EC —En enero corresponde un aumento de los salarios públicos, que se supone se dará a conocer en pocos días en un decreto del Poder Ejecutivo. En los últimos años se ajusta por inflación pasada en base a lo acordado en el convenio colectivo de la rama. Las empresas públicas también tienen aumentos de salarios. ¿Cómo se van a manejar estas resoluciones?
AG —Con la única resolución que corresponde, que es el cumplimiento del convenio colectivo.
EC —Eso ya está predeterminado, no hay nada que discutir.
AG —¿Y qué alternativa correspondería? ¿Incumplirlo? Hay un convenio colectivo vigente, no cabe otra alternativa desde nuestro punto de vista.
EC —Hay otras resoluciones que también caen en esta época del verano. Por ejemplo, el ajuste del Imesi en los combustibles. ¿Qué se hará ahí?
AG —Tanto el doctor Roballo como quien habla fuimos designados coordinadores de esta transición, entonces a partir de la información que vaya brindando cada ministerio por un lado, que va a estar disponible a partir del 10 de diciembre, y a partir de las definiciones del gobierno electo en función de cuál va a ser su gabinete definitivo, se van a ir disparando reuniones bilaterales entre los jerarcas salientes de cada ministerio y los jerarcas entrantes. Ese es el camino que hemos determinado seguir de manera ordenada en esta transición. Por lo tanto hay una serie de temas que van a formar parte de la relación bilateral de los ministros que entren con los ministros que salen. Porque allí lo que hablábamos del gran árbol del Estado y las ramificaciones que pueden existir dentro de cada ministerio es importante, la información es muy abundante. Nos parece que esa es la mejor manera de trabajarlo.
En este momento el gobierno electo tiene designados, según información pública, tres ministros, y una de ellos es la economista Azucena Arbeleche, a quien conocemos desde hace muchos años, trabajamos juntos cuando yo estuve en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tenemos una muy buena relación, pero la contraparte de ella es el contador Astori y la estructura del MEF. En este momento tanto el ministro como el subsecretario están en dos importantes reuniones en las que Uruguay tiene que participar. Una de ellas es el directorio de la CAF, de la cual Uruguay es socio, como buena parte de los países de América Latina, y allí está el ministro Astori. La otra reunión es la Cumbre del Mercosur y el Consejo Mercado Común, del cual forma parte el subsecretario Ferreri. Por lo tanto cuando ellos retornen, que va a ser a fines de esta semana o principios de la que viene, se podrá trabajar de manera bilateral entre las dos partes.
EC —Le preguntaba en particular por el Imesi a los combustibles porque incide en los precios.
AG —Sí, esto es un resorte que el MEF va a resolver.
EC —¿La decisión comunicada en julio de no tocar las tarifas da por supuesto que en el mantenimiento de los precios está incluida la variación del Imesi?
AG —Es algo que el ministerio tiene que resolver. Yo no quiero meterme en un tema que es del MEF, se va a tratar de manera bilateral en esas reuniones. Fue lo que le respondimos ayer a Azucena.
EC —¿Como vio el comunicado que emitió a comienzos de la semana la agencia calificadora de riesgo Fitch Rating, esta que por ahora tiene a Uruguay en el grado inversor, pero en el escalón más bajo y con perspectiva negativa? El panorama que traza a propósito de lo que va a enfrentar el nuevo gobierno es sombrío, lleno de inquietudes y preocupaciones. ¿En general cómo lo vio?
AG —Lo leí esta mañana. Creo que la calificadora expone su visión. Me parece que este tema lo hemos venido conversando y se ha venido discutiendo públicamente en los últimos años, el tema fiscal ha sido una preocupación permanente y relevante del propio ministerio. Es una primera consecuencia directa de un crecimiento económico menor que el de los últimos años y que implicó durante la campaña electoral que nosotros manifestáramos que nuestra visión era en primer lugar procrecimiento, y que el Uruguay –el propio comunicado de Fitch lo dice– tiene importantes inversiones, como el tema de UPM Centenario, con unos 3.000 millones de dólares, y participaciones público-privados realizadas durante este gobierno pero que se van a construir en el período que viene, por unos 2.000 millones de dólares más. Esto implica una inyección muy fuerte, una base fuerte para un crecimiento del producto y eso va a ayudar.
