EC —Veamos las tres grandes categorías de las que hablaba al principio. Solo 25 % de los reclusos se encuentran en establecimientos penitenciarios que ofrecen oportunidades de integración social, 45 % están en unidades con insuficientes condiciones para la integración y 30 % están presos en cárceles donde ocurren “tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Expliquemos mejor esto.
JMP —Sí. Empecemos por lo bueno, que creo que es lo que motiva y es parte también de la tarea tratar de que las cosas buenas aumenten. A nosotros nos emociona mucho cuando vemos cosas buenas que están ocurriendo, cuando vemos por ejemplo una ONG como El Almendro o como Nada Crece a la Sombra, que empezó a trabajar en el Comcar, o cuando se revierten las condiciones malas de reclusión en el módulo 10 o cuando en Salto o en otra cárcel encontramos el sindicato de la aguja instalando un taller. En esa porción de centros donde hay oportunidades de rehabilitación es muy reconfortante ver que hay cambios de vida. En Punta de Rieles, por ejemplo, me olvidaba de citarlo, en Durazno. Hay buena convivencia, se recrea el clima de una pequeña ciudad, de un barrio, las visitas acceden, la comunidad no se siente amenazada, hay empresas que ofrecen trabajo, se generan iniciativas. Hay internos que conforman sus empresas, que tienen emprendimientos, que se preparan para salir, y algunos de ellos ni siquiera van a salir a buscar un empleo, ya salen con su emprendimiento abajo del brazo. Otros saldrán a buscar empleo. Pero sobre todo allí hay buenas condiciones, buen clima, lo cual no quiere decir que no pueda haber una pelea o una pelea grave como puede ocurrir en un barrio. Ahí el Estado está cumpliendo su función de poner elementos en la mochila de las personas, de poner herramientas y que eso no sea un gueto.
EC —Poner en la mochila de la persona herramientas que le van a permitir eso, la integración social, que van a facilitar o que van a acercar más las posibilidades de integración social. De eso estamos hablando.
JMP —Exactamente. O enfrentar la adversidad sin recurrir a estrategias de supervivencia o a estrategias antisociales. Darle elementos para que no recurra a la violencia, para que no recaiga en la violencia, para que no vuelva a ser captado por oportunidades o por situaciones que lo arrastren de nuevo a cometer esos delitos.
EC —Esa es la parte más avanzada del sistema, abarca a 25 % de los reclusos.
JMP —Esa es la parte más avanzada, citada en esos lugares.
EC —Después hay 45 % en unidades con insuficientes condiciones para la integración.
JMP —Sí, son lugares donde se vive una realidad dual, una realidad en que hay cambios y otra realidad todavía pétrea, un modelo viejo y un modelo nuevo y una especie de empate técnico que no termina de resolverse. Hay lugares donde hay cupos para estudiar pero no son suficientes, hay un espacio deportivo pero no son actividades organizadas o no llegan a todos, hay trabajo pero no está regulado, no está remunerado, o no se favorece que haya emprendimientos de las personas, a veces no hay trabajo. O no hay tratamiento de las drogas, que es un tema en el cual insisto mucho, el tratamiento de las adicciones es fundamental. Los tratamientos en salud mental, la continuidad de los tratamientos, la continuidad con el afuera, que la persona que tiene algo bueno cuando salga lo continúe. Hay internos que de pronto tienen una enorme capacidad para las manualidades o para el deporte, es bueno que el sistema los reenganche después con esa actividad en un centro educativo, en un centro de formación, en un club deportivo. Lo mismo en el otro extremo, hay personas que tienen claramente problemas de salud mental y que de pronto no entraron por un delito grave, están por un hurto, pero es muy bueno que el sistema, viendo que tienen dificultades cognitivas importantes, aunque hayan sido procesadas por un hurto, cuando salgan las capte para el sistema de atención primaria de salud, de prevención social en su comunidad, en su barrio, para acompañarlas, para no tenerlas dentro de un año por una rapiña agravada o por algo peor.
EC —Ese es el segundo grupo, el intermedio, el amarillo. Y después está el desastre, 30 %, presos en cárceles donde ocurren tratos crueles, inhumanos o degradantes.
JMP —Ahí hubo una pequeña mejora con respecto al año pasado. El año pasado eso daba más de 30 %, daba 33 %. En la comisión se discutió, cuando presenté el informe, si eso era mucho o poco, yo dije que bajar estos números, dada la limitación de recursos, cuesta y que yo recibía con alegría, aunque se hubiera bajado un poco. Es muy preocupante esta cifra, Uruguay no tendría que tener esta cifra de lugares con estos tratos.
EC —Tengo un mensaje de un oyente que dice: “Solo 30 % en condiciones inhumanas es único en las cárceles de América Latina, salvo Chile. Hace 10 años era el 100 % o casi el 100 %”.
JMP —Puede ser, no sé; capaz que hace 10 años no se medían tanto las cosas. Es un tema para conversar. De todas maneras, creo que es lo de siempre, con qué nos comparamos, si nos comparamos con los que están peor o con los que están mejor. Creo que tenemos que comprarnos con lo que podemos ser. Es como en el fútbol, Uruguay no puede jugar como Alemania, pero Uruguay organizado y planificado puede jugar como Uruguay bien, o podemos jugar como Uruguay a cualquier cosa, como en otras épocas. Entonces en este tema hay cosas en las cuales no vamos a ser como Suecia. Ellos tienen un vehículo para cada traslado de cada preso, yo les preguntaban cómo hacen cuando tienen que llevar dos presos: dos presos dos vehículos, tres presos tres vehículos, cuatro presos cuatro vehículos y así consecutivamente. Nosotros no vamos a tener esa realidad, pero tenemos un sistema educativo fuerte, tenemos un Ministerio de Desarrollo Social, tenemos intendencias que tienen una cantidad de programas que pueden volcar a cárceles que están a media cuadra de la plaza principal y que de pronto no tienen ni un profesor de educación física. Y después tenemos la sociedad civil. Allí hay una cantidad de recursos y el Estado está mirando para el otro lado, ¿por qué no convocar, invitar a organizaciones de la sociedad civil para que brinden servicios educativos dentro del sistema penitenciario?
