En los últimos años, y desde el hito marcado por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en 1989, se han generado múltiples avances en programas y políticas públicas que reafirman la concepción de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Sin embargo, existe un número significativo de adolescentes y jóvenes que aún no tienen garantizados sus derechos.
En 2016, desde Aldeas Infantiles desarrollamos una investigación con el objetivo de comprender las dificultades que atraviesan los/as adolescentes y jóvenes institucionalizados/as al momento de egresar de las modalidades de cuidado del sistema de protección e identificar los aciertos y las falencias de las políticas públicas y programas implementados.
Según esta investigación, más de 5300 niñas, niños y adolescentes vivían en diferentes alternativas del sistema de protección (en hogares oficiales y convenios) por estar privados/as del cuidado de sus familias. Muchos de ellos/as habían pasado gran parte de su vida institucionalizados/as, sin vínculo con sus familias y comunidades de origen, así como lejos de muchas de las dinámicas que comúnmente hacen parte de la integración social y del goce de derechos de cualquier persona.
La investigación también concluyó que el 43 % de los/as adolescentes y jóvenes de 16 años o más próximos/as a egresar del sistema se encontraban en situación de discapacidad. Por eso, en 2022, junto con otros actores del sistema, comenzamos una segunda investigación poniendo foco en las situaciones de discapacidad y salud mental, con el fin de generar la evidencia necesaria para mejorar el acompañamiento y las respuestas articuladas para garantizar egresos con autonomía.
Es necesario considerar y profundizar en la situación de los/las jóvenes que permanecen bajo la tutela del Estado hasta cumplidos los 18 años, edad en la que deben transitar a una vida de completa autonomía y autosuficiencia, pese a contar o no con los recursos necesarios y a estar o no preparados/as para ello. Es por esto que desde Aldeas Infantiles nos comprometemos a impulsar una ampliación del marco normativo que permita que los/as más de 400 jóvenes que egresan de las diferentes instituciones de cuidado por año puedan alcanzar la autonomía, sostener sus trayectorias educativas, acceder a empleos de calidad y contar con una vivienda adecuada con un acompañamiento y los recursos económicos necesarios para hacerlo.
Además, es necesario considerar especialmente la complejidad que conllevan las situaciones de discapacidad, ya que representan un fenómeno prevalente en los sistemas de protección infantil y en las modalidades alternativas de cuidado.
***