En segundo lugar, también se habló de la necesidad de que el país encare una reforma previsional, que es un proceso que sabemos que lleva su tiempo pero que el país puede hacer con tiempo y sin pérdida de derechos para la población.
EC —Pero vio que Fitch a partir del déficit fiscal con el que estamos, cercano al 5 % del PBI, dice que para que sea sustentable la deuda del Estado uruguayo hay que corregir, hay que ajustar 2,5 puntos del PBI.
AG —Sí. Eso me lo preguntaban ayer, fui especialmente a mirarlo y no vi que dijera en qué período.
EC —No señala un plazo, no dice que tenga que hacerse en un año ni en dos.
AG —Justamente, ayer cuando me preguntaron no quise responder porque quería ver específicamente ese punto. De ahí deduzco que está hablando del período de gobierno entero.
EC —Sí, puede interpretarse así.
AG —Además hay otro elemento importante, lo dijimos en la campaña también: los años electorales necesariamente implican postergación de decisiones de inversión. No quiero ser irónico, pero algunas visiones que eran muy críticas antes del balotaje y pasaron a ser optimistas. Entonces es de esperar que la inversión tenga una retomada importante, Uruguay tiene grado inversor y la inversión va a ayudar a que el crecimiento económico ayude a mantenerlo. Es muy importante y muy relevante.
EC —Usted está haciendo un pronóstico más optimista que el de Fitch.
AG —Estoy haciendo el mismo pronóstico que hacíamos antes.
EC —Porque Fitch ve con escepticismo la posibilidad de que el gobierno nuevo encare estos desafíos en materia fiscal, siembra una cantidad de dudas. Por ejemplo, dice: “Si bien Lacalle Pou se comprometió a abordar los obstáculos clave para la competitividad, incluida la reducción de tarifas de servicios públicos y la adopción de políticas salariales y laborales más flexibles, la posición ideológica diversa de la coalición podría obstaculizar reformas ambiciosas. El compromiso del nuevo gobierno de contener el gasto para reducir el déficit en lugar de aumentar los impuestos podría ser difícil. Los planes de ahorro de 900 millones de dólares anuales enfrentan cierto escepticismo por parte de funcionarios gubernamentales actuales y anteriores y pueden enfrentar desafíos de implementación. Partes de la agenda de crecimiento del nuevo gobierno podrían entrar en conflicto hasta cierto punto con la consolidación fiscal. Los objetivos fiscales de cinco años de la administración que se van a publicar en el ejercicio presupuestario del próximo año indicarán cómo espera equilibrar esas compensaciones”.
AG —Yo no le voy a responder esa pregunta. Esa pregunta la tiene que responder el gobierno electo, porque está más referida a las políticas que iría a implementar. Me parece que no corresponde. Y menos en el rol que tenemos en este momento, cuando estamos en diálogo con el gobierno electo en plena transición. Así que creo que no corresponde que haga comentarios sobre eso.
EC —Sí, pero el resumen es: un panorama fiscal complejo y dificultades que podría enfrentar el nuevo gobierno para encararlo por diferentes razones, entre ellas incluso las características de la coalición multicolor.
AG —Sí. El mismo comentario que le hice recién. Debería responder el gobierno electo.
EC —¿Para usted el panorama fiscal no es tan complejo?
AG —Creo que con esos dos elementos, que no pueden postergarse. El tema de retomar la agenda procrecimiento, para lo cual hay una base muy importante de inversión; repito, 5.000 millones de dólares en los próximos dos años y medio, tres años, implican ya un impacto en el producto, en el crecimiento y en el empleo, que es la otra preocupación que hemos planteado en los últimos tiempos. Y la reforma previsional, en la que es mano el gobierno entrante, que tiene que generar un proceso para que eso se vaya dando. Me parece que esta tiene que formar parte de una política de Estado, de diálogo nacional, y sobre todo que en el proceso no puede haber pérdida de derechos que nos han enorgullecido en los últimos años, tras 16 años de incremento de las jubilaciones reales.
***
Transcripción: María Lila Ltaif
