Entrevista con el senador Marcos Otheguy (FA), presidente de la comisión investigadora de Ancap.
EN PERSPECTIVA
Viernes 19.02.2016, hora 8.13
EMILIANO COTELO (EC) —En las últimas semanas, mientras todos los partidos preparaban sus informes finales sobre la comisión investigadora de Ancap, el Frente Amplio (FA) se vio forzado a entrar en una negociación interna para contemplar las distintas visiones sobre el origen de las pérdidas de la empresa.
Finalmente, en el informe que se presentó el miércoles en el Senado, el oficialismo admitió una “discordia parcial”. Eso sí, todos los sectores coincidieron en que “no se verificaron ni actos ni hechos ‘irregulares’ ni ‘ilícitos’ imputables al directorio de Ancap”.
La oposición, en cambio, concluyó que hubo una larga lista de irregularidades e ilicitudes e incluso enumeró algunos hechos con “presunción de delito” que van a ser derivados a la Justicia penal.
El miércoles y el jueves abordamos, en entrevistas aquí en En Perspectiva, estos hechos, los documentos, el debate con los senadores Álvaro Delgado, del Partido Nacional (PN), y Pedro Bordaberry, del Partido Colorado (PC). Hoy es el turno de ver qué deja la comisión investigadora al FA. Para eso recibimos al senador Marcos Otheguy, del sector Compromiso Frenteamplista, que lidera Raúl Sendic, quien presidió la comisión.
Para empezar, una pregunta general: ¿cómo se entiende un contraste tan grande entre la conclusión del FA y la conclusión de los partidos de la oposición?
MARCOS OTHEGUY (MO) —Eso puede tener diversas explicaciones. Lo primero es que antes de comenzar la investigadora, o ya iniciada, algunos sectores de la oposición ya decían que había ilícitos. Por lo tanto antes de investigar ya se presumía que había probables ilícitos en el funcionamiento de Ancap.
Segundo, después de todos estos meses de trabajo y de dedicarnos a lo que una comisión investigadora mandata al Senado, la comisión investigadora tiene que establecer con fundamentos, con precisión, la existencia de irregularidades o ilícitos en el funcionamiento de Ancap. No era el cometido de la investigadora parlamentaria pronunciarse sobre la gestión de Ancap. De ese análisis nosotros concluimos que no se puede fundamentar con precisión la existencia de presuntos ilícitos o irregularidades. También definiendo lo que es irregular.
EC —Ahí termina habiendo una discusión semántica entre oficialismo y oposición.
MO —Semántica y conceptual también. Si uno parte de una definición de irregularidad amplísima, prácticamente todos los hechos pueden llegar a ser presuntamente irregulares. Nosotros tomamos la definición de irregularidad como la existencia de cohecho, malversación o desfalco. Partiendo de esa definición y analizando toda la documentación a la cual pudimos acceder, analizando todas las entrevistas, concluimos que no se puede fundamentar la existencia de irregularidades o ilícitos.
Es más, la propia ley de comisiones investigadoras parlamentarias –que sin duda hay que modificar, en eso coincidimos con el senador Bordaberry, porque es una ley que se desmembró, que se descuartizó; fue una ley que se votó en el 92 o en el 93, y el presidente, que en ese momento era Lacalle, vetó un montón de artículos, por lo tanto quedó bastante inconexa en muchos aspectos– dice que no solo se tiene que fundamentar y explicitar cuál es el presunto ilícito, y por lo tanto hay que presentar en la denuncia el presunto ilícito que se comete, sino el funcionario que lo comete. Este extremo de identificar cuál es el funcionario que posiblemente comete irregularidad –lo que después habilita un proceso que la propia ley coloca, que es que el imputado tiene 20 días para establecer los descargos– no se da en ninguna de las denuncias que presentan los partidos de la oposición.
EC —Usted manejaba recién una definición de irregularidad. ¿La puede repetir?
MO —La existencia de malversación, cohecho o desfalco.
EC —Tanto el PN como el PC manejan otra que es más amplia: lo que va fuera de la regla, contrario a la regla. En particular, cuando la regla con la que se da el conflicto es de derecho, lo que ocurre se conoce como ilegitimidad. Por lo tanto, para el PN el concepto de irregularidad abarca: ilegitimidad (el problema con leyes), pero también mal administración y arbitrariedad.
MO —No compartimos ese concepto, es un concepto tan amplio que todos los ciudadanos de este país estamos cometiendo permanentemente actos irregulares o violatorios de las normas y eso no nos lleva a hacer comisiones investigadoras parlamentarias. Usted se pasa un cartel de Ceda el Paso y está violando una norma, es un acto irregular en función de esa definición. El Parlamento tiene que ser mucho más preciso, tiene que ser cualitativamente mucho más claro en cuanto a qué amerita la conformación de una investigadora parlamentaria. Si no, podríamos estar analizando desde al portero de Ancap hasta al directorio.
EC —Está bien, pero creo que la otra concepción apunta a que el funcionamiento de una empresa pública, en este caso, tiene un marco que lo rige. Y si se trasgreden disposiciones de ese marco, sin llegar al delito, igual estamos ante problemas, por ejemplo desórdenes, desprolijidades, caos.
