco, porque decían que era un costo muy grande en aquel momento. Después se trabajó un año en sensibilización, en capacitación, los inspectores paraban a la gente, le explicaban por qué debía usarlo. Y después a los dos años se empezó el proceso de aplicación de multas económicas. Toda política pública requiere de eso, y esta especialmente, porque es un tema nuevo, que necesita la colaboración de toda la población para superar este problema. Tenemos que tener un diálogo. Por supuesto que como institución pública no podemos no tener aplicaciones de sanciones, porque eso la ley lo prevé, tenemos la capacidad de hacerlo y es parte de una política pública. Pero queremos arrancar esto en un ámbito de colaboración, de sensibilización, de educación y de que todos nos ayuden a trabajar para superar este problema. Porque solos no vamos a poder.
EC —Desde el principio de esta charla usted admite que falta mucho todavía.
JP —Obviamente, esto recién empieza, somos una institución muy joven, hace un año que empezamos a tener un funcionamiento.
EC —Hay preguntas a propósito del personal, cuántos cargos nuevos implica la Cotryba, qué implica en materia de gasto, etcétera.
JP —La Cotryba tiene siete funcionarios, que son de llamados internos que hizo el MGAP, o sea que no tenemos funcionarios con un presupuesto de Cotryba. Son siete funcionarios, ocho conmigo. Y ahora tenemos una funcionaria que nos pasó el intendente Osorio que va a trabajar unas horas en Cotryba con nosotros. El MI hace un esfuerzo enorme, porque toda la gestión de las denuncias se hacen a través de la policía en las comisarías, le dedican tiempo y horas, mucho, a la Cotryba también. No tenemos funcionarios, por ahora hemos gastado el presupuesto que tenemos, que es de un millón de pesos por año, en estudios. Estudios para tener información y para poder diseñar políticas públicas que ayuden a superar este problema.
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Transcripción: María Lila Ltaif
