Entrevista con el diputado Jaime Trobo (PN).
EN PERSPECTIVA
Viernes 08.01.2016, hora 8.17
ROMINA ANDRIOLI (RA) —Montevideo y Caracas están separadas por más de 5.000 km de distancia; si se traza una línea recta entre una ciudad y otra, atravesará cuatro países. Un recorrido largo, que, sin embargo, se hace corto si pensamos en el espacio que Venezuela ocupa frecuentemente en el debate político uruguayo.
En los últimos días la relación entre Uruguay y Venezuela ha vuelto a ser noticia. Ahora fue el senador Luis Lacalle Pou quien anunció que propondrá al Partido Nacional (PN) investigar los negocios que ha realizado nuestro país con el gobierno de Nicolás Maduro.
Lacalle informó en su audición radial partidaria que ya hay dos legisladores blancos trabajando en este tema. Uno de ellos es el diputado Jaime Trobo, del sector Todos Hacia Adelante, a quien recibimos esta mañana.
NICOLÁS BATALLA (NB) —Comencemos por los anuncios que hizo el senador Lacalle Pou el miércoles. ¿Qué es lo que se propone investigar y concretamente cuáles son los negocios que ustedes estiman que deben ser analizados?
JAIME TROBO (JT) —En general todos los negocios que se han realizado con Venezuela en los últimos tiempos, a partir de aquel denominado Fondo Bolívar-Artigas que se creó en su momento durante el gobierno de Chávez en la primera etapa. Y obviamente algunos que por sus pautas y características han ofrecido [flancos] importantes sobre los que no hay información transparente y sobre los que nosotros estamos recibiendo detalles, informaciones y suposiciones que hacen necesaria una investigación para conocer su importancia, teniendo en cuenta que los volúmenes de recursos que están aplicados a esos negocios son desproporcionados para lo que es la habitualidad. Datos de decenas o centenas de millones de dólares en negocios con petróleo que a su vez se vinculan con negocios con otro tipo productos que se exportan de Uruguay y con donaciones y destinos de esas donaciones. En fin, muchos aspectos de una relación que ha sido más que nada dominada por la ideología y que se materializó en cierta medida a través de una relación económica que no se conoce con propiedad.
Quiero señalar que no es la primera vez que nos ocupamos de este tema. El tema de las relaciones económicas con Venezuela tiene para nosotros, en lo que respecta al acopio de material, una larga historia ya y un par de hitos durante el año 2015. Uno de ellos tuvo que ver cuando planteamos la investigación sobre los recursos destinados por el Fondes (Fondo de Desarrollo) a ciertas empresas que tienen vinculación con negocios con Venezuela que no han podido ni devolver ni comprometerse con la devolución de los créditos que les fueron otorgados oportunamente. En su momento planteamos que no hubo interés en investigar del partido de gobierno ni del Frente Ampao (FA) y quedamos acopiando material para poder volver sobre esa investigación.
Luego, cuando se solicitó al Parlamento la autorización para que el gobierno, el Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le prestara a Ancap una cifra cercana a los US$ 300 millones para que esta diera satisfacción a una deuda que tenía con Venezuela y se planteó públicamente que eso iba a significar la creación de un fideicomiso del cual se iban a cobrar los exportadores uruguayos deudas de exportaciones alimentarias que no se habían cobrado en el pasado y a su vez iban a hacer nuevas exportaciones contra ese fondo para que pudiera resolverse en cierta medida una crisis del sector de la exportación que Uruguay tenía –transferencia que no está volviendo con la regularidad y la rapidez con las que tenía que volver–, denunciamos y preguntamos, y obviamente no encontramos ninguna respuesta clara, acerca de la existencia de una trading, un broker uruguayo, una empresa de nombre Aire Fresco que luego identificamos que había sido designada en forma monopólica en una resolución que el Poder Ejecutivo había firmado conjuntamente con el gobierno de Venezuela.
