EC —En estos anuncios, con vigencia 2016, se incluyen rebaja o postergación de gastos por US$ 125 millones y aumento de los ingresos tributarios por US$ 335 millones. Total: US$ 460 millones. Esos números son los que precipitan una parte de la polémica. Por ejemplo, han surgido distintos cálculos, y uno que aparece de inmediato es que lo que se procura recaudar a través del incremento impositivo es una cifra muy similar a las pérdidas de Ancap en 2014. ¿Cuánto incidieron esos números rojos en las cuentas públicas?
PF —Ante todo, lo que se plantea aquí es un conjunto de medidas que tienden a consolidar la situación fiscal, con las que se pretende que el esfuerzo esté repartido entre los diversos sectores de la sociedad.
EC —Enseguida vamos a hablar de eso, pero yo acá le pregunto por las causas. ¿Cuánto están pesando malos resultados de la propia gestión del FA: las pérdidas en Ancap, los subsidios en ALUR, las pérdidas del Fondes y un ingreso aparentemente excesivo de funcionarios públicos?
PF —Como decía, la idea era que el esfuerzo estuviera repartido en toda la sociedad, comenzado por casa, a partir del gasto, y luego con medidas de ingresos. Yo daría vuelta la interpretación: si el déficit de Ancap hubiera sido cero, estas medidas habría que haberlas tomado igual. Porque esto no tiene que ver con lo que ha sido el déficit para atrás, sino que tiene que ver sobre todo con una revisión de las proyecciones hacia delante debido al deterioro intenso y acelerado del contexto internacional. La situación de Ancap y otros aspectos de la gestión o de sectores del Estado ya estaban considerados en el déficit que veníamos teniendo y estaban incorporados en las proyecciones de futuro. Y cuando en esas proyecciones reducís a la mitad tu perspectiva de crecimiento estás reduciendo de manera significativa tu perspectiva de ingresos futuros.
No quiere decir que no sea importante corregir aspectos de eficiencia y calidad de la gestión que tiendan a reducir cuestiones deficitarias, pero son dos cosas distintas. Una cosa es hacer autocrítica en aspectos de la gestión –y es público y notorio que el equipo económico de eso ha hablado–, pero no tiene que ver con esta corrección, es mezclar cosas que tienen orígenes distintos. En el caso de las empresas públicas, además, antes de comenzar con estas medidas que estamos preponiendo trabajamos arduamente junto con la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) y liderados incluso por el presidente de la República en pedirles compromisos de gestión que llevaran a la reducción de costos operativos y a la coordinación de inversiones en el año 2015. Eso también está previsto para el año 2016 y se pretende que en el 2017 también continúen reduciendo sus costos operativos.
Se puede mejorar. Por ejemplo, en el año 2015, por primera vez en muchos años, las empresas públicas, tomadas en su conjunto, no explicaron parte del déficit sino que dieron superávit. En esa línea estamos trabajando, pero este conjunto de medidas tiene que ver sobre todo con las perspectivas de futuro, que sufrieron un deterioro intenso y acelerado.
EC —De todos modos, permítame agregar algo que decía la economista Azucena Arbeleche, del Partido Nacional (PN), el martes: “El deterioro fiscal se ha observado a lo largo de los últimos 10 u 11 años. Debemos analizar que, durante un período en el que las condiciones eran espectaculares, extraordinarias en términos de crecimiento, por los motivos que fuere, los ingresos con respecto al PBI aumentaron 1 %, pero los gastos lo hicieron alrededor de 5 % –según cómo se lo mida–. Ahí se ve que durante el tiempo de bonanza económica, que claramente después iba a cambiar, el Gobierno no tomó las medidas del caso, no ahorró parte de ese crecimiento extraordinario”.
¿Qué responde a esta crítica?
PF —La señora Arbeleche fue la directora de la Unidad de Deuda básicamente durante todo el período pasado. Para quien gestione la deuda es absolutamente fundamental el orden macroeconómico y fiscal, porque eso determina la sustentabilidad de la deuda, y esas críticas no fueron realizadas en ese momento. Son las primeras veces que las escuchamos. No tengo nada más que decir.
EC —Pero la crítica no la hace solo Azucena Arbeleche, ese punto está arriba de la mesa. ¿Entonces? ¿Por qué no se ahorró, por qué no se aprovechó la bonanza para hacer reserva en materia fiscal?
PF —Es importante tener presente cuál era el punto de partida. Durante estos 10 años de bonanza económica Uruguay creció y también redistribuyó. Uruguay partió, en el inicio del primer gobierno del FA, con un 40 % de pobres y aproximadamente un 6 % de indigentes. Los niveles de desinversión en el gasto público social, en la contención social de aquellos que menos tienen, eran enormes. Cuando vamos a ver por qué no se ahorró para la bonanza, tenemos que decir –además de hablar, como hacíamos hace un momento, de lo que fue Ancap o de lo que fue el Fondes– lo que fue pasar del 3 % de un PBI de US$ 15.000 millones al 4,5 % de un PBI de US$ 50.000 millones para la educación. Y ver también cuál fue la evolución de los gastos en salud o en seguridad. Hubo una inversión social muy fuerte que colaboró, junto con el crecimiento económico, a sacar a cientos de miles de uruguayos de la pobreza.
