EC —¿Entonces? ¿Qué es lo que lo preocupa ahora?
OP —Quiero saber, a partir de esa evolución, en qué concluye el gobierno y, a partir de sus conclusiones, de la caracterización que haga del régimen venezolano actual, qué acciones piensa tomar.
EC —Usted dijo en declaraciones a la prensa que espera que el canciller “nos diga que el Poder Ejecutivo se ha convencido de que estamos ante una dictadura con parches seudodemocráticos y que no pretenda convencernos de que estamos ante una democracia con problemas”.
OP —Exactamente.
EC —¿Eso es lo que busca, que el canciller Nin Novoa lleve al Parlamento esa definición, una dictadura con parches seudodemocráticos?
OP —Puedo prescindir de lo de los parches, pero que me diga que es una dictadura. A partir de ahí nos tendrá que decir cómo va a actuar Uruguay si en el seno del Mercosur se propone la exclusión de Venezuela o si en la Asamblea General de la OEA se propone la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) y la suspensión de Venezuela de la OEA.
EC —¿Es fundamental que el canciller use la palabra dictadura?
OP —A mi juicio, sí. Si utiliza algún eufemismo, como régimen de facto, veremos. Pero me parece muy importante esto, por lo que implica en cuanto a acciones futuras en el marco de esos organismos, pero además desde el punto de vista de la sociedad uruguaya. Cuando discutimos política exterior se ha dicho –y yo comparto– que discutimos lo que pasa acá adentro, los valores, los criterios, los principios que manejamos acá adentro. Yo noto que hay fuerzas políticas y sociales importantes que les están diciendo a la juventud uruguaya y a vastos sectores de la población del Uruguay que se puede no respetar una elección, que se puede ignorar un Parlamento elegido por el pueblo, que se puede tener un Poder Judicial subordinado al Poder Ejecutivo, instrumento del Poder Ejecutivo, que se puede proscribir a dirigentes políticos, que se puede mandar a prisión a otros dirigentes políticos, y que todo eso sigue siendo democracia.
Ese debate tenemos que darlo. Yo creo que no es así y que si no hay libertades públicas, respeto por la voluntad popular, poderes separados, etcétera, no hay democracia. No podemos generar el equívoco, porque esos equívocos a este país le han hecho muchísimo daño. Y cuando nos preocupamos todos por la cultura cívica, por la formación de las nuevas generaciones, por los valores en ciernes en la sociedad uruguaya, cuando nos alarmamos porque vemos que en Latinobarómetro el aprecio de la población del Uruguay por los valores democráticos va decayendo, tenemos que tener estas cosas claras.
Si algunos piensan que está bien la dictadura con signo progresista, pues que lo digan y que se hagan cargo. Pero que no entreveren la baraja diciéndonos que eso es democracia, y que no venga el gobierno del Uruguay a tener dudas sobre estos temas. Yo quiero que esto lo aclaremos. ¿El gobierno dice que esto es democracia, una democracia autoritaria, como dijo Nin el año pasado? ¿O se convenció de que ya no es democracia? Ese es el tema central, a mi juicio. Después vienen las consecuencias.
EC —Puede pasar que Nin satisfaga o no esa aspiración suya, ya veremos qué consecuencias puede tener. Pero supongamos que sí, que el ministro de Relaciones Exteriores va al Parlamento con un diagnóstico sumamente crítico sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, sobre un quiebre institucional, palabras más, palabras menos, una dictadura. ¿Qué entiende usted que debe hacer el gobierno uruguayo? ¿Qué acciones debe llevar adelante?
OP —Estimo que cuando la discusión se plantee en la Unasur o en el Mercosur hay que actuar en consecuencia, y si alguien dice “acá tenemos un Protocolo de Ushuaia en el Mercosur que prevé la exclusión de quienes no actúen respetando las normas democráticas, de quienes hayan caído en situación de ruptura institucional”, espero que el gobierno uruguayo acompañe posiciones en ese sentido. No pretendo decirle exactamente “tiene que votar esto o aquello, tiene que proponer tal cosa”, porque el gobierno conduce las relaciones exteriores, necesita un margen de acción para adaptarse a las circunstancias. Eso no está en discusión, nadie pretende hacer política exterior desde el Parlamento. Pero pretendemos sí establecer ahí los criterios generales que después el canciller tendrá que administrar.
EC —¿Hay que suspender a Venezuela del Mercosur, de la Unasur, de la OEA?
OP —Creo que de la OEA sí, claramente. Uno lee la CDI y ve que están dadas las bases para suspenderla allí. Esa es la discusión que está por delante en el marco de la Asamblea General, se va a discutir el informe de Almagro. Ahora parece que Almagro es agente del imperialismo, instrumento de la CIA… ¡Fue canciller del Frente Amplio (FA) cinco años, lo defendieron a capa y espada, colaboraron con él plenamente! Pienso en alguna figura que fue hasta subsecretario, como Roberto Conde, y ahora resulta que Almagro, porque condena a Maduro, es de lo último. Me resulta inaceptable todo esto. Creo que hay que discutir seriamente su informe a la luz de los hechos posteriores. Y luego me parece que la conclusión cae por su peso.
EC —Activar la CDI no necesariamente implica expulsar o suspender, hay todo un proceso.
OP —Hay un proceso, y puede concluir en la suspensión. Usted me dirá que eso tiene un alcance simbólico, que es un gesto.
EC —No solo eso, hay quienes sostienen que sacar a Venezuela de la OEA no colaboraría con la mejora de la situación que se vive en ese país, más bien agravaría las cosas.
OP —Es bien interesante eso. Creo que no, creo que eso por un lado aumenta la presión internacional sobre el régimen de Maduro, lo deslegitima internacionalmente, y además envía un mensaje de aliento a la oposición venezolana. Esos mensajes que tanto nos gustaba recibir acá cuando había dictadura en el Uruguay, cada vez que algún gobernante extranjero emitía una señal reconociendo eso y alentando la recuperación democrática nos entraba viento en la camiseta. En función de que se ha valorado la importancia que tiene el apoyo internacional para el restablecimiento de las democracias, ha habido toda una evolución en la política y en el derecho internacional, particularmente en el americano.
Hemos pasado de aquella interpretación estricta y rigurosa del principio de no intervención, que hace 50 o 60 años entendía que no permitía decir nada, aunque masacraran a una población, si la masacre la hacía el gobierno de esa propia población, al régimen actual, en el que tenemos todas estas cláusulas que estamos mencionando, estos instrumentos, como la CDI, el Protocolo de Ushuaia, tenemos un sistema interamericano de protección de los derechos humanos, con la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces los que ahora dicen que la presión no va a servir para nada, al contrario, que va a aislar a Venezuela, va a perjudicar a su pueblo, va a hacer retroceder la situación, ¿qué están diciendo?, ¿que todo esto de lo que se ha venido hablando, de lo que tanto ha hablado además el FA, es todo blablablá y papel pintado, que no tiene ningún valor y que haríamos mejor en retrotraernos 50 años para evitar lo que los comunistas llaman hoy, como siempre han llamado, “injerencismo”?
