RA —Eso no es un hecho menor, la situación ha seguido, pese a ese gran operativo que se hizo, a que se hicieron algunas capturas. ¿A quiénes capturaron?
JD —Se detuvo a algunos líderes de esa organización criminal, de Los Chingas concretamente, uno de ellos no fue detenido en ese momento y fue víctima de un homicidio que se está investigando. Probablemente esté vinculado a estos enfrentamientos de los cuales estamos hablando. Por eso hablábamos de la importancia del contexto, porque si uno lo ve objetivamente aislado, es un homicidio puntual y concreto y si alguien pretende aclararlo por las declaraciones testimoniales seguramente va a fracasar rotundamente, es imposible porque nadie habla. Esa es otra de las cosas que tenemos que entender, la gente difícilmente habla, difícilmente relata. Los fiscales empezaron esta investigación con una denuncia, que además se presentó por error, porque al ciudadano expulsado le habían dado $ 300 para que se tomara un taxi, que fue lo único que se pudo llevar, y terminó en Jefatura porque el taxista lo llevó, porque él no quería ir a denunciar.
RA —¿Ese fue el origen?
JD —La corroboración de que eso de lo que teníamos información estaba efectivamente pasando. Porque una cosa es saberlo y otra cosa es probarlo.
DS —La información que tenemos nosotros es que se ha descomprimido un poco la situación en el barrio, en la zona, sin embargo el miedo subsiste. La pregunta es qué garantía tiene la gente de que aquellas personas que fueron privadas de libertad no sigan operando sus bandas y sus guerras personales desde la cárcel.
JD —En cuanto al tráfico de drogas, a mí me tocó como juez de Crimen Organizado –no ahora, hace 10 años– sacar una persona de la cárcel para procesarla por tráfico de drogas y volver a mandarla a la cárcel. No una, varias veces. Eran líderes de organizaciones de tráfico de drogas que estaban en prisión cumpliendo pena y que dirigían una operación a través de teléfonos celulares. Por lo menos en dos o tres oportunidades tuve que hacer eso. Es frustrante, incluso para el operador que trabaja en ese momento, que desde la cárcel se pueda seguir utilizando ese tipo de tecnología. No me voy a meter en el tema carcelario porque no es de mi responsabilidad, sé que se han hecho intentos de bloquear, es claro que es absolutamente necesario tener al menos un establecimiento de reclusión bloqueado totalmente, porque si no este tipo de cosas van a seguir pasando.
De todas maneras, lo que tenemos que hacer –todo el Estado– es seguir trabajando. Si esto queda en una operación puntual las condiciones objetivas siguen siendo las mismas, el fenómeno se va a repetir. Tenemos que atacar no solo la consecuencia, que es el delito –porque el delito es la consecuencia de una condición objetiva–, sino también las causas. En las causas la Fiscalía puede ayudar, decir “está pasando esto”, pero no tenemos competencia para atacar el fenómeno de fondo.
RA —Un aspecto que llamó la atención luego del operativo, que muchos oyentes marcaron en su momento, fue que solo cinco de las personas que fueron detenidas en un primer momento quedaron con prisión preventiva y a las demás se les determinó prisión domiciliaria. ¿Cómo se explica esto? ¿No continúan manejando el negocio desde allí?
JD —El número es el que usted dice, pero no estuve en la audiencia, no sé cuáles fueron las razones. Por lo que tengo entendido, en principio el fiscal había pedido prisión preventiva para todos, pero quien define en última instancia es el juez. Desconozco las razones por las cuales se dispuso una medida cautelar que no fuera la prisión preventiva. Es una buena pregunta para formularle al fiscal por lo menos para saber qué fue lo que pasó.
Uno pide 60 allanamientos –me interesa remarcarlo porque después se dice ¿por qué 60 allanamientos?, ¿por qué 20 detenidos?, ¿por qué solamente 9, 10 procesados?– porque en ese escenario urbano no sabe exactamente en qué apartamento está la persona que está buscando. Teníamos los domicilios de las personas que habían sido desalojadas, queríamos saber si estaban vacíos, si allí estaba viviendo una nueva familia o si estaban siendo usados como depósito. Esta fue una hipótesis que teníamos que se corroboró, algunos de esos apartamentos habían sido desalojados para ser utilizados como depósito, ya sea de armas, ya sea de drogas, ya sea de dinero. No era solo el desalojo para traer otra persona a vivir allí, sino también para usarlo como depósito. Esa hipótesis se corroboró, hubo allanamientos en los que solo se incautaron cosas. Porque este tipo de organizaciones también dicen “no quiero tener las armas, no quiero tener la droga, no quiero tener el dinero en mi casa, porque si está en otro lado puedo intentar desligarme de eso, no soy yo el poseedor de eso”. Eso se estaba dando y se corroboró.
Respecto de las órdenes de detención, no recuerdo si eran 20 o algo más de 20, se detuvieron. En realidad hubo más detenciones, pero no específicamente sino por situaciones puntuales que se dieron durante los allanamientos. Las detenciones que se dieron por orden de detención específica, o sea que no hubo flagrancia, que fueron con orden de detención liberadas con anterioridad, prácticamente todas terminaron en enjuiciamiento. En algunos casos sin prisión preventiva, pero que no haya existido prisión preventiva no significa que el juicio no siga. Y no significa que si son condenados no vayan efectivamente a prisión. Porque en el sistema actual, a diferencia de lo que ocurría en el anterior, si están en libertad y son condenados, van a la cárcel.
