EC —Incorporamos una pregunta del público.
RA —La pregunta es si la necesidad de recomponer las cuentas públicas puede derivar en créditos de asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).
ET —Es todo lo contrario, absolutamente lo contrario. Tenemos que entender cuándo es que los países recurren al FMI; no es cuando tienen que poner orden a las cuentas públicas, es cuando se quedan sin crédito. Es lo que le pasó a Argentina. Argentina, como nosotros, gasta más de lo que le ingresa, se endeudó, se endeudó, y en un momento los acreedores le dijeron “no te presto más, porque no sé si me vas a pagar si te seguís endeudando”. Cuando no hay más crédito y uno está gastando más de lo que le ingresa, o termina haciendo que los gastos y los ingresos coincidan de manera bestial e inmediata, porque ya no hay crédito, o va al único jugador que queda y le dice “¿me puede ayudar en esta situación a hacer un reordenamiento gradual de mis cuentas?”, “sí, cómo no, ¿cómo lo va a hacer?”, “así y así”, “pero me a mí me parece que debiera hacerlo asá”. Eso es la condicionalidad. O sea que uno finalmente, si se pone en una situación en la que perdió acceso al crédito, lamentablemente termina recurriendo al FMI y perdiendo la independencia de decidir sobre su destino de acuerdo a su propia preferencia.
Queremos evitar que eso ocurra, pero para eso el país no puede seguir endeudándose al ritmo al que lo está haciendo y correr el riesgo de correr el crédito. Tenemos que tomar medidas que aunque no lo logren de manera inmediata marquen un camino muy claro de que el país en los próximos cinco años de gobierno va a poner en orden sus cuentas públicas redimensionando el Estado, reorganizando el funcionamiento de las empresas del Estado, haciendo una reforma del sistema de protección social, de manera tal que cuando la gente mire, tanto inversores como acreedores, diga “este país cambió de rumbo, este país va a poner en orden sus cuentas, este país va camino a eliminar el déficit fiscal y a construir una estructura de costos –tarifas de gasoil, de energía eléctrica– y una estructura de impuestos que van a hacer viable invertir y tener rentabilidad para producir”.
Eso es lo que se precisa. Para eso no se precisa ir al FMI, se necesita hacer eso para evitar eventualmente caer en la situación de tener que recurrir al Fondo.
EC —Esa es la decisión: no ir al FMI.
ET —De ninguna manera. Al contrario; así como vamos, si le quedaran a este gobierno del FA dos años más, terminaría yendo al FMI porque se quedaría sin crédito. Eso es lo que vamos a tratar de evitar para mantener la posibilidad de decidir por nosotros mismos y no que decida por nosotros el único que te presta plata cuando nadie más te la presta.
EC —Todo indica que el déficit fiscal se va a situar en torno de 5 % del PBI a fines de este año. Entonces, en el caso de que usted sea presidente de la República, ¿a qué nivel bajará el déficit fiscal y en qué plazo? ¿Cuáles son las metas que se plantea?
AIZ —Nuestro plan de gobierno tiene como objetivo llevar el déficit fiscal a nivel del 2 % del PBI. Eso implica un superávit primario, antes de servir los intereses de deuda pública, y es un nivel que asegura una sustentabilidad de evolución del trayecto de la deuda pública.
EC —El nivel sería 2 % del PBI. ¿En qué plazo?
AIZ —El mejor que podamos. Lo que sostenemos, como decía Talvi, es que las calificadoras le están dando tiempo al país. La sostenibilidad de la deuda por lo tanto también tiene tiempo, o sea, lograr la sostenibilidad de la deuda, lograr el 2 % de déficit fiscal tiene ese tiempo también.
EC —¿Cuál es la tolerancia que ustedes estiman que existe? ¿Dos años?, ¿tres años?, ¿cuatro años?
AIZ —No te voy a decir un año, dos años ni tres años, no te voy a dar un horizonte específico en años.
EC —Pero en la medida en que la referencia es la tolerancia que existiría por ejemplo de las calificadoras, ustedes deberían saber algo en ese sentido.
AIZ —Cuando uno mira los informes de las calificadoras, Uruguay todavía tiene espacio, cuando uno mira lo que representan los intereses sobre los ingresos, lo que representa el nivel de deuda sobre PBI, algunas calificadoras nos tienen dos escalones arriba del investment grade, algunas nos tienen con una perspectiva estable, para otras estamos más en el borde. Entonces creemos que si uno fija un trayecto, un objetivo, una agenda de reformas creíble, los tiempos para ir paulatinamente tendiendo a ese nivel están. No hay medidas que se puedan aplicar en forma inmediata para bajar 3 puntos de déficit del PBI en un año y medio, eso lo tenemos claro. Nos hemos reunido con algunas calificadoras y lo que planteamos es algo que es aceptado y que es posible.
RA —¿Cómo se proponen hacer el ajuste en las cuentas públicas? Varios analistas coinciden en señalar que parece muy poco probable que, por la magnitud del ajuste que se tiene que hacer, todo pueda recaer en el gasto sin aumentar impuestos. Muchos consultores entienden que van a tener que aumentarse impuestos, sin embargo los candidatos han insistido en que no hay margen para aumentar impuestos y que no lo van a hacer. Ustedes decían en el bloque anterior que se la juegan al crecimiento de la economía. Entonces, a grandes rasgos, ¿cuánto se proponen bajar el gasto público en los primeros dos años de la administración? ¿Y en qué áreas se plantean hacerlo? ¿En qué ministerios? ¿En qué empresas públicas?
AIZ —Apostamos a una baja de 2.000 millones de dólares al cabo de los cinco años. Hemos hecho estudios, por año se terminan unos 20.000 vínculos con el Estado. Como vimos, en las últimas tres administraciones se ha aumentado en 70.000 vínculos con el Estado. Cuando hablamos de la pérdida de empleos, esta baja de 60.000 empleos que ha tenido la economía, hay que considerar que el impacto sobre la baja de empleo del sector privado es mucho más grande que esos 60.000, porque si son 70.000 vínculos, el Estado habrá contribuido con 60.000 empleos, pero en definitiva eso muestra cuán afectado está el sector privado en materia de empleo. Con la no renovación de alrededor de 9.000 vínculos de los 22.000 que finalizan por año por fallecimiento, por jubilación y por terminación de contratos –en las áreas que nos hemos marcado que no son las prioritarias, se estarían dejando de lado educación, seguridad, salud y justicia, que es otro inciso que está subdotado–, el ahorro que se puede lograr es de alrededor de 200 millones por año. Y luego actuando sobre las empresas públicas y las empresas satélites de las empresas públicas –se han creado una gran cantidad de unidades productivas en torno a las empresas públicas–, que hoy no están controladas por el Tribunal de Cuentas, donde también creemos que se están haciendo gastos en forma no lo responsable, se reducirían otros 1.000 millones de dólares al cabo de los cinco años.
PR —De 22.000 vacancias por año no se renovarían unas 9.000, creo que eso es el 40 %. Pero a su vez hay áreas prioritarias donde no debería restringirse, que más o menos debe ser la mitad de los funcionarios –mencionaste educación, salud, seguridad–. Eso más o menos nos da la mitad de los 300.000 vínculos laborales, lo cual para cumplir el objetivo implicaría no renovar un enorme porcentaje del resto de las vacantes. Es un 40 % del total, pero si lo aplicamos sobre la mitad debe ser mucho más. ¿Esa es la conclusión correcta?
AIZ —Sí.
