EC —En la exposición de motivos uno de los puntos es “mejorar el clima de negocios e inversiones”. ¿De qué forma puede colaborar en ese sentido? Se lo pregunto porque en las otras iniciativas, como el proyecto de ley de Transparencia Fiscal que presentó el Gobierno y que otorga mayores poderes a la DGI, también se destaca que es una medida necesaria para alentar el clima de inversiones, etcétera.
JA —No, vamos a hablar claro. Las otras medidas son impuestas por la OCDE, a nadie se le ocurría que eso estaba bien. Lo que tiene que decir Uruguay no es “estas medidas son fantásticas”, el Gobierno tiene que decir la verdad: la OCDE nos aprieta y aflojamos. Y tiene que decir otra verdad: los países ricos aprietan a los otros países para que cumplan con esas normas de transparencia y ellos no las cumplen.
RA —¿Qué chance tendríamos de no seguir la tendencia mundial?
JA —El otro día me comentaba un amigo un ejemplo del año 1911. En el año 1911 el Gobierno de Batlle y Ordóñez decide nacionalizar los seguros, y había afuera una cañonera del Imperio británico, que defendía a sus empresas de seguros. Se hace una enorme discusión en la Cámara de Diputados, que estaba donde hoy está el Cabildo, al alcance de la cañonera. Y eso se discutió, se habló, se dijo cuál era el problema, ahí están los cañones, estamos haciendo esto, y se hizo la nacionalización de los seguros, con algunas excepciones. Eso es lo que tiene que decir el Gobierno: “Señores, tenemos presiones enormes de la OCDE, las cosas nos gustan o no, pero estamos con presiones”. ¿Cómo salimos de esto? Obviamente no tenemos que decir “no le hago caso a la OCDE”, tenemos que conversar con la OCDE. No tenemos que ser los primeros en hacerle caso, tenemos que discutir con inteligencia, tenemos que explicar, como les decía en el caso de Argentina: “Argentina no cumple ningún tratado con nosotros, persigue a los ciudadanos argentinos que están en contra del Gobierno, no podemos hacer un tratado de este tipo”. Hay que explicar, hay que avanzar, no tenemos que decir “sí, señor” y hacerlo de entrada.
Hay otro tema grave. Si bien nos dicen que esto es impuesto por la OCDE, lo que impone la OCDE, por ejemplo en el caso de información bancaria o de disminución grosera del secreto bancario, es que los bancos den información automática sobre depósitos de los nacionales de otros países. Es decir, Alemania pide de los alemanes que tienen depósitos acá. Pero la Impositiva agranda eso y lo hace para los nacionales, para tener todos los datos de los uruguayos que tienen depósitos acá. Eso no es una obligación impuesta por la OCDE, eso es porque quiere la Impositiva.
EC —¿Usted propone que del proyecto de ley que acaba de ir al Parlamento se elimine una parte del recorte del secreto bancario?
JA —Por lo menos discutamos este tema, discutamos qué alcance tiene, qué tiene de bueno y qué tiene de malo. Porque si la Impositiva tiene sospechas de que alguna persona está evadiendo, va al juez, le dice “quiero ver todos los movimientos bancarios de esta persona” y el juez le dice que sí. La Impositiva puede llegar cuando estima que alguna persona puede estar en algún tipo de inconveniente. Ahora es para todos, todos los uruguayos, una cantidad importante de organismos van a conocer los depósitos que tienen todos los uruguayos. ¿Es bueno eso? ¿Vulnera la intimidad?
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EC —¿Cuántas veces hemos escuchado la comparación entre la DGI y Gran Hermano? Las tendencias globales hacia una mayor transparencia, como la que está siguiendo Uruguay en los últimos años, llevan a darle al fisco más poderes a efectos de detectar posibles evasores. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con las garantías y los derechos de los contribuyentes? De eso se ocupa un proyecto de ley que presentó el senador José Amorín que crea la Carta de Derechos de los Contribuyentes.
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EC —Tengo varios comentarios de los oyentes, por lo visto el tema interesa. Algunos polemizan con usted a propósito de esa expresión que utilizó cuando dijo que la DGI se reestructuró, recaudó más, pasó a recaudar más, entonces aquellos diez amigos que estaban en la pizzería pasaron a pagar todos, y que una posibilidad era que cada uno pagara menos en esas condiciones –antes pagaban siete y ahora pagan los diez– y la otra posibilidad era que se pusieran a comprar champán y caviar, y terminaran pagando lo mismo o más.
JA —Fue lo que hizo el Gobierno.
EC —La pregunta que le hacen varios oyentes es qué es eso del champán y el caviar, porque acá en Uruguay había necesidades en materia social, etcétera, que fueron las que se encararon con el mayor presupuesto.
JA —No, champán y caviar son 65.000 funcionarios públicos más de los que había. En estos 11 años se tomaron más de 150.000 funcionarios entre los que se sustituyeron y los que se sumaron, 65.000 funcionarios públicos más. Por ejemplo, 21 embajadores de confianza itinerantes, que andaban acá por la plaza. Por ejemplo, 200 cargos de confianza más, con sueldos muy importantes. Por ejemplo, creación de empresas, de sociedades anónimas propiedad 100 % del Gobierno, con sueldos de película. La gente dice que los senadores y los diputados ganamos mucho, y puede tener razón, pero estos gerentes ganaban el doble. La tiraron, eso es champán y caviar. Por supuesto que las políticas sociales no son champán y caviar, eso es invitar a dos que están afuera y que no pueden pagar a que se sienten a la mesa, invitarlos a comer. Eso está bien, me parece bárbaro. Champán y caviar es tirarla como la tiraron.
EC —También le hacen alguna corrección a propósito de los casos de empresas que consiguieron resultados favorables ante la DGI. Usted mencionó dos, Tienda Inglesa y Paco Casal; José Gabriel dice: “Tienda Inglesa no llegó al TCA, Paco Casal sí, pero en ninguno de los dos hubo sentencia del TCA”.
JA —No sé, no conozco los detalles, no soy tributarista. Pero si el Gobierno arregló, supongo que es porque iba a perder el juicio. Si arregló e iba a ganar el juicio es mucho más grave, habría corrupción, que no creo. Creo que arregló porque iba a perder el juicio.
