
EC —Guido Manini Ríos, candidato a la Presidencia de la República por Cabildo Abierto, fue comandante en jefe del Ejército desde febrero de 2015, al final del gobierno Mujica, hasta hace pocos meses, este año, en el gobierno de Tabaré Vázquez. Es licenciado en Historia por la Universidad Católica.
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EC —A partir del perfil que tratábamos de trazar recién sobre qué es CA, avancemos hacia el programa, este programa que ustedes presentaron ayer. Por ejemplo, en seguridad pública, que obviamente es uno de los temas que usted privilegia en sus presentaciones, aparecen algunas figuras novedosas y que van a llamar la atención, van a ser discutidas. Por ejemplo, ¿qué es la figura del “serenazgo”?
GMR —El tema de seguridad entendemos que hay que abordarlo desde distintos ángulos. Hablamos del tema policía, el tema justicia, el tema cárceles y el tema combate al narcotráfico, esos son los grandes cuatro ejes que queremos afrontar, todo en forma simultánea, mediante un marco legal, una ley de urgente consideración que tenemos que remitir de inmediato al Parlamento una vez en el gobierno.
La figura del serenazgo es uno de los puntos que se agregan a ese programa, con el cual lo que se pretende es establecer una línea más en el control, sobre todo de los espacios públicos. Está pensado para en cierta forma regularizar o poner orden en iniciativas que hay en determinadas localidades y en determinados barrios, entre vecinos, de conformar grupos de patrullas nocturnas, etcétera.
EC —Pienso por ejemplo en Toledo, Canelones.
GMR —Por ejemplo en Toledo, y hay otros lugares; en el medio rural está pasando. Creemos que es fundamental volver a potenciar la comisaría de barrio, la comisaría rural, que hoy han sido prácticamente desmanteladas. Hoy hay uno o dos funcionarios policiales solamente para tomar denuncias con total incapacidad para actuar, para ir y proceder en caso de una denuncia en lo inmediato.
EC —Sí, el Ministerio del Interior (MI) ha dicho que eso es “deliberado”, que lo que se ha procurado es que los agentes de policía estén en la calle, recorriendo.
GMR —Pero de hecho no hay ni una cosa ni la otra. Esto del serenazgo es primero que nada ordenar una realidad que existe en algunos lugares, generar una línea más, controlada, supervisada por esas comisarías de barrio o de campaña, que aporte la presencia en horas y lugares en los cuales hoy esa presencia brilla por su ausencia. Me refiero al control de espacios públicos, plazas, etcétera, que muchas veces son tierra de nadie, lo que impide a la gente disfrutarlos. Creemos que una presencia bajo esta figura, ante la falta de funcionarios policiales suficientes para cumplir esa función, podría ser útil, con un costo relativamente bajo se podría instrumentar.
EC —¿Esos “serenos” serían militares retirados, policías retirados?
GMR —No, ahí se puso como ejemplo que podrían ser retirados policiales o militares, pero también pueden ser vigilantes y civiles que tengan la preparación adecuada, la instrucción necesaria para poder ejercer.
EC —¿Se les pagaría?
GMR —Se les pagaría un plus si son retirados. Creemos que es un costo menor que se financia con rubros del MI que hoy están asignados a otros fines.
EC —Y habría una regulación, un control a ese tipo de organizaciones.
GMR —La idea es regularlo y controlarlo, no dejarlo como está hoy, fuera del control, porque en definitiva son iniciativas que tienen determinadas localidades o barrios que pueden terminar, y han terminado en alguna ocasión, mal.
EC —Por otro lado también hablan de “voluntarios de protección civil”. ¿Qué es eso otro?
GMR —Es una idea que yo ya había esgrimido en el cargo que desempeñaba como comandante, es crear cursos principalmente en los ámbitos del Ministerio de Defensa Nacional, en unidades militares, pero puede ser en otros ámbitos del Estado. Para esa gente que ha quedado al costado del camino, que ha quedado por fuera del sistema de enseñanza, que ha quedado por fuera del mercado laboral, que son jóvenes y no tienen ninguna posibilidad de insertarse, creamos esa figura de cursos para voluntarios de protección civil. Eso significa gente preparada para actuar en emergencias, en un gran incendio, en grandes inundaciones, pero aparte el currículo incluye introducirlos a oficios, darles alguna herramienta para que puedan ganarse su sustento, darles normas de convivencia. Es un curso que estimamos en alrededor de nueve meses y que pensamos que puede ser muy útil para dar herramientas a gente que hoy no tiene ninguna posibilidad de salir de la situación marginal en la que está.
EC —Usted lo dijo: cuando fue comandante en jefe propuso una idea similar, en ese caso era el Ejército quien se iba a encargar de recibir a esos jóvenes y formarlos. ¿En este planteo también?
GMR —Acá no necesariamente es el Ejército, algunas de esas actividades pueden ser en el ámbito del Ejército, pero también pueden ser en el ámbito de otras instituciones. Se trata de darles oportunidades. Incluso hablamos de –esto es para estudiarlo, por supuesto que va a merecer una discusión y una especie de acuerdo con el sistema político– darles a quienes hagan ese cursillo prioridad para el ingreso a la gestión pública en determinados escalafones administrativos y de servicio. Que eso en definitiva signifique un servicio con un interés principal para aquel que después quiera ser funcionario público; ese curso le va a generar un plus en sus conocimientos, en su aprendizaje de educación cívica, de normas, de servicio público y de cosas tan prácticas como pueden ser los primeros auxilios. Cosas por el estilo.
EC —No es una medida vinculada con la seguridad pública, estrictamente, aunque de manera indirecta podría impactar en la seguridad pública.
GMR —Sirve para gente que hoy está marginada totalmente, que puede estar propensa a caer en alguna situación de delito, para que tenga una herramienta para poder ganarse honestamente su sustento.
EC —Sigo mirando los adelantos que se han publicado del programa de CA. Aparece la derogación de la ley del gobierno Mujica que introdujo la regulación del mercado de la marihuana. ¿Derogación lisa y llana?
GMR —De la marihuana recreativa, se mantiene la medicinal. Creemos que antes hay que hacer toda una planificación de contención de los adictos, tenemos que buscar la recuperación de los adictos a todo tipo de drogas, el Estado tiene que proporcionar una infraestructura mucho más contundente que la que tiene hoy, hoy no da respuesta al problema. El tema de la adicción a las drogas es muy grave y esta ley baja la percepción del daño, del mal que hace la droga, y en definitiva inicia en un camino que después se va profundizando y agravando. Creemos que no es bueno para la salud de la gente, está comprobado que la marihuana daña la salud. Creemos que el Estado no puede dar señales de legalizar algo que hace mal y que en definitiva afecta la salud de la gente. Por lo tanto nuestra propuesta es derogar esa ley y proporcionar la infraestructura necesaria para ir recuperando a los adictos, no solo a la marihuana sino a los distintos tipos de drogas, que es un gran flagelo que hoy tenemos y que está íntimamente relacionado con el delito. Es claro estadísticamente que detrás del delito hoy en buena proporción está el tema de la droga.
EC —Línea económica. ¿Cómo se define CA en esa materia?
GMR —CA propone un Estado de economía de mercado pero con conciencia social, no dejar todo librado a las leyes del mercado, no dejar fuera del camino a aquellos que no acceden a las posibilidades, a las oportunidades. Hablamos de un Estado activo, de un Estado que no sea prescindente. CA toma como ejemplo situaciones que se han dado a lo largo de la historia tanto en el Uruguay como en otros países en que la actividad del Estado ha sido determinante en la creación de la riqueza.









