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EC —El maestro Rafael Ibarzábal, director de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (AUDEC), dijo que el fallo lo deja “más tranquilo”. Ibarzábal, licenciado en Pedagogía y Educación, de origen español, reconoció que hoy existe una discusión académica sobre si la repetición es un recurso pedagógico efectivo y cuáles son los efectos que tiene esa medida en el aprendizaje de los niños. Pero, subrayó, en ningún caso puede sostenerse que sea una decisión “ilegítima”.
(Audio Rafael Ibarzábal)
Cada niño tiene su ritmo de aprendizaje. Queremos garantizar que con ese ritmo personal cada niño pueda lograr los objetivos que se plantean […]. Eso quiere decir que hay niños que puedan precisar más tiempo. En ese más tiempo aparece el recurso de la repetición como herramienta. Quizá a mí no me gusta mucho el término repetición, por lo que puede significar de volver a hacer lo mismo. Creo que un niño que necesita más tiempo necesita también explorar otras vías de acceso al conocimiento, necesita propuestas alternativas, adaptaciones, etcétera. Es un derecho de todo niño tener la disponibilidad del tiempo que necesita para construir aprendizajes. Llamémosle repetición o llamémosle de otra manera.
(Fin audio)
EC —En la medida en que la discusión estaba planteada en torno a la eventual violación de los derechos de los niños, Ibarzábal enfatizó que en materia de enseñanza el derecho que tiene todo niño es a ser evaluado y a avanzar en la trayectoria educativa en caso de que reciba una evaluación satisfactoria. De esta manera cuestionó el fallo judicial de primera instancia, en el que se asegura que la repetición coarta el derecho de la menor a progresar.
(Audio Rafael Ibarzábal)
Ese es un derecho y una figura que no existen. Yo puedo tener derecho a que mi progreso sea evaluado, sea medido, sea constatado y tenido en cuenta. Pero en sí, el progreso es un resultado en la construcción de aprendizajes, en la construcción de capacidades, etcétera. No es un a priori como derecho el derecho a progresar. Perjudicaríamos mucho a los niños y a la sociedad si instalásemos el derecho a progresar y el pasaje de grado se diese automáticamente por el hecho de que ha pasado un año.
(Fin audio)
EC —El episodio ha dado pie a una controversia muy amplia, que ha corrido en varios frentes, el de la educación misma, el político, el jurídico.
Por eso, me gustaría incorporar una lectura de la academia en la Facultad de Derecho. Vamos a charlar con el doctor Óscar Sarlo, habitual participante de La Mesa de En Perspectiva.
Hay varios puntos a tratar. Un primer debate era si la Justicia podía interferir en el proceso educativo. Y curiosamente sobre ese aspecto el tribunal de apelaciones se pronuncia de manera categórica, dice que sí, que la Justicia puede intervenir. ¿Cómo viste ese planteo?
ÓSCAR SARLO (OS) —Me parece que tanto la afirmación de que puede intervenir como la de que no puede intervenir pecan de ser poco analíticas y por lo tanto las dos tesis son verdaderas. La pregunta tendría que ser: ¿puede intervenir por este mecanismo?
EC —Esa es otra historia.
OS —El problema ha quedado soslayado al mecanismo institucional que se eligió para operar esta intervención de la Justicia. Ahí está toda la clave, porque el fallo de segunda instancia hace hincapié exclusivamente en esto: no se dan los requisitos para el uso de un instrumento tan específico y excepcional como el amparo. Esa es la cuestión.
Por supuesto que cualquier controversia en un Estado de derecho tiene que tener la posibilidad de acceder a la resolución judicial. Ese es un principio general de cualquier Estado de derecho, no hay nadie que esté por fuera de esa posibilidad. Pero de ahí a sostener que alegremente los jueces pueden intervenir en los pasajes de grado es un disparate. Entonces me parece que la sentencia, que es muy buena, pone las cosas en su lugar. Claro que se cubre con ese enunciado que no está bien formulado, dice que no acepta que la judicialización de la enseñanza sea ilegítima.