RA —Vayamos por partes. Ustedes manifiestan cierta preocupación con respecto a varios aspectos del negocio con Venezuela que, pero ustedes, y usted en particular, han criticado eso, la participación de intermediarios privados en los negocios con Uruguay y concretamente la participación de Aire Fresco. ¿A qué apunta específicamente su denuncia en este sentido?
JT —En este caso particular a algo que es inexplicable y es que el gobierno de un Estado, de nuestro país, de Uruguay, haya designado a una sociedad anónima privada como única intermediaria en todos los negocios de venta de alimentos a una compañía estatal venezolana. Quiero que se entienda bien.
RA —¿Cuándo se firmó eso y en qué documentos usted entiende que está fijado el monopolio de esa empresa privada?
JT —En el año 2013 se firmaron varios acuerdos bilaterales con Venezuela. Documentos que están en la página de la Presidencia de la República y que obviamente nosotros tenemos ya desde hace un tiempo, en los que se establece, entre otros temas, en uno en particular, que la única empresa uruguaya que le puede presentar negocios a la Corporación Venezolana de Alimentos –que es como la Subsistencias que existía en Uruguay en otra época, la que compra y distribuye alimentos de consumo esencial (leche, pollo, arroz, manteca, harina, todo ese tipo de productos) en todo el territorio nacional– es una sociedad anónima que se llama Aire Fresco, que es propiedad de dos amigos del presidente Mujica y está vinculada fuertemente a los sectores políticos del FA que he señalado.
NB —¿Su preocupación viene por el lado de que sea de carácter monopólico? Porque en realidad el trading y la existencia de estas empresas intermediarias es algo común en los negocios de país a país.
JT —Es algo común en los negocios de país a país cuando existe transparencia en los negocios, cuando los que pueden exportar son todos los que están en condiciones de acuerdo con las condiciones y las características técnicas de los productos para ingresar en un mercado.
NB —¿A qué se refiere con eso concretamente?
JT —Que pueden exigir ciertas condiciones que alguien certifique, pero si usted está en condiciones de exportar algo y pero no lo puede ofrecer directamente, sino que lo tiene que ofrecer a través de un tercero que es el que hace la gestión y le cobra un 3 % de lo que usted exporta, lo que está poniendo es un peaje. Usted puede considerar legítimo que un señor que tenga una trading cobre 3 %, como Mujica lo hizo públicamente diciendo que cómo alguien puede pensar que un intermediario no vaya a cobrar una comisión, pero el gobierno de Uruguay impuso un comisionista, un intermediario, y el que no habla con ese intermediario no vende, y en todo caso no cobra, porque ese intermedio es el que se dice que hace las gestiones para cobrar en Venezuela.
Ese intermediario designado por el gobierno de Uruguay es el que tiene lobby en el gobierno de Venezuela para cobrar las cuentas de los exportadores uruguayos, que obviamente están obligados a tener que negociar con ese intermediario, que es monopólico, no puede haber otro que intervenga. Por lo tanto se le cerró un mercado, y un mercado que no es de uno o dos millones de dólares, ni de 10, de 15 ni de 100 millones de dólares, un mercado de US$ 300 millones. Si esos US$ 300 millones que en su momento el MEF le prestó a Ancap –que por otra parte la semana pasada el Parlamento, con la ley que nosotros no votamos de capitalización de Ancap, le perdonó para que no devuelva– fueron a cambio de petróleo, está aplicado a la venta de alimentos uruguayos a Venezuela y en todas las operaciones interviene una sociedad anónima privada que designó el presidente de la República y no puede intervenir otra.
RA —¿Cómo es eso? Porque usted hablaba del acuerdo firmado en el gobierno de Mujica, pero dice que ahora involucraría también este nuevo tipo de exportaciones, las que se hacen a través el fideicomiso por el cual se pagó la deuda con Pdvsa.
JT —Sí, pero ese acuerdo no fue un acuerdo puntual para una operación comercial que se hizo en el 2013, es un acuerdo permanente, sigue vigente.
