El ministro de la Suprema Corte de Justicia dijo que apoya las modificaciones al Código de Proceso Penal, y lamentó la falta de presupuesto que ha dificultado su correcta implementación, al igual que ha sucedido con la Ley de Violencia de Género.
EN PERSPECTIVA
Miércoles 04.07.2018, hora 8.26
EMILIANO COTELO (EC) —Estamos aguardando la información oficial sobre las estadísticas de delitos en el primer semestre del año, pero en el propio gobierno se ha anticipado que marcarán récords históricos.
¿Por qué ocurre este crecimiento de la inseguridad pública? ¿Hay responsabilidades en las instituciones del Estado que participan en la persecución criminal?
En las últimas semanas han estado cruzando acusaciones el Poder Judicial, el Ministerio del Interior (MI), la Fiscalía General de la Nación, y en particular se han cargado las tintas sobre el funcionamiento de la justicia, la forma de juzgar y castigar a los criminales y la eficiencia del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), el que entró en vigor en noviembre del año pasado.
Sobre este y otros temas vamos a conversar con el doctor Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Usted fue presidente de la SCJ el año pasado, le tocó en la rotación.
JORGE CHEDIAK (JC) —Sí, tres veces he sido, en el 10, en el 15 y en el 17.
EC —Está en la Corte desde el 2009 y desde febrero ocupa ese cargo la doctora Elena Martínez.
JC —Exactamente.
EC —Pero usted sigue siendo, de hecho, el vocero. Quien habla con la prensa, por ejemplo quien viene hoy a esta entrevista, es usted, la doctora Martínez mantiene una posición más reservada. ¿Por qué?
JC —Ni siquiera soy el vocero. El vocero oficial del Poder Judicial es el doctor Raúl Oxandabarat Malgor. Yo simplemente soy el ministro que más habla con la prensa, situación que compartí con el doctor Ricardo Pérez Manrique durante algunos años, aunque yo ya lo hacía antes de que él llegara a la Corte. Es por perfil personal y por disposición a atender los reclamos que los medios hacen en representación de la población. Yo creo, tengo incorporado para mí que es parte de las obligaciones del cargo, pero yo.
EC —¿Han discutido con la doctora Elena Martínez a propósito de ese perfil bajo que decidió adoptar?
JC —No, para nada; cada uno de nosotros toma las actitudes y asume las obligaciones del cargo con el perfil que autónomamente entiende que debe hacerlo.
EC —Se sabía que la puesta en marcha del nuevo CPP, en noviembre, iba a tener marchas y contramarchas, iba a andar a los tropezones. Pero ¿no es una mala señal esto que hemos estado viendo, que el MI, el Poder Judicial, la Fiscalía pasen meses polemizando de la manera en que están haciéndolo?
JC —No es bueno. Este tipo de situaciones de desencuentros o de chisporroteos terminan afectando la credibilidad de todos. Eso es una respuesta de cátedra pero además es una realidad. El ciudadano común termina con una cantidad de dudas y no teniendo muy claro qué es lo que está pasando. Pero, como usted señala, la situación era previsible, por eso en la comisión redactora del proyecto original –que no es este, porque ese proyecto sufrió varias modificaciones en los dos últimos años, sobre todo impulsadas por la Fiscalía de Corte, para facilitar sobre todo el trabajo de los fiscales– nosotros propiciábamos la solución que mayoritariamente adoptaron los países de la región que han hecho el mismo proceso procesal penal, que es la implementación geográfica progresiva del código.
