EC —Le pregunto por un caso en particular y una resolución que dejaron abiertas preguntas. El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, decidió archivar la causa por eventuales sobrecostos en la construcción de la planta de biodiésel de ALUR en Paysandú. Durante la investigación el fiscal necesitaba un peritaje para poder sacar conclusiones en un asunto que no era de su especialidad. Lo solicitó a la UdelaR, no era un peritaje sencillo, se necesitaba que confluyeran distintas facultades, eso costaba unos US$ 360.000 y debido a ese costo no pudo realizarse. ¿Es habitual que se planteen estos problemas, que no haya una alternativa para laudar una cuestión como esta?
JD —Lo que sé de ese caso es lo que ha salido en la prensa, que es lo que usted acaba de resumir. No conozco el expediente, no tengo ni idea de qué contenido tiene. Respecto de los peritajes, fuera de este tema –porque del caso no puedo hablar porque no conozco el expediente– es un problema que se nos planteaba en el sistema antiguo, porque esta causa tramita por el sistema antiguo, y se nos va a plantear en el sistema nuevo, que es el costo de los peritajes de alta especialización. Ni el Poder Judicial ni la Fiscalía cuentan con recursos como para financiar peritajes de estas características. ¿Recuerda el expediente del Banco Comercial?
EC —Sí, claro.
JD —En la causa por la cual se investigaba a los hermanos Rohm y se procesó a todo el directorio del Banco Comercial luego de la crisis de 2002 había que hacer un peritaje que salía US$ 150.000 y en su momento lo pagaron los bancos. Hubo una crítica en su momento de que el peritaje lo pagaban los bancos exdueños del Comercial y que de alguna manera era un peritaje que estaba pagado por los propios involucrados, etcétera. Este problema no es nuevo, y hay que resolverlo. La única manera de resolverlo es tener una asignación presupuestal que permita pagar esos peritajes.
EC —Hoy no existe.
JD —Hoy no existe.
EC —Trescientos sesenta mil dólares una cifra muy alta, estamos hablando de un caso. Pero es el presupuesto que se había pasado.
JD —No puedo opinar porque no conozco el caso.
EC —Lo cierto es que no se encargó ese peritaje. Entonces, si no existió esa opinión técnica, esa evaluación técnica que se precisaba, ¿puede asegurársele a la población con tranquilidad, con seguridad que verdaderamente no hubo un ilícito en ese caso?
JD —Le pediría que trasmita la pregunta al doctor Pacheco, que fue el fiscal de la causa, que es el que conoce el expediente.
EC —Pero a usted, como fiscal de Corte, ¿no lo preocupa que pasen estas cosas?
JD —Me preocupa, me preocupa que cualquier delito quede impune. Me preocupa que queden impunes los delitos del pasado, me preocupa que queden impunes los delitos de hoy y me preocupa que queden impunes los delitos de mañana. Que quede impune cualquier delito me preocupa. Y si están vinculados a casos de corrupción o de presunta corrupción me preocupa más. Acá hay un tema que es que en un estado democrático todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, el Estado tiene la carga de demostrar que una persona cometió un delito. Entonces ahí la preocupación es: tenemos que tener las herramientas suficientes para poder investigar este tipo de delitos. Y si hay que contratar un peritaje privado, tendríamos que tener la posibilidad de pagarlo. Incluso pasa con los peritajes en el exterior, hay un conjunto de pericias que hoy en día se tienen que hacer necesariamente en el exterior, y en muchos casos tenemos convenios y en base a ellos se pueden hacer, pero en otros casos no. Es tan enorme la variedad de asuntos sobre los cuales pueden versar esos peritajes que es muy difícil tener convenios con todos. Necesariamente tenemos que tener los recursos para poder hacerlo.
EC —Mencionó al pasar que lo preocupa también que queden sin aclarar hechos del pasado. Está aludiendo a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura; ¿es una referencia a la creación de la fiscalía especializada hace poco?
JD —A buen entendedor, pocas palabras bastan. Parece que a alguna gente le molesta que queden impunes ciertos delitos y otros no. A mí me molesta que quede impune cualquier tipo de delito.
Y a propósito de eso, una de las cosas que tenemos que resolver en forma urgente, para que el Código funcione como tiene que funcionar, es aclarar específicamente cuáles son las potestades que tiene la Policía. Porque acá hay un ruido en la línea que no viene de la Fiscalía, que viene de algún otro lado, o capaz que en parte de la Fiscalía también, asumamos la responsabilidad, que es qué es lo que puede hacer o no la Policía. He escuchado el discurso “la policía tiene las manos atadas para investigar”. Y ahora estaba mirando en una red social donde una persona en un sindicato de la policía que dice “la policía tiene las manos atadas”. Eso es falso. O, mejor dicho, no es falso, es conceptualmente erróneo. Entonces, si alguna norma del Código necesita ser aclarada, estamos dispuestos a trabajar para que se aclare y para que no haya ningún tipo de confusión conceptual.
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Transcripción: María Lila Ltaif
