JM —Es un mal procesamiento de la cuestión en el Ejecutivo. Estuve informado del proceso que llevaba adelante el gobierno antes de enviar el proyecto de ley y me consta que había puntos de vista disímiles y se zanjaron. En particular el presidente de la República –creo que es la función que tiene que cumplir, de presidente, de cabeza del equipo– zanjó la discusión y envió el proyecto de ley. Ese era el proceso, y se hizo sobre la base de unos números que eran los que se manejaron en ese momento, así se envió y se había resuelto la discusión. Luego la discusión pasa al Legislativo y esa es la discusión que hay que dar, se da en el ámbito del Legislativo hoy. Y esa ha sido la posición del presidente, expresada públicamente.
EC —¿En qué sentido? Porque yo hablaba de otra cosa, cómo se entiende que el MEF, nada menos que el MEF, descubriera después que los costos eran otros. Y no me estoy pronunciando sobre cuál de las evaluaciones es la correcta, pero hay una diferencia enorme entre US$ 2.500 millones y US$ 3.800 millones.
JM —Sin duda. Creo que es un mal procesamiento. No me parece razonable que el Poder Ejecutivo después de una discusión envíe un proyecto de ley y luego se plantee que no son esos los datos, que hay que revisarlos. Es un mal procesamiento, no hay duda, hay que ser crítico en eso. La prueba está en que el mal procesamiento está comprobado con la situación política que se plantea a raíz de eso.
EC —Quizás otra lectura que se puede hacer es que en el MEF cuando revisaron los números se molestaron mucho con el hecho de que en el MTSS hubiesen manejado esos mismos datos de otra forma, como que se vieron colocados en una especie de trampa, de brete. Lo digo tratando de entender las reacciones.
JM —En materia de cuáles son los números, creo que los que hay son distintas versiones de cuáles son los números adecuados. Una es la del Banco de Previsión Social (BPS), que es el órgano de seguridad social, el que tiene todos los datos, que dio este número de US$ 2.000 y pico de millones, y luego hay otra versión, que se hace posteriormente, que da US$ 3.700, US$ 4.000 millones. Pero esto es como las discusiones científicas, como no hay certeza en la cifra, lo que se hace es considerar determinados parámetros, determinadas variables para llegar a esos números. Creo que la diferencia está ahí. Insisto: esas diferencias se pueden tener, hay que ver cómo se procesan luego.
EC —Lo que llama la atención de cómo termina consolidándose esta polémica es que ahora hay un distanciamiento Vázquez-Astori. Por lo menos eso es lo que se desprende de la forma como Vázquez ha manejado el tema públicamente y de algunos trascendidos que aparecían en la propia Búsqueda del jueves sobre los contactos que Vázquez tuvo con Lucía Topolansky y con usted mismo la semana pasada.
JM —No, yo hablé con el presidente…
EC —“El presidente ya está casado de la situación, dijo uno de los legisladores más influyentes”.
JM —Está bien, pero esos son los trascendidos de prensa, y está bien, y son los énfasis. Yo estoy seguro de que entre el presidente de la República y el ministro de Economía debe haber mucho más de una discusión y es natural que sea así. Yo no puedo hacer caudal de trascendidos de que la situación entre el presidente y el ministro de Economía es mala o se ha agravado. Supongo que hay mucha discusión entre muchas agencias y me parece que es parte del funcionamiento en equipo. Conduce el presidente de la República.
EC —Este fin de semana Juan Castillo hizo comentarios a propósito de las negociaciones que venían teniendo lugar, y dijo que se está “a escasos metros” de llegar a un proyecto que ampare a los cincuentones, pero que no va ser el 100 % de lo que se pretendía. ¿Por ahí va la cosa?
JM —Ese es uno de los proyectos que están presentados, aparentemente por allí iría. Coincido con el secretario general del Partido Comunista en que estamos en la antesala del acuerdo, francamente creo que se va a llegar al acuerdo, y una de las variables es esa, que no sea el 100 % de lo que eventualmente habrían podido obtener si se hubieran mantenido dentro del régimen de previsión social. Esta es la perversión del tema, está en la injusticia originaria de este proyecto. Porque ¿dónde nace la injusticia?, ¿en las discusiones del FA sobre si son US$ 2.700 o US$ 4.000 millones? ¿O está en que en el año 96, en el año 97, por una ley que no votó el FA, que no apoyó el FA, no se computaron los aportes anteriores al año 96 de los que hoy tenemos 50 y pico de años, los cincuentones? Está esa injusticia que tenemos que corregir. Lo que me preocupa es que por la corrección de una injusticia advertida nos enfrasquemos en una discusión que nos tensa la discusión política en términos que van más allá de los desacuerdos de ideas.
EC —Usted ha dicho que es una paradoja.
JM —Sí, dije “es una burrada”, pero yo no trato de burro a nadie. Como diría su padre, “esto es una chambonada”.
EC —Una chambonada, una burrada. ¿Por qué lo dice? Porque el FA tenía la oportunidad de solucionar un inconveniente que generó una ley que el FA no votó.
JM —Exactamente, una jugada que tenía que ver con una visión además económica y de sociedad, nuevamente, que niega la solidaridad intergeneracional, que piensa más en el ahorro individual, en el ahorro previo, en lo egoísta. El FA tiene la chance de solucionar eso por una razón de justicia, que demuestra además la razón que tenía en aquel tiempo, pero lo termina convirtiendo en una discusión interna de posicionamientos entre distintos actores en un tono que, insisto, no me parece adecuado. No es que no haya que dar la discusión, bienvenida la discusión, porque los argumentos son válidos. Cuando algún actor del MEF con los que hablo frecuentemente me dice “esto es una injusticia, la solución que se está proponiendo es injusta, porque puede comprometer a futuro la situación fiscal”, son argumentos razonables, atendibles, no son una tontería.
