RA —Usted decía que no puede catalogarse de tarifazo, pero según números que ha manejado el FA, la contribución urbana y suburbana se incrementó 57 %, el impuesto general municipal 24 %, el alumbrado público 28 %, la tasa de conservación de pavimento 28 %. Y decían que en total esto representa un aumento real de 32,8 % con respecto a la planilla con valores mínimos del año anterior actualizada por el IPC.
EA —Si usted tiene una planilla que paga $ 5.000 y va a pagar $ 6.000, ahí tiene un 20 %. El manejo de los porcentajes es en función de los incrementos mínimos. No dicen que en el grueso de las contribuciones fue el IPC.
RA —Usted dice que cuando se hace un promedio de todo lo que aumentó, el aumento en realidad estuvo ajustado por el IPC y nada más.
EA —Estamos hablando del mínimo, del baldío y los reaforos. Tomando cada uno de esos tres puntos, en un caso fue el 1,1 % de más, en otro fue el 2 % de más. En el caso del reaforo fue el 1,1 % en el total, al total de los padrones reaforados que el año anterior pagaban X pesos, este año se les incrementó un 3 %, lo que pagaron de más fue 3 %. Y pesó 1,1 % en el presupuesto departamental. Acá hubo un intento claro de generar un hecho político. Y la gente no acompañó, la gente pagó correctamente, hubo más padrones que pagaron, era un tema que no se hablaba en Maldonado. Lo hablaba solamente ese sector político, había un sector político que hablaba y la gente iba por otro andarivel.
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EC —El martes pasado usted volvió a la Junta Departamental, en esa ocasión para presentar una serie de proyectos de inversión. ¿Qué origen tienen esos proyectos? ¿Son todos privados?
EA —Todos privados. Es inversión genuina, gente que decide invertir en la zona con recursos propios, prácticamente todos son proyectos que pretenden hacerse para después salir a la venta. No están buscando socios en forma inicial y que puedan quedar paralizados. Conocemos a los desarrollistas, ya han llevado varios proyectos en el departamento.
Eso responde a una inquietud que se generó en el departamento a partir del año pasado, cuando planteamos un proyecto de exoneración de tasas y tributos para la construcción (contribución, tasa de presentación de plano, tasa de retorno de la inversión, etcétara) que nos permitieron acercarnos al inversor, golpearle la puerta, decirle “estamos con esto”. De esa instancia surgió también la necesidad de golpear la puerta a nivel nacional para que contribuyera con exoneraciones que permitieran aterrizar la inversión. Y la suma de las dos exoneraciones, la de Maldonado, que fue la que inició el proceso, como la del decreto que a fin del año pasado publicó el gobierno nacional, reconociendo que la inversión inmobiliaria de calidad en Punta del Este o en zonas principales, es buena para el país, generó una corriente que se consolida en esta cantidad de proyectos que presentamos a la Junta.
Hay 17 proyectos presentados a la Junta, cuatro ya aprobados –uno de ellos ya empezó la construcción– y seis o siete que se están analizando en la Dirección de Urbanismo de la Intendencia. Esas exoneraciones nos van a permitir empezar a atender la enorme dificultad de falta de trabajo a nivel de la construcción, un parate que hoy tiene a más de 6.000 trabajadores de Maldonado en el seguro de paro y otros con el seguro ya terminado.
EC —¿Qué estimaciones tienen ustedes en cuanto al empleo que generarán esos proyectos y en qué plazo?
EA —Todos esos proyectos, que son bien buenos, urbanísticamente son interesantes, son de calidad, pasaron por el filtro de la Intendencia, en el cual se discutieron muchos elementos urbanísticos, medioambientales, etcétera. Casi un año estuvieron trabajando con nosotros en la discusión técnica. Unos modificaron fuertemente, otros están modificando y otros ajustaron un poco porque era necesario.
Son proyectos que deben empezarse antes de fin de año, si no pierden la aprobación. La idea es empujar a que decidan rápidamente; había un proyecto importante que no podía empezar antes de fin de año y se bajó la semana pasada. Estamos trabajando en esa línea, porque hay angustia, hay falta de trabajo. Pensamos que 3.000, 4.000 personas podrán tener trabajo. No alcanza para todos los desocupados que hoy tenemos en el departamento, pero capaz que 3.000 o 4.000 van a ir agarrando de a poquito. Porque tampoco empiezan todos juntos, se requieren un par de meses la aprobación de la Junta, después 45-60 días para presentar el proyecto definitivo y después vendrá la etapa de contratación de empresas y de inicio de los trabajos. Estamos visualizando que este invierno va a ser duro, va a ser muy bravo, y que después del invierno van a empezar a movilizarse varios de esos proyectos y de a poquito van a ir retomando gente. Estaría en su expresión total a principios del año que viene, pero empezaría en el segundo semestre de este año. Son los tiempos prácticos de un proceso de obra como esta.
