EC —¿En la captación de afiliados las mutualistas recurren a la intermediación de personas o de empresas que van en busca de nuevos usuarios?
LGM —La palabra intermediación es una palabra…
EC —… delicada, denigrada.
LGM —Decimos que las instituciones tienen el derecho de hacer conocer las características y la calidad de sus servicios y ayudar a que el usuario tome una decisión informada cuando decida a qué institución se va a afiliar. ¿Pueden promover ante personas la incorporación a su servicio? Pueden hacerlo, en el marco de la libertad de comunicación y de expresión pueden hacerles llegar el ofrecimiento de sus servicios a las personas mediante comunicaciones de distinto tipo, convencionales, publicitarias, etcétera. ¿Pueden además invitarlo a que se haga socio? Pueden hacerlo. Lo que no pueden hacer bajo ningún concepto, ni por sí ni por intermedio de ninguna persona, contratada, funcionaria o empresa tercerizada, es darle un estímulo económico a esa persona para que se incorpore. Eso configura un delito que es la intermediación lucrativa y está absolutamente prohibido, incluso está contemplado en las advertencias y las informaciones a los funcionarios: el hecho de incurrir en este tipo de prácticas los hace pasibles de ser despedidos, pero además van a quedar expuestos a la justicia penal.
EC —Ese delito, el delito de intermediación lucrativa en instituciones de asistencia médica colectiva, es relativamente nuevo, es una ley del año 2002.
RA —Esos encargados de captar afiliados se denominan promotores, en general.
LGM —Se denominan promotores en general.
RA —¿De dónde surgen? ¿Son empleados de la mutualista o son empresas tercerizadas?
LGM —Es variado. En algún caso son callcenters que generan el llamado e invitan a concurrir, en otro caso son funcionarios que van a lugares de concentración, obras en construcción, emprendimientos nuevos e invitan a esos trabajadores, les dicen “usted tiene derecho a afiliarse, yo le ofrezco afiliarse a nuestra mutualista”. En otros casos no son funcionarios propios, sino que las empresas hacen contratos con empresas especializadas, que –acá hay una de las diferencias– antes trabajaban en forma permanente durante todo el año y ahora tienden a concentrarse más bien en estos períodos de movilidad regulada, la llamada apertura del corralito en febrero.
RA —Porque la promoción en realidad la pueden hacer en cualquier momento del año.
LGM —La pueden hacer en cualquier momento del año.
RA —Pero tiende a concentrarse ahí.
LGM —El objeto de la promoción durante todo el año, el público, son las nuevas empresas, los nuevos afiliados. En febrero este año había más de 1.620.000 personas que podían elegir cambiar.
RA —Por lo que dice, la situación debe de ser variada, pero en términos generales, ¿qué acuerdos hacen con la mutualista?
LGM —En este momento la Junasa, que nosotros integramos, acaba de dar un paso muy significativo: por primera vez a fines del año pasado dialogamos con autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), surgió la iniciativa, que nosotros acompañamos, y se les pidió a todas las instituciones que presentaran la nómina de funcionarios y de empresas que trabajan en estas funciones de promoción y todas las instituciones la presentaron. Esta situación ya nos encuentra con algún paso adelante, en el despacho del economista Echevarría están los contratos y las copias de las empresas que hoy están trabajando para todas las instituciones, que creo que son una fuente importante para la investigación que se está desarrollando.
RA —¿Hay algún detalle más específico respecto a cuánto cobran estos intermediarios por cada usuario que captan?
LGM —Es absolutamente variable. En general son funcionarios que desarrollan una acción de tipo comercial, y como es de estilo en general, tienen una remuneración fija y una remuneración variable que está asociada a la cantidad de afiliados. Pero eso es muy variable, conocemos cifras que van desde una cuota de afiliación a dos cuotas de afiliación.
RA —¿Y después se monitorea que el usuario permanezca determinado tiempo en la institución?
LGM —Sabemos que algunos lo hacen, justamente para evitar este tipo de situaciones de ingresos y egresos, aunque eso está muy limitado. Esta modalidad ha ido evolucionando en el tiempo, porque esto no nació ahora, no nació con la reforma, no nació en el 2002, viene desde la época de las afiliaciones a DISSE, en que no siempre los mecanismos fueron totalmente seguros, cristalinos. Por eso ahora estamos planteando separar lo coyuntural, lo delictivo –que tiene que quedar a cargo de la justicia, cuya actuación respaldamos y pedimos a las instituciones que colaboren y lo están haciendo– y a su vez tomar esta situación como una oportunidad para mejorar. Mejorar a partir de un análisis técnico profundo que genere mecanismos que nos permitan asegurar que –cosa que estamos buscando hacia atrás, si fue el responsable, si fueron 31.000 o 25.000 o 500– la semana próxima no va haber alguien haciendo nuevamente lo mismo. Queremos evitar eso.
EC —Romina le preguntaba si se le pone alguna condición al promotor en cuanto a la permanencia del nuevo afiliado en la institución. Parecería lógico hasta desde el punto de vista económico: si la institución le paga al promotor por cada afiliado nuevo que consigue, tendría que pagarle si ese afiliado se quedara efectivamente, no en el caso de que se vaya a los dos meses.
LGM —Parecería que sí. Ahí le tengo que contestar a título personal, a partir de nuestra experiencia en la dirección de una institución hasta hace algún tiempo. En esa institución los funcionarios del área de afiliaciones y de atención al usuario recibían un incentivo por la cantidad de socios, por el trabajo que hacían de contactar, visitar, y allí simplemente era el incentivo por traer el socio. Pero no eran empresas. Estoy hablando del Hospital Evangélico, en ese caso no había empresas tercerizadas. Otras sí las tienen, habría que preguntarles a ellas, nosotros desconocemos esto.
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RA —¿Qué instrucciones les dan las mutualistas a estos promotores para captar nuevos socios? Porque de última terminan siendo la cara visible de la institución para esa persona que se va a afiliar.
LGM —Es muy variable, habría que preguntarle a cada institución. Yo le puedo citar el caso personal. En este caso los funcionarios estaban absolutamente claros de lo que podían y lo que no podían hacer y eran conocedores de las sanciones. Hace pocos días hablamos con algunas de las instituciones que lamentablemente han sido mencionadas en esto –y voy a hablar de una de ellas, el Casmu–, hablamos profundamente con el presidente, que integra nuestra cámara, y él con mucha preocupación nos señaló que todos los funcionarios de su departamento comercial están instruidos y conocen que la sola sospecha o la sola sospecha sostenida de que hay mecanismos ilícitos los lleva inmediatamente al despido, y además se les advirtió que en caso de verse involucrados en situaciones de intermediación lucrativa no iban a ser respaldados jurídicamente por la institución, o sea que hasta ahí llega. Pero, como en todas las situaciones, se parte de la confianza; lo que luego el ser humano en la soledad de una relación individual hace muchas veces escapa a las instituciones.
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