RA —Por eso digo, el acuerdo incluiría entonces las operaciones que se hicieron en aquel año y también las operaciones que se están realizando ahora en el gobierno de Vázquez.
JT —Absolutamente, las que se están realizando ahora y las que se puedan realizar en el futuro, porque la Corporación de Alimentos Venezolana, que es la contraparte en este caso, es la compradora, en definitiva es el lugar, el objetivo comercial del Uruguay es el Estado venezolano, es el gobierno de Venezuela. Son funcionarios del gobierno de Venezuela que no son empleados de una sociedad anónima, sino que son empleados del gobierno de Venezuela. Lo que pasa en Venezuela es un problema de los venezolanos, pero lo que pase aquí es un problema de nosotros. Y a nosotros nos parece que la transparencia en materia comercial y en particular la equidistancia del gobierno cuando hace un acuerdo internacional para fortalecer la actividad de los privados y el frente externo de nuestra producción son fundamentales. En este caso tenemos claro que no ha sido así, y obviamente procede, a nuestro juicio, una investigación en profundidad de estos temas, porque estamos hablando de negocios con un país que además está bajo la lupa con relación a la transparencia en sus acciones gubernativas y por volúmenes muy superiores a los que implica el intercambio comercial con Uruguay. En Venezuela y en el mundo se habla de que uno de los gobiernos más corruptos del mundo hoy en día es el gobierno de Venezuela. Entonces estamos tocándole la mano al diablo, por eso creo que Uruguay tiene que ser muy serio en la investigación y muy severo en la determinación de los pasos que se han dado y los que se van a dar en el futuro.
RA —Usted insiste en el hecho de este acuerdo que implica que el gobierno haya facilitado a este intermediario. Sin embargo el 9 de diciembre pasado el ministro Tabaré Aguerre dijo en la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados que Aire Fresco fue propuesta por las gremiales arroceras para intermediar solo en la negociación por arroz, que fue una iniciativa de estas gremiales. Y agregó que no le consta que haya participado en negocios de otros productos. ¿Cómo interpreta ese dato, teniendo en cuenta que la acusación inicial era que el propio gobierno había propuesto a esta intermediaria Aire Fresco?
JT —Durante mucho tiempo intentamos que el ministro Aguerre fuera al Parlamento, él es muy esquivo en general a presentarse en el Parlamento. A tal punto que esa convocatoria fue consecuencia de una presión muy fuerte del PN para que efectivamente fuera al Parlamento a decir qué sabía. Sobre todo porque la convocatoria se relacionaba porque no se estaba cobrando y los exportadores uruguayos se estaban quejando, también en el Parlamento, de que habían mandado sus productos y no recibían los pagos que correspondían.
El ministro Aguerre confirmó lo que sospechábamos, que esta trading o este broker estaba interviniendo en todos los negocios. Luego si el ministro Aguerre afirmó que los arroceros le pidieron que esta empresa estuviera en la negociación, deberíamos confirmarlo.
RA —En las declaraciones que yo le leía Aguerre decía que a él no le constaba que Aire Fresco hubiera participado en otros negocios, y señalaba que él entendía que era una iniciativa de los privados. ¿Usted dice que no? ¿Lo ha hablado con los privados?
JT —No, lo que le puedo afirmar es que en la misma versión taquigráfica o en la sesión posterior la gente vinculada con la producción avícola dijo que habían tenido que hablar con la empresa Aire Fresco para ver si podía gestionar el cobro de lo que se les debía, que era una cifra muy importate. Si debo analizar lo que usted repite que dijo el ministro Aguerre, parece que Aire Fresco es una empresa que vino a sentarse a la mesa cuando los arroceros le pidieron al gobierno que por favor la involucrara porque necesitaban un broker para hacer la gestión. Pero según las informaciones que tengo Aire Fresco es una empresa necesaria porque es la única que está en condiciones de hacer una gestión de cobro, porque es la única empresa que los venezolanos atienden de Uruguay para hablar sobre este tipo de negocios.
