EC —¿Cómo paga el productor?
ES —Se crea un fideicomiso, se emiten los títulos y los bancos –en este caso el BROU y los bancos privados– van recuperando capital e intereses a partir de una retención a las exportaciones. Cada exportación que se realiza de arroz en grano o de subproductos o de arroz en cáscara –arroz sin industrializar– tiene una retención que en los fondos anteriores era de 2 % y en este nuevo fondo va a ser del 3 %, porque todavía no terminamos de pagar el fondo III, que es del año 2013. Eso va volcado a una cuenta del BROU y el BROU lo vuelca a los financiadores. Anteriormente se volcaba al BROU e iba a las AFAP; en este nuevo fondo se vuelca a pagar los intereses primero y la amortización de este préstamo, porque es para para pagar deuda de corto plazo y tomar deuda a largo plazo, a siete años por ejemplo. Y el BROU lo distribuye a los financiadores.
EC —¿Quiénes pueden acceder a estos préstamos del Fondo Arrocero? Dice el artículo 4 de la ley: “Serán beneficiarios del Fondo los productores de arroz en actividad cuya producción sea exportada total o parcialmente, en forma directa o a través de otras firmas. La reglamentación establecerá la participación de cada beneficiario en los beneficios del Fondo en forma proporcional a su participación en la actividad”.
¿Puede explicar esto un poco mejor?
ES —La ley determina quiénes son los beneficiarios de ese dinero. Tienen que ser productores que estén en actividad, que cumplan ciertos requisitos que establecen la ley –lo establece la ley, que fue votada tanto en Diputados como Senadores– y los últimos instrumentos de la Ley de Rendición de Cuentas, que también fueron votados por unanimidad en las dos cámaras y en las dos comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces quien determina quiénes son los beneficiarios es la ley, y después la distribución se determina por decreto del MEF y de MGAP, asesorados por una comisión de contralor que integran ambos ministerios, la gremial de molinos y la ACA. Se determina en base a la producción, a la mejor producción de los tres últimos años o de dos de tres, si tiene continuidad. Se hace una suma y se divide; se suman las toneladas cosechadas por productor el mejor año y se divide por el monto; eso da un x por productor, que se multiplica por las toneladas y es lo que recibe el productor.
EC —Pero el MGAP, como usted acaba de señalar, participa en ese proceso. Por eso se discutió en estos días si era legal o si era ético que el ministro Tabaré Aguerre, que es productor arrocero, fuera beneficiario de estos préstamos. ¿Cuál es su análisis o el análisis que hizo la gremial que usted integra?
ES —Nosotros hemos mantenido que este instrumento, que fue creado en otro momento, se retomó por las condiciones en que estaba el productor arrocero. La iniciativa de este último es pura y exclusivamente de los productores, de la ACA, que hizo los planteos en la Comisión Sectorial del Arroz, que integran siete ministerios y OPP y está dirigida por el subdirector de OPP. Se hicieron los planteos al MEF, al MGAP, y en base a la ley que se mencionó se realizaron los trámites; la institución los realizó frente al BROU primero, y después para buscar el financiamiento, porque el BROU había financiado 100 % el fondo anterior. Eso fue una gestión de los productores.
EC —El punto es el siguiente: Tabaré Aguerre siendo productor arrocero tiene derecho, por la ley, a recibir una parte de estos préstamos. La pregunta era en qué medida puede terminar siendo beneficiado de manera especial por el hecho de que es el propio ministerio el que resuelve cuánto se le asigna a cada productor en materia de préstamo.
ES —Primero, creemos que no es un beneficio, es un préstamo. Un préstamo no es un beneficio porque uno tiene que pagar intereses y capital.
