Entrevista con el contador Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública.
EN PERSPECTIVA
Viernes 22.09.2017, hora 8.24
EMILIANO COTELO (EC) —El sábado pasado, una semana después haber dejado el cargo de vicepresidente, Raúl Sendic prometió “arrancar de nuevo” y encabezar la lista al Senado de su sector para las elecciones de 2019. Cuatro días más tarde su situación se volvió un poco más comprometida. Además del informe lapidario del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que fue determinante para su dimisión, carga ahora con otro dictamen en su contra.
Este miércoles, la Junta de Trasparencia y Ética Pública (JUTEP) dio a conocer los resultados de una investigación que buscó determinar si Sendic y los otros directores de Ancap se apartaron de las normas de conducta exigidas para los funcionarios públicos al utilizar las tarjetas corporativas de la empresa.
En el caso del exvicepresidente, la JUTEP concluyó que incurrió en “violaciones de normas de administración de fondos públicos en lo referente a probidad, rectitud, legalidad, implicancias, buena administración, rendición de cuentas y prohibición de uso indebido de fondos”. El informe es muy detallista en el análisis de las conductas y además luce riguroso con la falta de controles de Ancap sobre sus tarjetas corporativas.
¿Qué consecuencias puede tener esta resolución?
Vamos a conversarlo con el presidente de la JUTEP, Ricardo Gil Iribarne.
El informe tiene 16 páginas y es muy minucioso. ¿Existen antecedentes de un dictamen de esta profundidad surgido de la JUTEP?
RICARDO GIL IRIBARNE (RGI) —Que yo sepa, no. Antes que lo de la profundidad, es un informe que surge a partir de una decisión que la Junta toma de oficio. Eso sí es absolutamente novedoso.
EC —Sí, están esas dos singularidades.
RGI —Por otro lado, es el informe que redacta el directorio actual, que tiene, como cualquier órgano, su técnica de redacción, su técnica de análisis. Creo que esto responde a una forma de encarar que es propia de este directorio, que esperamos que se mantenga. Tratamos además de ser rigurosos, detallistas, de anticiparnos a las dudas, a las posibilidades de que se atribuyeran intenciones que no tenemos. Fue y sigue siendo un tema muy polémico, un tema politizado, un tema mediático, entonces quisimos marcar que había un estudio que intentaba ser serio, independiente, imparcial, sin prejuicios, y eso hay que volcarlo en el texto.
EC —Parece claro que este caso marca el comienzo de una nueva era en la JUTEP, que hasta ahora jugaba un papel más bien burocrático, más bien pasivo…
RGI —Lo hablamos cuando estuve acá la última vez. Es así, sin duda.
EC —Esa es la decisión de ustedes como autoridades. Y por lo visto tiene aval de sus superiores, del gobierno.
RGI —Nosotros no necesitamos aval, somos un organismo independiente, autónomo técnicamente, no lo consultamos antes y nadie nos ha hecho ninguna objeción, ni sugerencia, ni pregunta. Lo cual es muy bueno para nosotros.
EC —Yo decía que, leyendo el texto, llama la atención lo exigentes que ustedes fueron con Ancap. No les conformó la respuesta en tres oportunidades, forzaron de cierta manera que se hiciera una búsqueda exhaustiva de comprobantes que no aparecían y que terminaron siendo entregados después de la insistencia de la JUTEP. ¿Cómo evalúa en general las respuestas de Ancap? Es notorio que hubo dificultades para llevar a cabo el trabajo que ustedes le pedían.
RGI —Sí, hubo dificultades que en parte entendemos. Ancap es una empresa que tiene que funcionar, que tiene su rol comercial, que tiene sus obligaciones, que en este tema estuvo muy expuesta y con requerimientos de muchos lados. En el primer informe que le solicitamos ni siquiera fijamos un plazo ni estimado ni sugerido, y la respuesta fue la respuesta a lo que le preguntamos, no le pedimos detalles, sino que le preguntamos cómo funcionaba el sistema y si ellos tenían información que era clave. Por ejemplo, si alguien podía usar la tarjeta corporativa para fines personales. Ancap nos contesta que no, que eso no lo controlaban. Entonces hacemos un segundo pedido de informe en el que decimos: “Si ustedes no lo controlan, lo vamos a tener que hacer nosotros; entréguennos los resúmenes de cuenta y los comprobantes que la reglamentación que ustedes nos mandan dice que los directores tenían que presentar”.
