[segunda tanda]
RA —Volviendo a la pregunta que formulaban del público: ¿prevén fomentar de alguna manera concreta, con algún plan específico quizás, el retorno de uruguayos del exterior, buscando este talento que dice que se requiere, o la venida de extranjeros que aporten en ese sentido?
XX (min 14.30) —Ese punto en particular, el último, es muy interesante, porque cuando uno mira además los números ve que estamos perdiendo frente a otros países, por ejemplo, la capacidad de traer recursos altamente calificados de países como Venezuela, de donde está saliendo muchísima gente muy bien formada que necesita oportunidades, y uno mira cómo se van para Colombia y otros países. nosotros estamos teniendo muy poca capacidad, pese a que tenemos una demanda no satisfecha de esa clase de recursos. Algunas de esas cosas se pueden mejorar sin gastar un peso porque se trata de reformas normativas. Por ejemplo, nosotros tenemos un mecanismo muy lento, extremadamente lento y complejo, de reválida de títulos universitarios extranjeros; ahí estamos perdiendo todos los días frente a otros países. Eso se debe a que tenemos una normativa tan vieja que ese papel lo juega la Universidad de la República -al contrario de lo que pasa en el mundo, que ese papel lo juegan los ministerios de educación- porque está hecho en una época en la que era la única pública de Uruguay, que ya ni siquiera eso pasa hoy en día. Revisar la normativa que define cuáles son los mecanismos de reválida y acortar mucho los plazos, sin dejar de hacer los controles necesarios, nos permitiría estar mucho mejor posicionados en esa situación.
PR —Tenemos varias preguntas sobre empresas públicas, queremos entrar un poquito en eso. ¿Qué se proponen en relación a las empresas públicas en lo que es la gobernanza, los marcos regulatorios, preguntas obvias como quién debe fijar las tarifas públicas, en Uruguay todos los años discutimos los ajustes en enero y eso es bastante evidente que se van determinando en función de las prioridades del momento, que puede ser la fiscal, la inflación, la competitividad. La pregunta es con qué criterio se deben fijar las tarifas públicas y quién debe hacerlo, ¿deben permanecer en el ámbito discrecional del Poder Ejecutivo o debemos trasladarlo a agencias reguladoras? Somos muchos los analistas que, desde distintos enfoques, entendemos que hay que tratar de separar los distintos roles que hay en torno a las empresas públicas. Hay un rol de formación de políticas que es más propio del Ministerio de Industria y Energía, hay un ámbito típicamente regulatorio y un tercero de la ejecución. Hoy en Uruguay esos ámbitos están extraordinariamente interconectados y no separados debidamente. La pregunta es qué cambios se proponen allí.
LLP —Me gustaría separar las tarifas públicas o los precios de la energía eléctrica y de los combustibles del tema del agua, porque también pagamos por el agua, pero es un tema mucho más importante y creo que ahí el Estado debe avanzar sobre ese recurso, que es estratégico. Cuando uno habla de las tarifas públicas, si me estás metiendo a OSE no. El tema del agua… Ese es un error político que siempre cometemos y si no pensamos el agua desde el punto de vista estatal y de una fuerte presencia del Estado en la regulación, el cuidado, el almacenamiento, la distribución, la planificación… Quiero dejar afuera el tema del agua, que es uno de los más importantes de la humanidad, y nosotros tenemos aparte otras de las bendiciones que nos ha tocado porque Dios así lo quiso. Lo primero que tenemos como fin es que la tarifa pública esté vinculada al pago de un servicio y al funcionamiento del mismo. Lo primero que vamos a tratar de eliminar -que no es nuevo, antes que alguien me lo diga- es la tarifa pública como financiamiento del Estado. Casi todos los años, por lo menos los últimos tres ejercicios, los servicios técnicos de la UTE le dicen al directorio que pueden bajar la tarifa entre 7 % y 10 %. ¿Y qué les dicen el Poder Ejecutivo, el presidente [Tabaré] Vázquez, [el ministro de Economía, Danilo] Astori?, que no va a bajar un 6 % o 7 %, sino que va a subir un 6 %. Ahí tenemos claramente establecida la distancia entre la tarifa que estamos pagando y lo que podríamos estar pagando. Después tenemos otro tema, que no es el centro del asunto pero no es menor, que es la generación, la conducción y la venta de la energía. Si bien se ha liberado, creemos que tenemos que profundizar la liberación entre esas tres partes. Obviamente quien conduce la energía, quien tiene la infraestructura instalada, es básicamente la UTE, porque allí está la inversión llevada adelante, pero el intercambio de producción y consumo de energía hay que liberarlo de la mejor manera posible y sostenible, desde la micro y todas las energías que se están gestando, que, por suerte, Uruguay hoy tiene sostenibilidad energética de todo tipo y las renovables han crecido fuertemente. Sobre el combustible, nosotros no podemos mirar a Uruguay por la cerradura de Ancap, ya está, el último reformador de las empresas públicas, un ex vicepresidente de la República, ha dejado claro que hoy las empresas públicas tienen que tener una observancia y dedicación mayor de los ciudadanos con más contralor. Si hay algo que Uruguay tiene que sacar en conclusión después de la siniestra performance de estos últimos años en Ancap es que no puede ser que todo Uruguay haya tenido que pagar los berretines de empresario de dirigentes políticos con empresas públicas con plata de la gente. Nosotros estamos dispuestos a liberalizar la importación de combustible, esto, obviamente, trae aparejado una incomodidad para Ancap, lo trajo para el Banco de Seguros en su momento. Yo creo que en la vida hay veces que hay que incomodar para que uno mejore porque si uno se queda quieto se apoltrona. Y después la fijación de precios, que no va a estar dada solo por la liberación de la importación de combustibles, hay otras herramientas, tenemos que fortalecer a las reguladoras, lo hablábamos hace un instante pero me gustaría que Azucena profundice.
