EC —Sin mucho más, decía que una comunidad necesita otra cosa, no necesariamente un liceo modelo.
LLP —Bueno, la comunidad es fundamental. Por eso, nosotros estos cuatro o cinco años insistimos con el gobierno, con poca suerte como en la mayoría de los temas, en tener una elección de horas distinta y comunidades educativas estables. Para nosotros ahí está gran parte de la reforma educativa: cambiar la elección de horas, que los docentes con más experiencia, los mejores, vayan a los liceos donde más se los necesita y que en las comunidades educativas el director tenga la chance de saber cuál es su plantel -docente y no docente- para que conozcan a los niños. ¿De qué nos quejamos, cuál es el diagnóstico? Que hay muchos niños y niñas que no tienen en sus casas una contención ya no de un nivel intelectual, sino de nivel afectivo, y que llegan al centro educativo y que los adscriptos, el profe de Geografía, de Historia, de Matemática, no los conocen, entonces ni siquiera les pueden poner límites, que a determinada edad es un acto de amor. Si nosotros concentramos en determinadas zonas qué docentes se necesitan, si transformamos la elección de horas -que ya para este año que viene llegamos tarde, porque empiezan en octubre, o sea que si la gente nos elige en nuestro primer año de gobierno lo vamos a tener bajo una elección de horas equivocada del gobierno que está terminando-… Después, insisto, comunidades educativas, asegurarle a un director por lo menos dos años de un cuerpo docente y no docente, presupuestos diferenciados -ya hubo un intento en ese sentido en el ProMejora-… La inspección, cambia su forma, la inspección es casi una intervención semanal, allí irá el arquitecto, el asistente social, el psicólogo, la propia inspección, para evaluar ese liceo. Lo que no se evalúa no se mejora, en ningún aspecto de la vida, y como ahí nos estamos jugando gran parte de una sociedad integrada, allí tiene que haber una fuerte apuesta que, insisto, y retomo el principio de la pregunta, tiene puntos de contacto con la de Ernesto Talvi. No me cabe la menor duda de que le pondremos números distintos, veremos en qué lugares, yo lo he escuchado decir que tiene los lugares ya planificados, no me cabe la menor duda de que quien conoce el país y Montevideo rápidamente sabrá que seguramente es el 73 y no el 15 el que necesita esas cosas, así que nos vamos a poner de acuerdo.
EC —Seguimos hablando de diferencias y coincidencias.
RA —Sí, yendo a eso en particular: usted marcaba las coincidencias en los aspectos económicos. La economista Ana Inés Zerbino, que es referente de Ernesto Talvi, dijo en declaraciones a la diaria: “el mejor asignador de los recursos es el mercado”, y luego aclaró: “pero con ciertas salvedades en las que hay que intervenir”. ¿Cómo se para usted ante esa afirmación? ¿Efectivamente el mejor asignador de los recursos es el mercado?
LLP —Es un programa de coincidencias y diferencias, por lo que veo, yo tengo el chip de las coincidencias, así que voy a tratar de… No necesariamente, y empiezo hasta por la política exterior: el mercado exterior mundial está fuertemente influenciado por la política, si vamos al planeta en sí, la política incide 100 % en los mercados. Vamos a poner el caso uruguayo más sonado: nosotros le vendimos a Venezuela lo que queríamos y al precio que queríamos hasta que no nos peleamos con los que nos teníamos que pelear o no nos teníamos que pelear. Claramente, hoy la oferta y la demanda no son quienes regulan el mercado ni la distribución de la riqueza. Sí creemos que la creación del Estado es funcional a la población. Muchas veces en un país como el nuestro, que el Estado cobra una relevancia en toda la sociedad y avanza sobre la economía, se terminan generando injusticias, porque hoy estamos convencidos de que hay una intervención muy grande del Estado en determinados sectores que termina renunciando a donde tiene que estar. Si uno ve, ha crecido enormemente el Estado periférico o secundario y se ha abandonado o cedido el Estado primario, el nuclear, que es ahí donde se debería generar la oportunidad de cerrar brechas -estoy hablando de la educación, la salud y la seguridad-.
RA —¿Pero qué instrumentos utilizaría, por ejemplo, para asegurar la distribución de la riqueza?
LLP —A ver, cuanta más plata haya en el dinero de los uruguayos y menos en el Estado mejor, seguro, y si vamos a apostar a que haya menos plata en los bolsillos del Estado, tenemos que ser más eficientes. Notoriamente la relación entre el gobierno y los ciudadanos es: nosotros generar herramientas y oportunidades y la gente generar riquezas. Obviamente, cosa que vamos a hablar más adelante, está muy vinculado a quiénes participan de esa riqueza. Hoy estamos acostumbrados a una relación de conflicto como base, que es el tema de las relaciones laborales y no una relación de cooperación. Nosotros apostamos a que el Estado genere leyes claras, te diría que de las cosas más importantes que Uruguay tiene que generar a través de un gobierno es confianza, la confianza es terreno firme para que la gente apueste e invierta. Ayer estábamos en Buenos Aires, fuimos a conversar con empresarios argentinos para decirles que vengan e inviertan, que Uruguay tiene muchísimas cosas para ofrecer -obviamente no me metí en un terreno escabroso como el de la política argentina, y menos allá-. Pero es fundamental el tema de la confianza: oportunidades, infraestructura, no excedernos en el cobro de los tributos, que las empresas sean viables. Hoy tenemos una enorme dificultad de viabilidad de pequeñas y medianas empresas, cuando no las grandes, y eso corta el ciclo de inversión, de trabajo y de generación de riqueza.