MO —Eso está dentro del ámbito de lo opinable. A nosotros nos parece que una investigadora parlamentaria, en la que el Senado de la República se dedica durante meses a analizar este tipo de situaciones y establece conclusiones, tiene que ir a temas realmente profundos, en los que hay una presunción clara de que se está cometiendo un ilícito y de que se están cometiendo irregularidades importantes. Ese fue el enfoque que la bancada del FA tomó y sobre esa base analizamos toda la documentación y todas las entrevistas de estos meses.
EC —Si no se verificaron ni actos ni hechos irregulares, ni ilícitos imputables al directorio de Ancap, ¿cómo se entiende que el Poder Ejecutivo haya instalado una comisión de acompañamiento en la empresa, que está instrumentando cambios y reformas, y además tenga resuelto renovar los cargos de los directores de Ancap que pertenecen al FA y de gerentes?
MO —Dos precisiones con respecto a esto. La primera, uno no dice que no hay hechos irregulares en el funcionamiento de Ancap; el propio informe del FA, sobre la base de las denuncias presentadas, establece en algún caso hechos irregulares. Lo que decimos es que esos hechos fueron sustanciados por el directorio de Ancap y hay un proceso administrativo, por lo tanto se actuó como había que actuar.
El ejemplo más claro es el tema de los cheques de Pluna. Ahí hay una irregularidad, no negamos que hubo una irregularidad en que Ancap aceptara cheques de Pluna a mayor plazo que el que el contrato establecía. Decimos que hubo una acción administrativa correctiva, la que correspondía, que era iniciar una investigación administrativa, sancionar a los funcionarios involucrados y pasar los antecedentes a la Justicia. Porque otra de las cosas que se dicen es que se va a llevar el tema de los cheques de Pluna a la Justicia y eso ya lo llevó Ancap oportunamente.
Segunda precisión. Los cambios que el Gobierno está haciendo tienen que ver, desde nuestro punto de vista, mucho más con el futuro de la empresa que con el pasado. Los desafíos que tiene Ancap hoy no son los que tuvo en los últimos diez años. En el año 2005, cuando el Gobierno del FA llega a Ancap, era una empresa paralizada, en la que en los últimos 30 años se habían invertido nada más que US$ 125 millones. Las últimas grandes inversiones de Ancap –la boya de José Ignacio, el gasoducto– eran de la década del 70. Eso llevó a que en diez años hubiera que invertir US$ 1.300 millones.
Las necesidades de Ancap hacia el futuro no son esas. Ancap no necesita invertir en los próximos diez años US$ 1.300 millones, tiene otros desafíos; probablemente sí de optimización y mejoramiento de muchas de las áreas de negocios, de redefinir algunas áreas de negocios, y tiene por delante la posible explotación petrolera.
Creo que el Gobierno entiende que para los desafíos futuros Ancap necesita otro elenco. Es una decisión del presidente de la República.
EC —¿No hay implícito un cuestionamiento a la forma como ese elenco se comportó en los últimos años?
MO —No es la interpretación que nosotros hacemos. Entre otras cosas, sería imposible, ya que la mayoría del directorio no se desempeñó estos últimos años. Tres de los directores del actual directorio de Ancap son nuevos, por lo tanto no puede haber ningún tipo de análisis relativo a lo que pasó estos últimos años.
EC —Menciono un par de puntos más de lo que el Poder Ejecutivo está resolviendo o impulsando. Acaba de nombrarse un gerente económico-financiero, un cargo que no estaba cubierto desde diciembre de 2012. En estas discusiones muchos han coincidido –ni que hablar la oposición, pero también en el oficialismo– en que era esa falta era un problema que incidió en los defectos que tuvo la política de endeudamiento de Ancap.
MO —Son decisiones necesarias, que compartimos, tanto la que refiere al gerente financiero como la que refiere a un gerente general para Ancap.
EC —La semana pasada se abrió un llamado para designar al gerente general, un cargo clave que en su momento se había dispuesto –en el primer Gobierno de Tabaré Vázquez– que no se cubriera.
MO —Se optó por otro diseño organizacional. En lo personal creo que es una buena decisión nombrar un gerente financiero y un gerente general para la empresa. No es cierto es que Ancap no tuviera gerente financiero; si bien formalmente en la estructura organizacional de la empresa no había el cargo gerente financiero, durante estos diez años, en distintos períodos, cumplieron esa función algunos gerentes de Ancap, gente de la gerencia contable. Los que citamos concurrieron a la investigadora –está en actas– y dieron cuenta de su función.
EC —¿Entonces para usted no hay cuestionamientos implícitos a la forma como se manejó la empresa en los últimos años en el hecho de que ahora se nombre un gerente económico-financiero y que se vaya a cubrir el cargo de gerente general?
MO —Creo que hay un balance, no sé si hay un cuestionamiento. Aparte es un atrevimiento, no sé qué está evaluando el presidente de la República, no sé qué está evaluando la ministra de Industria. Claramente no es nuestra competencia como parlamentarios meternos en los temas de análisis y de gestión que son propios del Poder Ejecutivo. Creo que hay una evaluación de lo hecho en Ancap y sobre todo una definición de las necesidades de la empresa hacia delante y eso está llevando a tomar esas decisiones.
