EC —La jueza letrada en lo Penal de 16.º Turno, Julia Staricco, ha dictado varios procesamientos por intermediación lucrativa a partir de la estafa que se detectó. El mecanismo que en general se utilizaba era que algunos de los procesados eran propietarios de varias empresas para las que supuestamente trabajaban personas y por eso esas personas se afiliaban a una mutualista a través del Fonasa. Esas personas en realidad no trabajaban en esas empresas, eran captadas por promotores de quienes recibían unos $ 500 por anotarse. Esos intermediarios, a su vez, recibían de las mutualistas una cifra mayor de dinero por cada afiliado que captaban.
De acuerdo a lo que se sabe hasta el momento, estas empresas “fantasma” eran dadas de baja días antes de que se cumplieran los tres meses, porque luego de ese plazo el BPS da de baja a los trabajadores por los cuales no recibe aportes. Cuando eso sucedía, se abrían nuevas empresas fantasma. Pero antes de ello, por esos tres meses, las mutualistas cobraban las cápitas por los empleados falsos. ¿Algún detalle que usted quiera agregar o corregir?
LGM —Queremos señalar que se corre el riesgo de la generalización. Esto no afecta a las mutualistas, afecta a un grupo inescrupuloso que tiene acciones dolosas, que comete una estafa contra el BPS creando empresas falsas y haciendo que trabajadores que no trabajan en ellas accedan a derechos que no les corresponden. Y esos derechos no son solamente el derecho a la cobertura en salud, también el derecho a la licencia por enfermedad, y se ha señalado –no ha sido confirmado, no sabemos si es así– que algunas de estas personas también habrían tenido acceso a certificación; nos llama mucho la atención que eso suceda. Pero acá se generaron derechos falsos sobre empresas falsas.
EC —Usted remarca que el tema no era solo con el Fonasa, que había otros servicios también involucrados, como licencia por enfermedad y seguro por desempleo.
LGM —Exacto. No creemos que se haya llegado a eso porque implica plazos mayores, pero hubo una generación de derechos falsos para trabajadores apócrifos en empresas que no eran tales. Y esto habría sido promovido y llevado adelante por algunas organizaciones, no sabemos cuántas, que estarían vinculadas a la captación de socios para una, dos o tres mutualistas. No es un tema generalizado, no involucra a todas las instituciones, involucra a algunas pocas, por eso creemos que el tema no se debe generalizar. Somos grandes defensores del funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, somos conscientes de que cuesta mucho encontrar países como Uruguay, con una cobertura de salud del 100 % de la población, con indicadores muy aceptables. Esto es una mancha que queremos limpiar focalizando, identificando y apoyando las sanciones a quienes a nivel de empresa, de personas, de funcionarios o incluso, si se comprobara, de instituciones. Hay que hacer jugar las responsabilidades.
RA —¿Cuándo tomaron conocimiento de estas maniobras que se estaban llevando a cabo?
LGM —Esta maniobra en particular surgió a la luz en las últimas semanas, pero ya a fines del año pasado había preocupación en la Junasa porque acá confluyen otras dos investigaciones en curso, una del MSP, que está en la órbita de Delitos Complejos, y esta otra investigación judicial. Hay varios focos. Y hubo otra investigación por afiliaciones irregulares de pasivos discapacitados. Es un tema que se viene gestando desde hace tiempo. En el tiempo esto tiene muchos años, con distintas formas, con distintos empujes, con distintos procesamientos a lo largo de la historia, el cambio es que acá las instituciones decimos: señores, queremos enfrentar el tema y solucionarlo definitivamente.
RA —En este último caso, dos de los procesados por la jueza Julia Staricco eran empleados del Círculo Católico. Una de estas personas era el verdadero titular de una de las dos empresas promotoras que contrataba esa mutualista para que captaran afiliados, aunque como dueño de la firma figuraba un testaferro. ¿Las mutualistas controlan el modo en que estos intermediarios captan nuevos afiliados? ¿Hacen controles a posteriori del procedimiento?
LGM —Es muy difícil hacer ese control, porque esto se da en la relación de dos personas, una que actúa por delegación de una institución y otra que es un particular. Es un acto que se sustancia en la firma, que tiene que ser en el local de la mutualista, con la presentación de la cédula, y se basa en la confianza. La confianza acá ha sido vulnerada por estas organizaciones.
