Entrevista con el doctor Jorge Díaz, fiscal de Corte
EN PERSPECTIVA
Viernes 26.01.2018, hora 8.24
ROMINA ANDRIOLI (RA) —Seiscientos policías, con apoyo de un helicóptero. Casi 70 allanamientos. Más de 30 detenidos, cinco de ellos con prisión preventiva. Ese es el saldo en cifras del Mirador, el megaoperativo realizado en Casavalle en diciembre pasado.
El gran tamaño no fue la única particularidad. Fue el primero originado y coordinado por la Fiscalía desde la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal. Pero sobre todo, este megaoperativo desnudó a la opinión pública una de las realidades más duras del barrio Casavalle: la práctica de determinadas bandas criminales de desalojar a vecinos a la fuerza de sus casas.
(Audio testimonio.)
—Vienen, patean puerta… O abrís o abrís. Te dicen barbaridades de palabras malas. Hay gente en la puerta, gente que se te mete para adentro armada, y esperando afuera. Y quizás te dejen sacar algo. Como quizás, si les sirve, no te dejen sacar nada.
—Pero ¿qué le dijeron? ¿Se va de acá?
—“Esta casa está vendida, te tenés que ir”.
(Fin audio.)
RA —Pasó más de un mes ya desde que se conoció esta dramática situación. Para averiguar qué pasó, estamos con el fiscal de Corte, el doctor Jorge Díaz.
Empecemos recordando cómo surgió el megaoperativo en Casavalle y cuál fue el rol de la Fiscalía.
JORGE DÍAZ (JD) —Como ustedes saben, el 1.º de noviembre pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, que en sustancia consiste en que la dirección de las investigaciones, que antes la llevaban los jueces, ahora queda en manos de los fiscales. Dicho así parecería nada más que un mero cambio de los sujetos y una nueva asignación de roles, pero es bastante más profundo que eso y nosotros apostamos a que sea bastante más profundo que eso. En el sentido de que cuando uno coloca a un juez a dirigir una investigación –juez que tiene una absoluta, total y completa independencia técnica–, las cargas de trabajo se distribuyen en función no precisamente de la conexión y demás, sino en base a criterios legales previamente establecidos. Entonces ese juez por un lado tenía que ser un investigador y por otro lado tenía que ser el garante de los derechos, tenía que cumplir los dos roles al mismo tiempo, y luego a su vez ser el juez del caso que él mismo había armado, no se le permitía salir de lo que llamamos el caso a caso: yo tengo este homicidio en este turno y tengo que aclarar este homicidio. Y más allá del esfuerzo que hacía y que sigue haciendo la Policía nacional de vincular un caso con otro, muchas veces nos quedábamos en el caso a caso, en tratar de aclarar un homicidio –vamos a poner el caso de los homicidios porque me interesa particularmente ese tema en este contexto urbano del cual ustedes me proponen hablar–, entonces era muy difícil el caso porque en la coyuntura actual los homicidios no se van a aclarar por declaraciones testimoniales, no se van a aclarar por ese caso puntual.
Entonces es absolutamente necesario, absolutamente imprescindible hacer un análisis del contexto, del contexto urbano, del contexto socioeconómico, del contexto cultural, del contexto criminal que rodea a ese hecho delictivo. Y los fiscales sí lo pueden hacer porque en definitiva no tenemos reglas predeterminadas de distribución de las cargas de trabajo, sino que tenemos una organización dinámica y flexible, que permite ir variando la organización de la fiscalía, y permite a su vez que uno o dos o tres fiscales se sienten a trabajar en un caso concreto cuando hay casos que tienen conexión, cosa que no se les permitía –es más, les estaba prohibido– a los jueces. Eso es una ventaja comparativa.