EC —La última pregunta en esta parte en la que estamos consultándole sobre coalición, acuerdos, coincidencias y eventualmente diferencias con otros sectores de la actual oposición. Por ejemplo, Cabildo Abierto, ¿cómo jugaría en ese esquema? Lo llevo a un terreno concreto, el de la seguridad pública, veo en el programa de Cabildo Abierto: “Crear la figura del serenazgo, autorizando la creación de cuerpos de vigilancia privados bajo control operativo de las zonas policiales y seccionales, integrados por personal policial y militar retirado, para incrementar las capacidades de las seccionales policiales, particularmente para la vigilancia territorial nocturna”. Otro punto: “Derogar la ley 19.247, de armas, confeccionando una norma moderna que, además de simplificar los registros con empleo de tecnología, permita adquirir y tener armas para la legítima defensa en forma legal”. ¿Usted comparte ese tipo de medidas, podrían formar parte de un acuerdo?
LLP —Quizás a priori debí de haber dicho una cosa, que quien obtenga la mayor representación y le toque encabezar este acuerdo multicolor va a ser quien tenga la columna vertebral programática; así lo establece la gente si opta por un partido mayoritariamente, esto no quiere decir aprobar o llevar programas o postulados según porcentajes. Notoriamente hay algunas cosas que mencionan ustedes de Cabildo Abierto que tiene algo de lógica y sentido común, por ejemplo, Álvaro Garcé ha tenido varias reuniones con la creciente figura del guardia de seguridad en nuestro país, que ha tenido un crecimiento exponencial; obviamente hay distintos tipos de guardias de seguridad, está el que porta arma y el que no, y con distintos servicios. Nosotros tenemos específicamente en nuestro programa la coordinación con las empresas de seguridad, que hoy son muchísimas y no tienen una coordinación con la Policía. Yo no comparto la acción que tuvo el gobierno con los retirados policiales y militares que históricamente tenían el porte de armas de hacerles un examen posterior, que generaba una forma de retirados, de reserva para nuestro país. La tenencia de armas es todo un tema, recuerdo que en la época de apogeo de Luiz Inácio Lula da Silva, cuando estaba techando su popularidad, fue rumbo a un plebiscito por la tenencia de armas en Brasil, y perdió 70/30 o 75/25, porque es muy ingenuo pensar que una política de desarme va a desarmar a la delincuencia, es muy ingenuo; yo he ido a Policía Científica, que aparte tiene un museo de armas incautadas. Creo que allí tenemos que tener una política muy fuerte de desarme de aquellos que no cumplen con la ley, que utilizan las armas para delinquir. La gente no se arma porque sí, me gustaría que haya menos armas en el país, sí, ahora, vamos a empezar por donde hay que empezar. En un predio rural yo conozco gente que ha comprado una escopeta porque ya no le roban la oveja, van, se le meten adentro del galpón y de la casa y le copan los lugares, y está solo. Vuelvo a lo que dice hace un ratito: cuando el Estado no cumple el fin esencial, que es entre otras cosas proteger la vida y los bienes de un individuo, alguien lo va a defender. ¿Es preferible que sea el Estado? Por supuesto, si no lo hace el Estado lo va a hacer alguien. El desarme tiene que ser el de la delincuencia. Con el tema del serenazgo, me pareció una idea original, no sé si aplicable; el cuidado de los espacios públicos es fundamental, hay sociedades que yo les tengo cierta admiración que generaban cada determinada cantidad de manzanas un espacio público y allí se generaba la interacción social. La pérdida de los espacios públicos por parte de la sociedad creo que son procesos que revierten los relacionamientos interpersonales, y lamentablemente muchas veces uno recorre Montevideo, sobre todo algunas plazas del interior, y han sido tomadas por aquellos que no se comportan de manera adecuada. Entonces, esa plaza debe ser cuidada, el serenazgo puede ser.
EC —Acá se lo propone con integración por parte de personal policial y militar retirado.
LLP —Uruguay tiene un tema que no hay que dejar de lado: tenemos más policías por habitante que el resto de América, creo que hay un país [que está por encima]. Que nadie diga que en Uruguay la seguridad no camina por falta de policías, la seguridad no camina por falta de jerarquía, porque hay una concepción ideologizada del Frente Amplio, desde el principio, que le da al delito un origen distinto al que tiene. Basta con ver las primeras dos medidas del gobierno de Tabaré Vázquez en 2005 para darse cuenta de que hay una concepción totalmente injusta y equivocada. La primera fue la liberación de 700 presos sin importar su conducta, si tenían cierta capacidad previa de reinsertarse en la sociedad, alcanzaba con cometer determinado delito y haber cumplido tanta pena para ser liberado. La segunda fue la derogación del decreto 690, que no recuerdo el año, que permitía a la policía pedir la cédula. De ahí a la fecha hay un encadenamiento de hechos que ideológicamente en el sentido contrario a proteger a la ciudadanía. Lo que ha fallado es el apoyo moral y legal a la policía, nosotros insistimos con la legítima defensa policial, hoy a la policía se le tira a matar. No sé si escucharon un audio de un programa de radio en el que un policía dice: no me quiero subir más al ómnibus con el uniforme, me pongo un deportivo. Lo dice con la voz quebrada, porque ese hombre se metió por vocación a ser policía y tiene vergüenza. Eso es porque le falta mando, autoridad, al país le hace falta autoridad, en todos los ámbitos, pero específicamente en materia de seguridad, como nunca. El otro día dije: 2 o 3 de marzo, nombrados los jefes de Policía, a la Torre Ejecutiva con un mandato expreso y claro de un nuevo despliegue territorial y táctico y no poner cifras de un 30 %, que no van a cumplir, no hacer marketing, sino hacer realidad, que el delincuente sepa que a partir del 1 de marzo de 2020 se va a combatir la impunidad en todos sus ámbitos.