RA —Allí hay otro punto que se está investigando. Usted dice que la normativa establece que el afiliado tiene que ir personalmente a terminar el trámite en la mutualista, más allá de la intermediación que haga el promotor, y eso aparentemente no se cumplía.
LGM —Por eso creemos que hay que revisar el conjunto de los hechos. Porque en todo este tiempo ha habido interpretaciones y ha habido incluso consultas al BPS que han habilitado a decir que cuando un funcionario concurre al domicilio de una persona está representando a la institución y entonces está habilitado para recibir esa afiliación. Esto es discutible, pero un distinguido abogado de una distinguida institución nos aseguró y nos informó que el BPS ha sido consultado y ha llegado a habilitar este tipo de mecanismos, que no es lo que los textos de la normativa establecen. Pero se hace por extensión, asimilando la situación a la concurrencia del médico que concurre al domicilio del paciente. ¿Es así? Juzgar hacia atrás es muy difícil, queremos generar un acuerdo y decir: a partir de este momento las instituciones estamos de acuerdo en este decálogo de buenas prácticas, esto es lo aceptable y lo que está fuera de acá no es aceptable. Queremos proponérselo al Estado para que lo asuma como propio.
EC —Otro punto de corrección de los procedimientos, se lo planteo mirando hacia atrás. Se sabe que estas “empresas fantasma” que se creaban cerraban poco tiempo después de que se produjera la afiliación y, por lo tanto, el Fonasa dejaba de pagar la cápita correspondiente. ¿Esto no les saltaba a las mutualistas? ¿Las mutualistas no hacen un seguimiento para saber qué fue lo que pasó? Podría pensarse incluso que les convendría el seguimiento para recuperar a esos afiliados que perdieron. Supongamos que es un afiliado real –en este caso no lo eran–: se perdió un afiliado, había entrado hace dos meses, ahora se va, vamos a buscarlo. ¿No hay un seguimiento?
LGM —Es cierto. Nos consta que en muchos casos hay seguimiento activo de las bajas incluso como un elemento de mejora de la calidad; usted que dejó de ser mi afiliado, ¿por qué razón se fue a otra? Desconocemos si [hubo un seguimiento] en este caso, habría que ver si esto pudo ser detectado en la mutualista que aparece afectada. No es habitual que haya afiliaciones de tres meses y que desaparezcan, podría haber llamado la atención.
EC —Pero por lo visto esta gente lo hacía en un volumen importante.
LGM —Sí; de lo del volumen importante no estamos seguros.
EC —Justamente, ¿tienen alguna estimación de cuánto está de por medio acá, de cuál podría haber sido el monto de la estafa?
LGM —Hay que dimensionar esto. El ministro Basso señaló, y tiene razón, que el Seguro Nacional de Salud y el Fonasa cubren 30 millones de cápitas al año, son 2.500.000 cápitas mensuales, es un volumen muy grande, con un porcentaje de altas y bajas que es significativo. Se habló originalmente de 31.000 afiliaciones apócrifas, nosotros desconocemos de dónde salió esa cifra, lo hemos preguntado y se nos ha dicho que tal vez en el marco de alguna investigación, algún funcionario.
EC —La información que circuló fue que en alguno de los allanamientos se había detectado que había un listado de 31.000 cédulas de identidad.
LGM —Exacto. La información que tenemos de ayer de los delegados del BPS en la Junasa habla de que en realidad estamos hablando de menos de 600 personas, con precisión se maneja una cifra de 572 personas. Entre 572 y 31.000 hay una brecha muy grande, en algún lugar intermedio estará la verdad, cuando terminen las investigaciones. Es un número que tenemos que dimensionar. Si en la última apertura de la movilidad regulada se cambiaron prácticamente 55.000 personas, esto es un 1 %. El 99 % se afilió en forma correcta y un 1 % fue objeto activo o pasivo de una maniobra de intermediación lucrativa, lo cual es un problema, no hay que esconderlo, hay que enfrentarlo y asumir las responsabilidades, pero no tiene una dimensión de megaestafa. Me parece que el concepto de megaestafa fue un título de prensa.
