EC —Sí, si los números son los que usted señala ahora, la cosa cambia por completo.
RA —¿Qué estimación tienen de cuánto puede haber significado desde el punto de vista económico?
LGM —Se habló de que esto se daba desde el año 2011, aunque no hay elementos para sostener que es así. Si se trata de la afiliación de 600 personas por un plazo máximo de tres meses, estamos hablando de 1.800, 2.000 cápitas. Igual, cada peso es importante.
EC —El ministro Basso ha dicho que el gobierno va a intentar recuperar el dinero que el Fonasa perdió por esta maniobra. Es un hecho que ese dinero fue a parar a mutualistas y la lectura es: fue dinero ingresado a la caja de las mutualistas de manera ilegítima.
LGM —Con todo el respeto que le tenemos al ministro Basso, que es un hombre que conoce muy bien el funcionamiento del sistema, que ocupó roles gerenciales en algunas instituciones de salud, no queremos polemizar con él a través de la prensa, pero creo que hay dos situaciones diferentes. Las instituciones no incumplieron, las instituciones en general, y aquellas que hayan recibido sin participación activa una afiliación de una empresa apócrifa le otorgaron a ese trabajador los derechos desde el primer día. Y ese trabajador tuvo, aunque no fuera un trabajador real –y la institución no tiene cómo saberlo–, derecho a atenderse. Es más, nos consta que algunas de estas personas recibieron atención, fueron y se atendieron en la institución, la institución les dio la cobertura de salud. Y si esa persona tenía un traumatismo grave, si tenía una enfermedad de cualquier tipo, iba a ir a un CTI e iba a recibir la atención, porque cuando fuera a un hospital de ASSE le iban a decir “no, usted está filiado a la mutualista tal” e iba a ser derivada a esa mutualista, que se iba a encargar. O sea que la institución dio la cobertura.
Esto es una opinión personal. De todas formas, si se demostrara que hay un involucramiento institucional en alguna de estas situaciones, creo que esa institución debería ser sancionada. ¿De qué forma? ¿Devolviendo las cápitas? Hay otras formas sancionatorias. En la Junasa no es inhabitual que se apliquen sanciones a las instituciones, y en muchos casos los delegados de las instituciones las acompañamos porque hay algunas desviaciones en materia de cumplimiento de metas asistenciales, cumplimiento del contrato de gestión. O sea que no es dramático el tema de que las instituciones tengan que devolver y personalmente entiendo que en algún caso habría que devolver.
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RA —Ayer ustedes se reunieron con las autoridades del MSP y les plantearon algunos cambios en el sistema de afiliación para evitar que estos hechos se repitan. ¿En qué consiste la propuesta que presentaron?
LGM —La primera noticia es que prácticamente todas las instituciones del país estamos de acuerdo en que tenemos que ser proactivas si queremos que esto se solucione. No es fácil, son instituciones diversas, no es lo mismo la mutualista de Salto que la mutualista de Rocha que la mutualista de bulevar Artigas y Rivera. Tienen historias diferentes, conformaciones distintas. Pero todas estuvimos de acuerdo en que acá queremos ser propositivos.
Y queremos revisar todo, desde cómo se afilia el trabajador, el momento en el cual adquiere los derechos. Hay algunas sugerencias que dicen que el trabajador ya debe hacer la opción en el momento en que se afilia. Antes era así, lo hacía el BPS.
EC —¿Cómo es eso?
LGM —Anteriormente el BPS era quien hacía las afiliaciones, pero en un momento determinado, justamente por estas situaciones de intermediación lucrativa, se sacó de encima la responsabilidad y se la transfirió a las mutualistas. No resolvió el tema, se lo trasladó a las mutualistas. Antes había promotores en torno a los locales del BPS que captaban a la población en Montevideo y en el interior. La forma que encontró el BPS fue sencilla, les trasladó la responsabilidad de la afiliación a las mutualistas, lo cual hace que en lugar de suceder en un lugar sean múltiples los lugares donde la gente puede afiliarse. Tiene sus ventajas y sus desventajas.
También queremos revisar por qué el usuario mutual tiene derecho a irse a atender a ASSE en cualquier momento, lo cual entendemos que es un buen derecho. Pero no pasa lo mismo con el usuario de ASSE; cuando el trabajador no hace uso de su derecho de afiliarse a una mutualista dentro de los 90 días, automáticamente es asignado de oficio a ASSE y allí queda cautivo hasta que transcurren los tres años de antigüedad. Hay innumerables casos de personas que han concurrido diciendo: “yo no me quiero atender en ASSE –y ojo que ASSE da muy buenos servicios en muchos lugares–, yo me quiero atender en esa mutualista, si a mí me descuentan del Fonasa, pago por mi familia y no tengo derecho”. No tiene derecho porque la ley establece que de la mutualista a ASSE se puede ir en cualquier momento, pero de ASSE a la mutualista, si la persona quedó cautiva, tiene que esperar. Queremos que eso se revise.
Queremos revisar que no sea tan abierto el sistema, que se produzcan afiliaciones irregulares que hacen que un paciente internado en CTI haga opción por incorporarse a una mutualista. O un paciente politraumatizado.
RA —¿Cómo puede ser eso? ¿Se da?
LGM —Se da y lamentablemente se da con frecuencia. En Montevideo, por el volumen, esto pasa más desapercibido. Directamente la mutualista recibe la información de que hay un paciente internado en el CTI de un hospital y tiene que ir a buscarlo porque ese paciente acaba de incorporarse al Fonasa. No hay ningún requerimiento de que la persona lo haga en estado de salud, lo puede hacer en el curso de una situación crítica. En Montevideo pasa más desapercibido por el volumen, pero en el interior, donde todo el mundo se conoce, se sabe que Juan Pérez, como necesitaba tratamiento por una enfermedad importante y que en ese caso en ASSE no podía recibirlo, se puso en planilla en una institución o en una empresa equis y a partir de ese momento adquirió el derecho. Todo el pueblo sabe que esa persona no trabaja, sin embargo el BPS la tiene en su padrón y la mutualista no puede negarse a afiliarla. Y muchas veces sucede que el paciente termina ese tratamiento y vuelve a egresar. Durante ese tiempo la empresa si es apócrifa no hará los aportes, si es real hará los aportes, y con eso de pronto el paciente consume una enormidad de recursos que erosionan la economía de la mutualista. Queremos que también esto se revise.
La publicidad, ¿hasta dónde? La información adecuada, ¿hasta dónde? Las instituciones no queremos resoluciones de escritorio, no queremos que funcionarios resuelvan adónde va cada persona. Queremos que las personas hagan uso de su derecho a la libre elección.