Lo que puede estar ocurriendo es algo mucho más grave aún. Y es que, precisamente, no es solamente que Aire Fresco haya sido designada por el gobierno de Uruguay como la única representante de la gestión comercial, sino que las autoridades públicas venezolanas –le reitero, uno de los gobiernos más corruptos del mundo– están reclamando que en las operaciones con Uruguay la única interventora sea la empresa Aire Fresco, o sea que tenga banca no solamente aquí, sino también allá. Lo que por otra parte, obviamente, agrava el cuadro de situación y nos da la seguridad y la certeza y nos lleva al compromiso de buscar una explicación y analizar todos estos temas con la profundidad que merecen. Estamos hablando de una operación de US$ 300 millones y una comisión del 3 %. Por otra parte, cuando las empresas van a cobrar al fideicomiso les entregan un recibo por el 3 % de comisión de la totalidad del monto que cobran. El propio fideicomiso es el que hace el cobro y obviamente eso va a las cuentas de la empresa Aire Fresco S. A.
NB —Usted sostiene que las empresas privadas está molestas con esta situación y que recibió quejas de su parte. Porque en la misma sesión que le citábamos, en la que compareció Tabaré Aguerre, el presidente de la comisión, Alfredo Fratti, que pertenece al Movimiento de Participación Popular (MPP), dijo que no ha recibido una sola queja del negocio con Venezuela. “Capaz que se quejaron con el diputado Alejo Umpiérrez, del PN, tienen derecho a hacerlo, y el diputado a recibir las quejas, pero quiero decirle al ministro, para su tranquilidad, que esta comisión no ha recibido una sola queja del negocio con Venezuela”, dijo.
JT —No me extraña que el presidente de la comisión diga eso, porque es del MPP, el mismo sector al cual está vinculada la empresa Aire Fresco. Lo que le he dicho es que uno de los directivos de la empresa Aire Fresco está vinculado al Fondo Raúl Sendic, que tiene una vinculación directa con el MPP. Es evidente que el señor Fratti va a procurar tener lejos de cualquier tipo de investigación la relación de Aire Fresco con los negocios con Venezuela.
Vuelvo al principio, ya no a lo que ha dicho Aguerre o a lo que pueda decir Fratti o a lo que podamos decir nosotros. Mi pregunta es –y yo hice el pedido de informe al respecto en el mes de diciembre que espero que en algún momento lo respondan a la cancillería– cuáles son las razones por las cuales el gobierno en el año 2013 incluyó a la empresa privada Aire Fresco S. A. como única representante de los negocios comerciales de alimentos de Uruguay con Venezuela, como contraparte de la Corporación Venezolana de Alimentos, quiénes son sus integrantes, cuáles son los antecedentes que justifican que haya sido incluida en un acuerdo internacional y qué justificación tuvo para tomar esa medida y no abrir públicamente una especie de competencia entre brokers privados para que se anotaran, presentaran sus antecedentes y se ofrecieran como negociadores en negocios de estas características de montos que a la fecha andan en el entorno de los US$ 300 millones y según lo que anunció el presidente Vázquez pueden llegar a los US$ 1.000 millones. La cuestión de fondo ya no es lo que dice Aguerre, lo que dice Fratti, la cuestión y la pregunta es cómo es posible, qué justificación tiene que el gobierno haya designado a una empresa privada, a una sociedad anónima que está integrada por personas vinculadas fuertemente al MPP, para que sea la única gestora privada interviniente en negocios que pueden llegar a US$ 1.000 millones.
***
NB —Usted venía hablando del favoritismo del gobierno de Mujica para con la empresa Aire Fresco para darle en carácter casi monopólico la posibilidad de intermediar.
JT —No, no, perdón: monopólico. No es casi monopólico. Obviamente usted como periodista puede relativizarlo porque pensará que la fuente que manejamos nosotros puede tener alguna otra contrafuente, pero es monopólico, porque no hay ninguna resolución del Poder Ejecutivo posterior a esa que haya incluido a otra empresa en las mismas condiciones que Aire Fresco S. A., que es la trading, el broker, el gestor o el comisionista que interviene en todos esos negocios. La cosa para nosotros es muy clara, no hay ninguna duda, salvo que el gobierno nos presente algún tipo de antecedentes con los que no contamos en este momento.
