RA —El artículo 9 es el que hacía referencia a bloquear las cuentas. Permitía que el Banco Central, ante la simple denuncia de cualquier organismo de contralor, bloqueara, a través de las instituciones que regula, las cuentas bancarias de los presuntos infractores.
EC —Ahora, en el proyecto de la Agesic se indica que ante una irregularidad se debe informar al Banco Central y a la justicia antes de proceder a la clausura de una cuenta.
RG —No precisamente. Habla de un debido proceso en vía administrativa y que después de bloquear la cuenta se le comunicaría al Poder Judicial para que actúe. Eso en nuestro régimen de derecho es claramente violatorio de la Constitución.
EC —¿Incluso la variante? Usted está refiriéndose ahora a la variante de Agesic.
RG —Sí, era demasiado grosero y no había constitucionalista de ningún color que no dijera que era una barbaridad.
EC —¿Ahora qué es lo que se cambia?
RG —Se incluye que va a haber un debido proceso, pero no judicial, en vía administrativa. Se quiere decir que va a haber un debido proceso antes de bloquear las cuentas. Pero en nuestro país para poder embargar una cuenta tiene que haber un proceso judicial con las debidas garantías de que no va a ser el propio Poder Ejecutivo que por sí pueda embargar una cuenta. Eso viola además el principio de separación de poderes, es claramente antidemocrático. Pero lo más grave no son sus consecuencias prácticas cuando se vaya a aplicar, es que hoy se les está diciendo a todos los operadores y a los emprendedores tecnológicos: “el Estado tiene una visión negativa de ustedes, al punto de que está poniendo facultades de policía y de bloquear cuentas y de embargar cuentas porque su operativa en algún caso puede resultar negativa”. Eso es claramente una señal de una visión negativa hacia estas aplicaciones.
RA —Lo de la señal queda claro. Ahora lo que falta saber es cómo atacar algunos aspectos que quedan planteados con este tipo de aplicaciones. Si vamos a los casos concretos, cómo les cobramos impuestos o cómo evitamos que haya competencia desleal. Usted señalaba que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia había desestimado un recurso de la patronal del taxi, sin embargo es cierto que hoy los taxistas tienen que pagar US$ 100.000 para acceder a una chapa, que tienen barreras para acceder.
RG —Todo actor económico que tenga renta y todo aquel que tenga una relación laboral y una actividad laboral tienen que cumplir con su pago de impuestos, sus aspectos tributarios y sus temas laborales y de seguridad social. Eso no está en discusión. Eso ya se puede aplicar, la DGI puede cobrar sus impuestos. Si un trabajador o alguien que esté participando en una relación de dependencia siente que tiene para reclamar rubros laborales o que están siendo vulnerados sus derechos como trabajador, hoy puede ir a la justicia y la justicia va a obrar en consecuencia. Pero como decía uno de los que visitaron el Parlamento, “no podemos tirar un misil para cazar una liebre”. Estos problemas pueden existir, por ejemplo en el tema del taxi por supuesto que Uber tiene que pagar renta, y si la justicia entiende que los choferes de Uber son trabajadores, tendrán que tener todos los derechos laborales.
Pero la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia nos está diciendo también, a los legisladores y al Poder Ejecutivo: señores, pregúntense si no están superregulados, si no tienen barreras a la entrada. ¿Por qué la chapa vale US$ 100.000? Nos está advirtiendo de que ahí puede haber sobrerregulación.
RA —Va a los cambios en los métodos tradicionales.
RG —Pero no para poner sino para sacar lo que ya está. Es muy importate lo que esta comisión nos dice: ojo con estos sectores, no transformemos todo en superregularlos, en hiperregularlos, como están ahora. ¿No será que tanto el sector transporte como el sector inmobiliario están superregulados y acá tenemos la oportunidad de ir a menos regulación y que la competencia más limpia y transparente venga por sacar regulaciones y no por ponerlas?
