EC —Hace poco más de una semana, el director nacional de la Policía, Mario Layera, pateó el tablero con un reportaje en el diario El Observador. Entre otras cosas, señaló que parte de la cultura violenta que se ha instalado en la delincuencia nace en las cárceles. Dijo “es la parte más extrema de una decadencia que ya veíamos venir y que comenzó en las cárceles con los extranjeros. Todo empieza en las cárceles, hay una trasmisión de conocimiento permanente con mucha maldad. No hablan de robar, el discurso es la violencia, ‘si vas a robar no seas gil, el que tenés enfrente es el enemigo’. Antes te decían ‘está bien, perdí’, ahora se desacata, atacan, hay grupos de vecinos que los defienden. Hay un choque de culturas que va agravándose”.
Planteos como este colocan una vez más al sistema carcelario en el interés de todos. Por eso, termina siendo “oportuno” este informe 2017 que el comisionado parlamentario acaba de entregar.
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EC —Yo le decía en la pausa que habría más capítulos para recorrer del diagnóstico, de la descripción que ustedes hacen de cómo están las cosas hoy en las cárceles de nuestro país. El informe completo está en nuestro sitio, radiomundo.uy, son 108 páginas más los anexos. Pero vayamos a las recomendaciones, que de algún modo hablan de lo que ustedes han encontrado.
La primera que elijo: crear un ámbito o Consejo de Política Criminal para acordar criterios de política carcelaria. ¿Qué es esto? ¿Por qué?
JMP —Quién va a la cárcel, por cuánto tiempo, qué va a pasar cuando esté allí y qué va a ocurrir luego es el resultado del accionar de una cantidad de actores: los mecanismos de prevención social del delito, el actuar de la policía, el actuar de los fiscales, de los defensores, de los jueces, del sistema penitenciario y también lo que hacemos los organismos de monitoreo, de supervisión del sistema penitenciario. Generalmente esos actores no hablan en frío, hablan en caliente. Los últimos episodios que hemos tenido de debate público muestran cómo terminamos discutiendo en caliente distintas soluciones a estos temas. Ya hay países –Colombia, Perú, varios países europeos– que tienen instancias que no son vinculantes, cuyas decisiones no son obligatorias, pero ponen a conversar juntos defensores, fiscales, jueces, sistema penitenciario y policía. Para analizar estos temas, para no terminar después diciendo públicamente “acá hay que modificar esto, emparchar esto otro, agregar este artículo al inciso b) del artículo tal”, sino para tratar de ir en frío monitoreando, observando cómo se va construyendo un modelo de política púbica, en el cual tienen que intervenir todas las partes. Porque, por ejemplo, si se crea un sistema de penas alternativas tienen que ser convincentes para los jueces.
EC —Ese es un punto crítico. Convincentes para los jueces y para la población.
JMP —Totalmente, para la opinión pública y para la víctima del delito, aun para aquel que sufrió el robo de una garrafa o para quien sufrió otro tipo de delito mayor, que diga “esto es una pena”. Porque la cárcel es la privación de libertad total, la persona va presa, pierde la libertad ambulatoria. En la pena alternativa tenemos que ver las dos palabras, es una alternativa a la cárcel perro también es una pena, también deberá ser una privación de libertad en que una persona está obligada a participar de tratamientos, a hacer tareas, a ser monitoreada, a ser acompañada, a ser asistida.
Un consejo de política criminal donde todas las partes puedan dialogar, intercambiar información, tener estadísticas comunes, porque es un gran tema el problema estadístico en la política criminal. Encomendar investigaciones conjuntas que sean de interés para todos creo que nos haría muy bien para afinar los instrumentos y no tocar frente al público cuando los instrumentos todavía no están afinados.
EC —Otro de los puntos es el Fondo de Innovación. Convocar anualmente a proyectos de innovación penitenciaria que permitan el financiamiento de emprendimientos novedosos de distinto tipo. ¿Cuál es la idea?
JMP —Creo que allí está faltando proactividad por parte del Estado, del Ministerio del Interior, del INR y del Estado en general, pensar que sea el Estado por sí solo el que pueda proveer de todos los elementos que tiene que haber dentro del sistema carcelario y mucho más que sea un único organismo el que pueda hacer todo. Creo que hay que convocar a organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, hay lugares donde la cárcel se mantiene y cumple alguna mínima función porque hay algunas ONG que están haciendo cosas. Y a veces lo están haciendo por el boleto, y otras veces ni siquiera por el boleto. Entonces, ¿por qué, si en otras áreas de actividad del país existe participación de los agentes privados, en educación, en cultura, en deporte, en medicina, en construcción de carreteras, en la actividad educativa, en la actividad cultural, en los tratamientos contra las drogas, en los tratamientos de integración familiar? Si existen programas por ejemplo de convocatorias de recursos para cultura, fondos concursables para la cultura, fondos concursables para la investigación científica, ¿por qué no para algo en lo que se juega la vida de toda la gente en cuanto a la posibilidad de realizar programas dentro de las cárceles?
EC —Algunas de las recomendaciones son completamente básicas. Estas dos que mencionamos recién tienen su envergadura, implican desafíos importantes, pero hay una que es “instalar sistemas de videocámaras para la prevención de la violencia, en especial en los centros de mediana y alta seguridad”. ¿Cómo se entiende que esto no se haya hecho aún?
JMP —Yo dividí las recomendaciones en recomendaciones de política institucional y recomendaciones muy, muy prácticas, que tienen que ver con eso, con algún sistema de detección de drogas, y sobre todo con las videocámaras. Realmente es muy llamativo que en algunos penales, en algunos centros, como el Comcar, Canelones, Libertad mismo, no exista un control de cámaras que prevenga la violencia, prevenga esa violencia que existe, baje la conflictividad, evite eso que nos desespera tanto que son los chantajes, familias que vienen y nos dicen “mi compañero, mi hijo está amenazado, está chantajeado” y uno nunca sabe exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero sabe que está ocurriendo algo malo. Hay algunas cosas que son elementales.