La única explicación que se encontró a todo eso fueron unas expresiones del expresidente Mujica diciendo que los intermediarios tienen derecho a ganar una comisión, e incluso, como es habitual en él, puso ejemplos muy terrenales: “Si un bolichero no cobra una diferencia entre el precio que tiene la yerba cuando se la entrega el mayorista y el precio que tiene cuando se la vende al consumidor, el boliche tiene que cerrar”. Pero en este caso el boliche es obligatorio, es como si en su barrio pusieran un almacén de un señor amigo del MPP que es el único que vende yerba y es el único al que usted puede comprarle yerba, y un señor al que tiene que pagarle la diferencia entre el precio real de la yerba y lo que necesita él para mantener su negocio o vivir. Lo que se estableció fue una especie de peaje para que unos señores se lleven decenas de millones de dólares para sus bolsillos y que esa gente está notoriamente vinculada al partido que en ese momento tenía el presidente de la República.
NB —Ahí está, usted fue más lejos y acusó concretamente al MPP de beneficiarse de estos negocios a través de la intermediación de Aire Fresco. ¿En qué sentido lo plantea?
JT —Ya lo he dicho, he dicho que están vinculados, he dicho que tienen vinculación política y que eventualmente tienen vinculación económica. Es lo que he dicho y lo mantengo.
NB —El senador Ernesto Agazzi pidió que usted presente las pruebas que tiene sobre esos hechos o sería denunciado penalmente por haber hecho esas acusaciones. A su vez, el diputado Alejandro Sánchez lo aludió diciendo que hace un año que usted dice que va a presentar estas pruebas y que no ha podido presentar una prueba o un dato. Sánchez dice que están muy tranquilos, que el MPP es transparente y “bastante más que otras organizaciones”. ¿Qué responde?
JT —Yo no digo que no sean transparentes, lo que he dicho lo he dicho. Pero esto no es un truco, “yo te muestro, vos me mostrás”. ¿Por qué tengo que mostrar yo las pruebas? Que me hagan una denuncia, entonces el juzgado será el lugar donde tendremos que poner encima de las mesa las razones que tengamos cada uno para las afirmaciones que hacemos. Lo que digo es que esta gente está vinculada, que tiene negocio con Venezuela y que fue designada por el gobierno pasado como única intermediaria en negocios que pueden llegar a los US$ 1.000 millones.
NB —¿Cuáles son los vínculos económicos que usted dice que tiene esta empresa con el MPP?
JT —Esos elementos los pondré encima de la mesa en el momento que corresponda. Si dicen que me van a denunciar, lo que digo es: que me denuncien y vamos al juzgado y allí pongo los elementos que tengo.
NB —Pero el primero que hace una acusación es usted, ellos hablan de presentar esta denuncia a partir de lo que usted viene denunciando.
JT —Entiendo lo que usted me dice, pero no es un diferendo con usted, es un diferendo con ellos. Si yo digo que el MPP tiene vinculación con la empresa Aire Fresco, estoy haciendo una afirmación. ¿Por qué tengo que poner hoy pruebas encima de la mesa si lo que quiero es investigar? Tengo elementos de prueba, por supuesto, pero quiero además investigar. Esos elementos los llevaré adonde haya que llevarlos, al Parlamento o a la justicia.
