EC —¿Y con el PI, que ahora, a través del senador Pablo Mieres, está negociando con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ajustes, cambios a la Ley de Inclusión Financiera, con Verónica Alonso y con Fernando Amado, en vez de recorrer el otro camino, el que usted impulsa, de la recolección de firmas para una reforma constitucional?
JL —Es la forma de buscar modificaciones con el gobierno. Porque realmente eventuales modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera son posibles solo por haberse iniciado el camino de recolección de firmas. Si no, el gobierno seguiría duro.
EC —¿Usted mismo no tendría que estar en esas negociaciones? ¿Usted que se posiciona como un hombre de diálogo, un hombre que busca y es capaz de conseguir acuerdos?
JL —Veremos en definitiva qué es lo que puede proponer como modificaciones, porque yo no me opongo a que, si hay modificaciones que puedan apoyarse en el proceso de la Ley de Inclusión Financiera, se desista del otro camino, para no llevar a la constitucionalizarían el tema de la inclusión financiera. No me opongo a recorrer un camino de ese tipo, veremos qué es lo que sucede. Pero este cambio de sintonía del gobierno con respecto a este tema controversial de la Ley de Inclusión Financiera demuestra que son alérgicos a las piedras…
EC —¿Cómo? ¿Alérgicos a las piedras?
JL —Lógico, negocian sobre la base de que advierten que puede desarrollarse un proceso complejo de una eventual reforma constitucional. En función de esas pedradas legítimas –en sentido metafórico lo expreso– que el gobierno recibe es que reacciona.
EC —¿Usted y su sector están recolectando firmas? Usted se pronunció a favor, ¿en qué se traduce en la práctica ese apoyo?
JL —Hemos dicho que estamos dispuestos a firmar, pero también hemos expresado que si en el tiempo por venir hay cambios creo que pueden mejorar ese instrumento.
EC —¿Qué cambios? ¿Cuáles son los cambios que usted reclamaría en este momento?
JL —Eliminar la obligatoriedad compulsiva y otros cambios, se han presentado algunas iniciativas.
EC —Se lo digo teniendo en cuenta los argumentos que el gobierno ha manejado. Por ejemplo, el tema de la libertad, ¿usted comparte el argumento de la libertad que se está esgrimiendo a favor de la recolección de firmas?
JL —Creo que es evidente, no existe libertad en el tema de la inclusión financiera. Es evidente también que se deja al país entero rehén de un proceso en el que ha fallado la infraestructura. Esto es indiscutible, ha sido reconocido por el propio gobierno.
EC —A propósito de eso el gobierno ha dicho que en las localidades pequeñas, donde haya dificultad para acceso a los cajeros, se da tiempo, no se está imponiendo la obligación.
JL —Pero en las pequeñas, y también en las que no son pequeñas, si hay obligatoriedad a la gente se le ha complicado de manera enorme. Y además le pregunto: ¿hay libertad para recibir en efectivo lo que cobra un trabajador? No la hay. Usted me dirá que va y cobra con el plástico, lo que quiera, pero no tiene la libertad de recibir el sobre en mano.
EC —El MEF señala que ahora hay más libertad que antes, porque hasta que la ley se votó el trabajador estaba de hecho obligado por lo que dispusiera la empresa en la que trabajaba sobre cómo cobrar o no. Ahora tiene más opciones, puede elegir en qué institución bancaria o no bancaria cobra su sueldo.
JL —Pero no en efectivo. Si tiene más libertad ahora, ¿por qué la gente reclama?, ¿porque se le antoja? Hay una cantidad de tontos en algunos lugares a los que se les antojó que esta ley perjudica y por eso reclaman. Hay miles de ciudadanos que han firmado y esos miles son gente irracional que está reclamando porque quiere. No, hay que reconocer que el gobierno abre una puerta de negociación fuertemente presionado por una realidad que sabe que se le puede venir encima. Entonces no hay que hacerse el chancho rengo y el distraído frente a los procesos de reclamo. Yo no le pedí a la gente que saliera a firmar, es la gente que salió a firmar. No hagamos de estos procesos una suerte de trivialización de la discusión sobre los contenidos de estos hechos que se dan en la sociedad.
EC —El MEF también alega que el texto de la reforma constitucional que se ha propuesto y que está siendo utilizado para recolectar firmas incluye disposiciones de las que se ha hablado poco y que tendrían consecuencias complicadas. Por ejemplo, consecuencias fuertemente negativas. De aprobarse la reforma en el plebiscito, entre otras cosas, se derogarían la ley de seguro de accidentes de trabajo y otra más reciente que instaló la póliza de automóviles obligatoria. ¿Ha reparado en eso? ¿Cómo observa esos detalles?
JL —No estoy tan seguro de que ello pueda acontecer. Habrá que discutirlo, pero no estoy convencido de que tenga esas consecuencias jurídicas. Sé que hay especialistas en la materia que lo han sostenido, pero hay que analizar más en profundidad el tema. Lo que el gobierno debería hacer es propiciar cambios importantes que le den a este proceso un proceso que incluya a todos, que no nos divida y no nos lleve a un choque de trenes. Porque la gente reclama cuando se agota el proceso de pedirle a un gobierno que tiene mayorías parlamentarias y advertir que la oposición no tiene los votos suficientes para revertir ese tema.
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