RA —Le preguntaba por qué la decisión de los reaforos.
EA —Porque había grandes inequidades. Tenemos un sistema de control, que se llama GIS, que es muy moderno y que permite recorrer calle por calle viendo las fachadas de las casas. Con un aporte satelital moderno uno puede ver qué hay atrás de esa casa, si tiene una piscina, etcétera. Se recorrió toda la costa de José Ignacio a Playa Verde, a Solís, se revisaron 17.000 padrones de los 150.000 que tiene la Intendencia y sobre esos se aplicó un ajuste porque pagaban el mínimo y de pronto estaban en la primera fila frente al mar. Había varias casas en José Ignacio sobre las rocas del mar que pagaban $ 5.000 por año. Y lo mismo pasaba en Punta Colorada, Playa Verde, Playa Hermosa. En primera fila y segunda fila de la costa se hizo una revisión para ajustar en algo, eran terrenos de mucho valor, con casas muy buenas y pagaban muy poquito; de pronto lo que pagaban por año lo sacaban en dos días de alquiler.
Ese fue el ajuste. Además el resultado práctico es que pagaron más padrones este año que el año pasado en todo el departamento y en esas zonas también. No hubo ninguna retracción al pago, lo cual es una manera de reconocer: está bien, nos aumentaron 200 % –como decía la manija política–, un 300 %, pero es justo; tengo una casa en Punta Colorada. Allí $ 14.000, $ 15.000 es lo razonable y así fue. Incluso abrimos cuatro ventanillas para que aquellos vecinos que se sintieran perjudicados pudieran analizar su caso, y de 2.000 llamadas telefónicas o presencias en esas ventanillas solamente hubo errores en unas 240 situaciones, que se corrigieron.
Creo que fue un trabajo hecho con mucha seriedad por el Departamento de Hacienda y por Catastro de la Intendencia. Se demostró que era más una interpelación política para tratar de dejar sentado que el gobierno departamental no estaba con los más pobres.
RA —Esos fueron los argumentos que utilizó el FA. Por ejemplo, durante su intervención en el llamado a sala, el edil frenteamplista Leonardo Delgado dijo que “el gobierno del Partido Nacional castiga a los trabajadores y trabajadoras de Maldonado y no castiga a los grandes capitales, lo que ha quedado establecido en la exoneración de algunos impuestos a los que más tienen, castigando así a los sectores más vulnerables, a los barrios periféricos de las distintas localidades”. Incluso citó algunos casos: “Fíjese que un vecino de San Carlos nos decía: ‘Vivo a ocho cuadras de la plaza y el año pasado pagué $ 4.000 de contribución inmobiliaria y ahora tengo que pagar $ 14.700’. Y en Piriápolis un vecino que vive a 15 cuadras de la playa el año pasado pagó $ 7.000 de contribución inmobiliaria, ahora debió pagar $ 10.000, un 40 % de aumento, y le aparecieron $ 450 además de cámara de videovigilancia, que no tiene”.
EA —Primero, eso no es cierto, fue demostrado en la Junta Departamental. Nunca nos dieron los números de esos padrones, él hablaba de planillas pero nunca pudo mostrar el número de padrón. Además en San Carlos no hubo reaforo, así que es mentira. Y a ocho cuadras de la costa tampoco hubo reaforo. Él se manejó con alguna planilla de alguien que pagando el mínimo, por supuesto, tuvo un incremento porque regularizó su vivienda, por ejemplo, hizo el final de obra. Todos los años aparecen viviendas regularizadas que pasan a pagar un valor lógico. El reaforo solamente se hizo en la costa. Insistían con esa línea, y mire que en Maldonado paga más el que más tiene; Maldonado, Punta del Este y la Barra, Manantiales y José Ignacio pagan más del 70 % del presupuesto departamental.
Y en el caso de aquellos que no tienen, que tienen dificultades, por un lado hay un grupo muy grande de gente que no tiene y que no paga, que son los asalariados, la gente que no tiene propiedad. Esa gente también disfruta los servicios de la Intendencia, se le dan toda clase de apoyos y de trabajos en las áreas cultural, social, deportiva, circulan por calles con luz, se les levanta la basura. Pagan los que tienen algo en propiedad.
Por otro lado tenemos algo en este presupuesto que da exoneraciones bien importantes a aquellos que realmente no tienen, jubilados, pensionistas que reciben pensiones de escaso valor, padres que tienen chicos con discapacidad, casos de indigencia. El año pasado dimos más de 2.000 exoneraciones considerando casos de estas características. Se presentan a la Intendencia, el presupuesto nos protege en ese sentido, mandamos a la asistente social y mantenemos y renovamos exoneraciones. Es algo que se tiene que hacer año a año para hacer justicia.
EC —Durante el llamado a sala usted anunció que se hará un reaforo “casa a casa” en todo el departamento. ¿Quiere decir que habrá un segundo reaforo, entonces?
EA —Claro, porque esto fue un ajuste sin visita de casas, fue por medios tecnológicos. Lo que vamos a hacer ahora estaba previsto incluso por el gobierno anterior, hubo una contratación técnica que recomendó hacer un reaforo. El gobierno anterior del FA dejó un trabajo armado, que nunca llevó a cabo, que indica que hay que hacer un reaforo para ir a la justicia. Acá lo que se consideró básicamente fueron los valores de los terrenos, pero de pronto arriba de esos terrenos hay construcciones muy valiosas. Se está armando un equipo técnico, se están tomando las previsiones de asesoramiento necesarias con la Universidad de la República y con otras experiencias que hay en el Uruguay, para recorrer casa por casa todos los barrios del departamento. Es una tarea que va a llevar tres o cuatro años, por lo menos tres años.
RA —¿No se debería haber hecho antes ese reaforo casa por casa? Porque de alguna manera están reconociendo que puede haber habido errores.
EA —No, en los casos de error se ajustan. Lo que hay que hacer es ajustar cuando hay un error y se demuestra. Pero es una tarea que lleva tres o cuatro años y hay que tener equipos especializados que Maldonado no tenía. Nosotros llegamos a Maldonado con una Intendencia con US$ 93 millones de déficit, deudas a pagar, sin plata y sin crédito, no nos votaron un fideicomiso. Y de algún lado tienen que obtenerse los recursos, entonces empezamos a corregir. Todo lo que se corrigió fue un 3,4 % entre baldíos, reaforos y mínimos, total. No es “impuestazo”, pero es un 3 % que permite hacer determinadas obras en tal barrio, determinadas viviendas en el área social. El proceso de reaforo es un proceso lento, pero que hay que hacerlo porque vendrá otro gobierno que lo va a precisar. Entonces hay que empezar a trabajar, no para el gobierno de uno, sino para dejar ordenadas las cosas para Maldonado para adelante.
EC —Esta semana La Diaria informó que un grupo de vecinos de Maldonado, conformado principalmente por mujeres, comenzó a recolectar firmas con la idea de convocar una consulta popular para derogar los artículos del decreto que impusieron aumentos en la contribución inmobiliaria. ¿Cómo ve esa iniciativa?
EA —El FA acá en Maldonado también convocó a protestas y manifestaciones en tres ocasiones y en ninguna había más de 40 personas. Es un ejercicio político, una calistenia militante. Nos tienen acostumbrados, desde que estamos en el gobierno ese sector político está permanentemente con el palo en la rueda y dele que te dele contra todo. Eso forma parte para mí de la calistenia militante. Que junten firmas, de todas maneras para los decretos departamentales hay un plazo para presentar las firmas, que creo que es de 45 días después de aprobado, y esto fue aprobado el año pasado. Me parece que están perdiendo el tiempo.
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