Lo que no puede terminar ocurriendo es que el que señala, constata o informa acerca de una situación termine siendo acusado. Porque nos va a pasar como en lo de Ancap, cuando la investigadora de Ancap se nos dijo cualquier cosa, no solamente por parte del partido de gobierno, que además terminó aceptando la investigadora, sino que los sectores sindicales salieron a decir que nosotros queríamos afectar la imagen de la empresa para venderla, para disminuirla en su potencial. Y al cabo de tres meses de investigación el Uruguay despertó a una realidad que no conocía y de la que estábamos absolutamente ajenos, que esa empresa estaba agujereada en US$ 1.200 millones. Una empresa que dos años antes le decía a la población, mediante comunicados pagos, gastando ríos de dinero en la prensa y en publicidad, que el problema de Ancap era una diferencia de apreciación del tipo de cambio entre una consultora que estaba haciendo el estudio de los balances y los balances de la empresa. O sea, que era […] la pérdida de la empresa. Y terminó votándose una ley entre gallos y medianoches para capitalizar a Ancap en US$ 1.200 millones. Y no solamente eso, tuvimos que escuchar a la ministra de Industria faltándole el respeto a toda la gente diciendo que acá no se pone plata, que es un asiento contable. ¿De dónde van a salir los US$ 1.200 millones que se descubrió, después de la investigadora, que era el agujero que tenía la empresa, aun cuando no están redactados los informes? Una empresa petrolera. Empresa que por otra parte ha tenido negocios con Venezuela desde el año 2005 en adelante.
No quiero desenfocar la pregunta que usted me hacía, quiero decir que estamos frente a un evento, ante un hecho, ante una serie de datos que nos presentan una situación muy poco transparente en la que notoriamente hay una vinculación política entre el gobierno de Venezuela y el gobierno del Uruguay, los sectores políticos que han gobernado en Venezuela y los sectores políticos que han gobernado en el Uruguay, y que el gobierno y quienes tengan responsabilidad estarían obligados frente a la más mínima sospecha que nosotros presentáramos no de decirnos “presenten pruebas”, sino de decirnos “tenemos las pruebas de que no es así lo que están diciendo”. Porque en definitiva terminamos siendo nosotros los responsables de explicar una situación que el gobierno no está explicando, que no es transparente y sobre la que no se da ningún tipo de información a la opinión pública ni a la población.
NB —Está bien, entiendo lo que usted plantea, pero por poner el ejemplo con esta conversación concreta, usted en la primera parte de esta entrevista fue muy claro en por qué le parece que Aire Fresco fue beneficiada por el gobierno de Mujica, sin embargo no es igual de claro con relación a por qué Aire Fresco está favoreciendo económicamente al MPP o a cuál es el vínculo económico entre Aire Fresco y el MPP.
JT —Tengo los elementos para justificarlo y los voy a poner encima de la mesa en el momento oportuno. No es una afirmación liviana, es una afirmación seria, que tiene elementos que la respaldan.
NB —La conoceremos en su momento, entonces.
JT —Es notoria la vinculación entre los directivos de Aire Fresco y el MPP.
NB —Claro, sí, eso es una vinculación política.
JT —Es notorio, son personas que tienen vinculación con los organismos directivos, con las fundaciones que están en torno a ese movimiento. Entonces tiene todas las características, se parece pero no es; es como un acertijo. O sea que un señor amigo del presidente Mujica, que integra organizaciones vinculadas al MPP, es dueño de una sociedad anónima que se llama Aire Fresco, que es la única empresa que el gobierno uruguayo ha designado para representarlo en los negocios con Venezuela. Es la empresa que resuelve los problemas que tienen los exportadores uruguayos para cobrar en Venezuela, porque según dicen ellos es un gran lobista que va y abre todas las puertas, habla con todos los ministros y resuelve todos los problemas. Resulta que esa gente que por ese trabajo cobra el 3 %, y que gente del gobierno dice que está cumpliendo una tarea poco menos que honorable y una gran tarea comercial, tiene vinculaciones con el partido de gobierno y usted me dice que no hay una cosa rara.
Para mí francamente hay una cosa muy rara, y es por qué le tocó a Aire Fresco la suerte de ser intermediaria en negocios de un monto de hasta US$ 1.000 millones. Estamos hablando de muchísimo dinero, no estamos hablando de que le consiguieron una entrada para el cine o le facilitaron un empleo para la señora o le vendieron un auto para trabajar en Antel o en UTE. Le dieron una torta de negocios que le permiten cobrar de US$ 8 a US$ 30 millones de comisión. Son negocios que se hacen poco menos que entre gobierno y gobierno, porque el comprador en Venezuela es una empresa estatal.
