EC —Vayamos a otra situación “parecida” que tiene el Frente entre manos. La Cámara de Diputados sigue sin poder votar el proyecto del Poder Ejecutivo que introduce el impuesto transitorio a las pasividades militares más altas. Es una herramienta de corto plazo para enfrentar el déficit de la llamada Caja Militar antes de aprobar el proyecto de ley que reforma ese servicio. El diputado Darío Pérez, de la Liga Federal, está plantado en la negativa y por lo tanto no hay 50 votos.
JM —No hay 50 votos en Diputados.
EC —¿Cómo se está manejando esta situación?
JM —Se sigue conversando para ver si logramos los 50 votos, y si no habrá que seguir negociando para llegar a ese acuerdo. Y si no, no saldrá la ley. Lo cual es una pena, realmente.
EC —Depende de quién lo mire. En la oposición, al revés, están observando con mucho interés este posicionamiento de Darío Pérez, porque están en contra de este proyecto, entre otras cosas con el argumento de que es una ley inconstitucional.
JM —Tan inconstitucional como la reforma de la Caja Bancaria, que tiene un impuesto exactamente igual que fue dos veces declarado constitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
EC —El argumento principal es que supone establecer un gravamen a las pasividades militares altas, que ya están gravadas por el IASS, el impuesto de asistencia a la seguridad social.
JM —Sí, pero insisto, hay dos fallos de la SCJ con relación a un texto idéntico, no parecido, idéntico, de la Caja Bancaria, de impuestos a las altas jubilaciones bancarias. Uno es una sentencia de 2014, no recuerdo de cuándo es la otra, pero específicamente dice que no es inconstitucional; al contrario, aprobó la constitucionalidad alegando que no había un problema de doble tributación y que en todo caso esto no era inconstitucional. Ese es el argumento, quien tiene la competencia excluyente y exclusiva para entender en materia de inconstitucionalidad es la SCJ. Si la norma resulta inconstitucional, lo dirá la SCJ. El antecedente dice que no es inconstitucional, dice que es constitucional.
EC —No ha logrado convencer al diputado Pérez.
JM —No.
EC —¿Usted ha hablado con él?
JM —No, no he hablado yo personalmente.
EC —¿Le corresponde como presidente del FA intervenir en estas situaciones?
JM —Me corresponde conversar con todo el mundo. No he conversado en particular este tema con Darío Pérez, no me he acercado yo a hablar con el diputado Pérez sobre este tema, lo han hecho otros legisladores de sectores, no yo personalmente, pero por nada en particular, simplemente porque no… En los procesos de diálogo, de negociación, de acuerdos, participamos distintos actores. Sin duda el presidente del FA intenta participar lo más posible en todas las instancias de buscar acuerdos. De hecho participo cada martes en la reunión de bancada de diputados para estar enterado; en puridad el presidente del FA preside la bancada, reglamentariamente es así.
EC —Hace pocos días este proyecto figuraba en el orden del día de la Cámara de Diputados, pero se optó por aplazarlo, la bancada lo aplazó hasta el 16 de mayo justamente porque no hay acuerdo.
JM —No teníamos votos.
EC —Darío Pérez ha dicho que desconocerá una eventual disciplina partidaria si la bancada recurre a ella y que está dispuesto incluso a responder ante el Tribunal de Conducta Política (TCP) del FA.
JM —Sí. Porque si hubiera un mandato, como le contaba más temprano, los legisladores estarían obligados a votar en el sentido en que se exprese el mandato, y si no lo hicieran incurrirían en una falta disciplinaria y el TCP es el que se encarga de llevar adelante los procesos. Ese es el procedimiento normal. No queremos llegar a esa instancia, por eso se acordó volver el proyecto a comisión, para no forzar esta situación y seguir dialogando a ver si podemos llegar a ese acuerdo. En este caso además no hay votos en la oposición, por lo menos en los sectores de oposición no ha aparecido ninguna manifestación en el sentido de acompañar esta medida.
Habría que hablar sobre el fondo de la medida, que es gravar altas pasividades. Es un tema de justicia. Tenemos un problema con la Caja Militar, es un problema real. Como cualquier país de bienestar social, tenemos un sistema de seguridad social que tiene rigideces y que exige pegarle una mirada. Ahora que estamos en puertas de la última rendición de cuentas con gasto, hay un tema de presupuesto ya comprometido por lo que son gastos estructurales difíciles de mover, y uno en particular es seguridad social. Dentro de seguridad social se fueron llevando adelante distintas reformas, Caja Policial, Caja Bancaria, Caja Notarial, queda pendiente la de la Caja Militar, que es un sistema que está muy alejado de la regla universal y hay que provocar ajustes. La Caja Militar implica una asistencia de Rentas Generales del orden de los US$ 500 o US$ 600 millones, que es una cifra enorme y que requeriría ciertos ajustes. Una de las formas que se ven de mejorar la situación es fijar un impuesto transitorio, por 18 meses, a las más altas jubilaciones militares, que entendemos que se pasan de la media, que en consecuencia tienen mayor capacidad contributiva y deben ser solidarias incluso con el régimen provisional general. Eso es lo que está en discusión.
EC —Hay quienes entienden que estas personas tienen derechos adquiridos.
JM —Sí, pero insisto, ese fue el argumento que se discutió en Caja Bancaria y claramente la SCJ dijo que no había un problema de inconstitucionalidad por derechos adquiridos en este punto, ni por doble tributación. Admito que alguien lo sostenga, pero no va de acuerdo con la jurisprudencia del órgano que juzga la inconstitucionalidad.
EC —Lo cierto es que Darío Pérez está parado en los pedales y por lo visto el FA no está dispuesto a ir a una resolución de disciplina partidaria…
JM —No, por ahora no, claramente no.
EC —… porque no sirve para nada.
JM —Porque no sirve, porque nos coloca en una situación de tensión mayor. Hay que intentar seguir buscando los acuerdos. Probablemente porque ante el anuncio de que está dispuesto a ir al TCP no tenga la solución. Acá hay también un problema de diseño de los mecanismos.
