***
RA —En marzo de este año el Poder Ejecutivo envió un primer proyecto que establecía, entre otras cosas, que el ejercicio de las libertades de trabajo, industria y comercio quedaba sujeto a limitaciones de “interés general” y disponía que los servicios prestados por personas físicas o jurídicas mediante el uso de sistemas informáticos “quedarán sometidos a los controles, autorizaciones, permisos, licencias, registros y otras regulaciones que para la actividad privada establecen las normas”. Este proyecto recibió varias críticas… ¿podemos recordar cuáles fueron las principales?
RG —Peor comienzo no pudo tener este proceso. El Poder Ejecutivo plantea un proyecto que, primero, es inconsulto, se incumple la primera regla de todo lo que tiene ver con internet y con la economía colaborativa, que es consultar a las partes, que son las que más saben y más pueden aportar. Acá se presentó un proyecto sin informar ni a la ANII ni a Agesic (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento), que son organismos de gobierno.
Segundo, es altamente inconveniente. Porque proponía una forma de regulación que consiste en obligar a todo el bloque de la legislación actual en una cantidad de situaciones que no tienen nada que ver con las aplicaciones tecnológicas, se obligaba a que todas las aplicaciones tecnológicas tuvieran una regulación que nada tenía que ver. Por ejemplo, aplicaciones que venden pasajes aéreos; según el proyecto del Poder Ejecutivo, cada aplicación, cada portal para vender pasajes aéreos tenía que tener la misma regulación que una compañía aérea. Un absurdo.
RA —Se confundía intermediario con prestador del servicio.
RG —La aplicación tecnológica, que es un mercado, con el que compraba y el que vendía.
EC —Por ejemplo, ¿qué impacto tenía una norma como esa en Pedidos Ya, que es una aplicación para solicitar comida en casa.
RG —La empresa Pedidos Ya tenía que cumplir con todas las regulaciones bromatológicas de las ciudades donde fuera a facilitar la venta de alimentos. Es un disparate. Confundía lo que hace la aplicación tecnológica con lo que termina facilitando. Esto es muy importante, es no entender de qué estamos hablando, no entender que la aplicación tecnológica es un mercado, una bolsa de valores, que facilita el contacto, pero que después el contacto es entre el proveedor y el consumidor. Igualmente, en muchos casos tiene sus particulares. Por ejemplo, en lo que se ha dado en llamar el Uber financiero.
EC —Hay más de una empresa de ese tipo que está iniciando su actividad en Uruguay.
RG —Está mal dicho, se habla de Uber financiero para referirse a empresas que están operando aplicaciones tecnológicas para el préstamo de dinero. Yo tengo un ahorrito y quiero prestarlo, y aparece en la aplicación tecnológica una cantidad de gente que dice “yo necesito ese dinero”. Estas aplicaciones estarían sustituyendo al prestamista tradicional, pero de una forma mucho sofisticada, porque hay una cantidad de información de que dispone no solo el que va a prestar, también el que va a recibir el dinero. Además es un mercado de muchísimos oferentes y muchísimos demandantes, no se le puede poner a esa aplicación tecnológica la misma regulación que a un banco. Esa es la gran confusión que tenía el proyecto original y que sigue padeciendo el proyecto actual.
RA —Otro aspecto que se cuestionaba en el proyecto original era el artículo 9 de la iniciativa del Poder Ejecutivo, que le permitía al Banco Central, ante la simple denuncia de cualquier organismo público de contralor, bloquear las cuentas bancarias de los presuntos infractores a través de las instituciones que regula.
RG —Ese artículo llevaba a que el proyecto, además de ser inconsulto, inconveniente, inadecuado, también fuera inconstitucional. Pero ahí está una de las claves que traduce la visión que tenía el Poder Ejecutivo cuando mandó este proyecto. El presidente Vázquez podrá decir que no pretendía prohibir, pero con esta norma lo que se hace es restringir o prohibir o eliminar la operativa normal de las aplicaciones tecnológicas. Además de ser antidemocrático, lleva a que muchísimas aplicaciones que pueden estar operando en Uruguay no operen más en Uruguay, nadie se arriesga a entrar en un esquema de bloqueo de cuentas, que no es otra cosa que un embargo, sin el trámite judicial previo. Esto sigue estando en el proyecto actual, lo que demuestra que la visión del gobierno –todavía no lo hemos podido convencer– es restrictiva, prohibitiva y se basa en que estos emprendimientos son pecaminosos.
RA —De todas formas, ante esas críticas la Agesic planteó modificaciones que se están analizando ahora, cuando incluso ya finalizaron las etapas de consulta con distintas gremiales que ustedes convocaron al Paramento. Veamos cómo queda el texto con los cambios que planteó la Agesic.
RG —Sí. En el debate vamos a tener que tener un primer punto, que es definir cuál es la visión de Uruguay sobre el emprendimiento tecnológico, las aplicaciones tecnológicas y la economía digital. Los partidos políticos –porque es una política de Estado– tienen que expresarse acerca de si es bueno o malo para el Uruguay desarrollar esto.
Por ejemplo, el presidente de la Ursec (Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones), nada menos, que tiene una competencia clave en el tema de las telecomunicaciones, internet, etcétera, dice que “estas aplicaciones en lo que innovan es en la forma de eludir impuestos”. Y en otras intervenciones dijo “estoy esperando que me den la orden para bloquear”. Si tendremos que tener cuidado cuando hacemos estas regulaciones, porque hoy quienes deberían ejecutarlas tienen una visión negativa y lo han expresado. Entonces creo que hay que hacer un proceso de convencimiento, y ese es mi primer objetivo. Este proceso de tres meses nos ha ayudado a todos. Han comparecido en el Parlamento referentes del gobierno electrónico, referentes de la investigación y la innovación, como el presidente de la ANII, que ha dicho “por favor, no vayamos a regular en forma restrictiva”. Pero lamentablemente –no lo va a decir tan claro un representante del gobierno– el proyecto del Poder Ejecutivo es restrictivo y es una muy mala señal para el desarrollo de toda la cantidad de emprendedores tecnológicos que tiene el Uruguay, que si Dios quiere van a ser muchos más.
