EC —Usted está puntualizando que no había ningún criterio particular para ese caso.
JD —Exactamente.
EC —De todos modos, ¿por qué fue a Playa Verde?
JD —A Playa Verde no fui.
EC —¿Por qué se presentó en la zona donde se estaba investigando y dio un pronunciamiento a propósito de ese caso en particular?
JD —Y fui a Treinta y Tres y hablé. Porque los periodistas preguntan, y como yo tengo la buena costumbre de no sacarle la pata al lazo…
EC —¿Era necesario que el fiscal de Corte estuviera cuando se empezaba a procesar ese caso en particular?
JD —Y al otro día estuve en Rocha, y al otro día fui a Treinta y Tres…
EC —¿Pero con casos calientes arriba de la mesa?
JD —Sí, por supuesto. En Treinta y Tres hay un homicidio que conmocionó a la sociedad olimareña y todavía está sin aclarar. A veces los periodistas son muy glamorosos, atienden aquello que tiene glamur, pero el homicidio de Daniela Pérez en Treinta y Tres todavía está sin aclarar, y también estuve allí y también hablé.
EC —¿Y por qué tenía que estar, por qué tenía que ir?
JD —¡Porque recorro todo el país!
EC —Está bien, pero puede sospecharse –ahí viene la especulación– que usted va y dicta instrucciones o va e influye en el accionar de los fiscales.
JD —Eso es una mera especulación que no tiene ningún fundamento. Con ese grado de susceptibilidad entonces yo vengo acá específicamente… Parece que hay una especie de paranoia, todo lo que hace Díaz hay que mirarlo con una lupa y es por esto, por aquello, por lo otro. ¡Vamos a no ser tan paranoicos! Con ese criterio, se tiende a que Díaz no salga de su despacho, a que se quede sentado en su despacho y que no trabaje.
EC —Usted sabe que no es el doctor Salle el único que hace este tipo de planteos. Esto está arriba de la mesa, por eso se lo estoy planteando en esta entrevista.
JD —Las atribuciones que tiene el fiscal de Corte son las que están en la ley. Dentro de la Constitución y la ley todo, fuera de la Constitución y la ley nada. Esa ley fue aprobada en el Senado por unanimidad y en Diputados por una amplísima mayoría. Acá hay una política de Estado de transformar a la Fiscalía en un servicio descentralizado. A mí me hubiera gustado hoy hablar de todo lo que se ha hecho en la Fiscalía en estos últimos cinco años. La Fiscalía es hoy un servicio descentralizado, la Fiscalía redefinió sus cometidos, la Fiscalía adquirió el año pasado dos edificios en Montevideo y un edificio en el interior, la Fiscalía tiene un sistema de información. Se han hecho un montón de cosas positivas, el sistema político lo sabe porque se le informa permanentemente, y esta ley va en línea y en sintonía con una política de Estado que no es muy diferente de las políticas de Estado que se siguen en el resto de los países del mundo. Lo que pasa es que nosotros teníamos una ley del Ministerio Público del siglo XIX. Había gente, entre las cuales están algunas de las personas que usted me nombró, que quería seguir teniendo ese sistema del siglo XIX. Es un tema filosófico.
EC —¿Y por qué querían? ¿Cuál era el beneficio?
JD —No lo sé, pero ¿por qué pensamos en un beneficio? ¿Por qué no pensar que filosóficamente se tiene una posición contraria?
EC —Está incluso la discusión a propósito de la eventual inconstitucionalidad del nuevo Código.
JD —No, porque acá se ha planteado la inconstitucionalidad hasta de la respiración de Díaz. Se planteó la inconstitucionalidad de la creación del servicio descentralizado y la Corte la rechazó, se planteó la inconstitucionalidad de la redefinición de cometidos y la Corte la rechazó. Todas las inconstitucionalidades que se han planteado han sido rechazadas, sin embargo se sigue gritando a través de los medios de comunicación “tal cosa es inconstitucional”. La única que puede decir si una norma es constitucional o no es la Corte.
