EC —De todos modos, está pasando esto que yo mencionaba recién. Y es tan singular lo que está pasando que el senador Pablo Mieres propuso citar a comisión del Parlamento a las tres partes.
JD —Yo voy con mucho gusto, porque usted no habrá escuchado nunca una crítica de mi parte ni al Poder Judicial ni a la Policía ni a los fiscales respecto al funcionamiento. Nuestra postura ha sido, en lugar de salir públicamente a echarle la culpa al otro, en primer lugar saber qué pasó, analizar qué pasó y hacernos cargo y hacernos responsables de la situación. Porque vivimos en un país –no solo respecto de este tema, también respecto de otros temas– donde hay muy poca gente que asume la responsabilidad, que dice “esto es mi responsabilidad” o “yo me equivoqué”. ¿Cuántas veces escucha usted acá decir “yo me equivoqué”?
EC —Ah, no, eso en Uruguay no existe.
JD —Esto es exactamente igual. Entonces lo que muchas veces pasa es que algo sale mal, enseguida entramos a buscar el culpable y enseguida todos empiezan a decir “la culpa de es de aquel”, “la culpa es de aquel”, “la culpa es del otro”.
EC —Para la población esto es desconcertante, la sensación que puede extenderse es la de que el sistema judicial y penal funciona mal y que eso va a perjudicar a la gente.
JD —Entiendo, y lo que le puedo trasmitir es que el sistema de justicia penal funcionaba mal, pero antes no se decía nada, no se sabía, todo era opaco y escondido pero como no se sabía no pasaba nada. Ahora funciona como funciona, cada uno tendrá una adjetivación, bien, mal, más o menos, regular, espantoso o excelente. Hemos tenido algunas dificultades que no pensábamos tener y hemos superado problemas que pensábamos tener. Antes del 1.º de noviembre había un montón de asuntos que pensábamos “esto va a ser espantoso, vamos a tener dificultades para resolver este punto”, pero llegó el 1.º de noviembre y ese problema se resolvió en la práctica. Y hubo dificultades que no pensábamos tener y tuvimos.
EC —¿Cuáles, por ejemplo, aparecieron y no estaban en los planes?
JD —En primer lugar, el volumen de las cargas de trabajo. Habíamos estimado, porque esos eran los datos que teníamos y que surgían de los sistemas, el manejo de un volumen de 220.000 eventos anuales –no denuncias, porque en muchos eventos no se parte de una denuncia de un damnificado–, lo que nos daba un promedio de unos 18.000 por mes. Hoy, a cuatro meses de la entrada en vigencia del Código, en lugar de tener 18.000 por mes tenemos 28.000 por mes. Esa cifra anualizada nos da 340.000 eventos por año, cuando partimos de una estimación de 220.000. Un crecimiento del 54 % en la cantidad de eventos. ¿A qué se debe ese crecimiento?
EC —Esa es la pregunta cantada.
JD —La pregunta cantada y la pregunta que nos estamos haciendo en este momento. La explicación más sencilla puede ser decir que aumentaron los delitos, lo que eventualmente en algunos casos podría justificar un aumento, pero nunca un aumento tan grande. La segunda es que antes existiera un subregistro, que es posible, yo he tenido algunas entrevistas con algunos jefes de Policía, sobre todo en el interior del país, que me dicen que antes en algunos lugares había un subregistro porque los eventos leves no se registraban. Y la tercera, que tiene un grado de incidencia, es que el Ministerio del Interior estableció un compromiso de mejora de gestión con sus funcionarios por el cual se paga diferenciadamente si hay un mejor registro –si se elimina el subregistro– y si la calidad de ese registro es mejor.
EC —También está de por medio el hecho de que los funcionarios policiales ahora disponen de tablets con las cuales pueden recoger las denuncias in situ, y para la gente entonces es más fácil que antes presentar una denuncia.
JD —Exactamente, ese era el cuarto factor.
EC —Sería algo parecido a lo de que antes había subregistro. Ahora se están denunciando hechos que antes no se denunciaban, que ocurrían pero no se denunciaban.
JD —Es una explicación posible de este incremento que realmente nos sorprendió, porque pasar de 220.000 a 340.000, si esto se mantiene, evidentemente fue sorpresivo y uno no puede tomar una previsión ante un crecimiento tan grande y prácticamente exponencial como el que está habiendo.
EC —El sistema de recolección de denuncias en las tablets de los policías fue introducido casi al mismo tiempo de la entrada en vigencia de la reforma del CPP.
JD —Exactamente. Y mire que no lo estoy cuestionando, me parece que está bien, lo que está mal es que exista un subregistro. Está bien que haya un registro adecuado de lo que pasa porque uno ahí puede trabajar de una manera. El tema es cuando se hacen previsiones en base a determinados datos estadísticos; evidentemente habrá que corregirlos.
EC —Entonces en vez de 18.000 eventos por mes son 28.000. ¿Cómo se corrige, cómo se enfrenta esa situación? ¿Hay presupuesto como para multiplicar la cantidad de funcionarios, de fiscales?
JD —La Fiscalía General de la Nación no tiene ese presupuesto asignado. Quiero aventar uno de los fantasmas que se han asentado por ahí de que a la Fiscalía le dieron todo lo que pidió. Cada vez que voy al Parlamento Nacional, a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, arranco diciendo “miren que a nosotros no nos dieron todo lo que pedimos”. No voy a meterme demasiado en ese tema, pero basta ver los registros en las versiones taquigráficas de las cámaras para saber eso. Sí nos incrementaron en forma importante el presupuesto, pero nunca nos dieron todo lo que pedimos. Además lo que pedimos lo pedimos en base a una determinada estimación. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es trabajando sobre la rendición de cuentas para hacer una propuesta que contemple ese incremento en las cargas de trabajo.
EC —¿Y mientras tanto, hasta el año que viene? Porque si usted consigue refuerzos de rubros en la rendición de cuentas recién van a estar disponibles en enero del año próximo.
JD —Mientras tanto hemos hemos estado trabajando en varios aspectos. En primer lugar, en proveer aquellas vacantes que se fueron generando como consecuencia de la implementación del Código, porque hubo fiscales que al día siguiente de que entrara en vigencia el Código presentaron su renuncia. No uno, varios. Esas vacantes hay que proveerlas. Las vacantes en la Fiscalía General de la Nación, los ingresos y los ascensos, son absolutamente todos por concurso de oposición y mérito, y los concursos de oposición y mérito, que son transparentes, llevan tiempo. La transparencia a veces tiene sus costos, que estamos dispuestos a pagar, y hemos ido llenando cada una de esas vacantes.