RA —Cuando usted estuvo en Venezuela en diciembre pasado dijo que le quedó un canal abierto con la oposición para investigar todos los negocios bilaterales. ¿Ha tenido alguna novedad al respecto? ¿Le han brindado información nueva?
JT —La visita que hicimos en diciembre y la que hicimos esta semana fueron visitas estrictamente políticas, tuvieron que ver básicamente con la elección en diciembre y esta semana con la asunción de la nueva Asamblea Legislativa. Obviamente en esas instancias uno tiene contactos bilaterales importantes con políticos y con colegas parlamentarios. Les hemos escuchado que allá existe una gran preocupación por todo el tema de la corrupción, el propio presidente de la Asamblea, el nuevo presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, dijo en su discurso inaugural el martes pasado que el tema de las investigaciones de la corrupción en Venezuela era un tema principal para la Asamblea que se estaba instalando. Señaló que la Comisión de Contraloría, que es una comisión permanente en la Asamblea Nacional de Venezuela, se va a hacer cargo de analizar la totalidad de la gestión de gastos del gobierno.
No tengo ninguna duda de que ahí se incluirá el capítulo de compras de alimentos por el gobierno de Venezuela en volúmenes realmente importantes. Porque en la economía centralizada de corte socialista interventor que se estableció en Venezuela se suponía que los insumos básicos para la población eran comprados por una gran trading del Estado y distribuidos a través de una cadena de distribución en todo el territorio nacional. Son volúmenes de alimentos y de dinero para nosotros prácticamente inalcanzables. Uruguay no es el único proveedor de alimentos, también Brasil es un gran proveedor y otros países.
Por lo que he escuchado allí, sin perjuicio de lo que son todas las negociaciones de petróleo a nivel internacional, hay dos temas que ocupan una especie de línea prioritaria en las investigaciones, que son los alimentos y los medicamentos. La oposición venezolana, hoy mayoría en el Congreso, señala que en esos dos rubros está en condiciones y está dispuesta a hacer investigaciones, porque tiene informaciones que indican que allí ha habido procedimientos muy poco transparentes. Ellos los califican directamente de procedimientos de corrupción.
RA —Con estos elementos que tiene, ¿cuáles son sus próximos pasos? ¿Está pensando en que esto se lleve a una comisión investigadora en el Parlamento? Habló también de la justicia, ¿está pensando en hacer una denuncia judicial?
JT —No, la referencia a la justicia fue cuando ustedes me dijeron que algunos legisladores del MPP habían dicho que me iban a hacer una denuncia por difamación.
RA —Por ahora descarta llevarlo usted a la justicia. ¿Pero sí puede plantear una comisión investigadora puntual sobre este tema?
JT —Para llevar los antecedentes a la justicia hay que tener elementos articulados y organizados en torno a una denuncia que constate la eventualidad de la ocurrencia de un delito. Creo que la investigación parlamentaria necesariamente es o debe ser en un sistema democrático un mecanismo adecuado de análisis de estos temas. Las comisiones investigadoras son el instituto constitucional establecido en el artículo 120 de la Constitución. En los últimos años no ha habido muchas investigadoras, solamente ha habido una, que es la de Ancap, que ya ha dado resultados claros antes de su terminación. Muy probablemente ese sea el camino, pero nosotros no debemos anunciar ninguna medida hasta tanto no tengamos los contactos que tenemos que tener con los demás sectores parlamentarios, porque presentar una solicitud de investigación sobre un asunto para nosotros no es solamente presentarla porque la oposición quiera que ello ocurra, sino que vamos a buscar que también haya votos del partido de gobierno para que se pueda poner en marcha. Para eso vamos a manejar antecedentes importantes en este tema.
***
Transcripción: María Lila Ltaif
