Entrevista con la licenciada Gabriela Fulco, presidenta del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa).
EN PERSPECTIVA
Lunes 07.09.2015, hora 8.19
ROMINA ANDRIOLI (RA) —En poco más de 100 días al frente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), la licenciada Gabriela Fulco enfrentó fugas, intentos de motín, la renuncia de dos directores y episodios de malos tratos en un centro de reclusión que terminaron con funcionarios procesados.
El disparador de este clima de inestabilidad fue la denuncia penal a un grupo de funcionarios que redujeron con violencia a varios internos del Ceprili (Centro de Privación de Libertad) y fueron registrados en una cámara de seguridad del centro. Ese episodio, que terminó con 17 procesados, tensó aún más la relación con el sindicato, que incluso antes de asumir tildó a Gabriela Fulco de “autoritaria”.
¿Qué reformas tiene pensadas para el sistema de reclusión de menores infractores? ¿Cómo hará para llevar adelante una mejora en este clima?
Vamos a conversarlo con la licenciada Gabriela Fulco.
NICOLÁS BATALLA (NB) —La semana pasada se dieron siete fugas del ex Hogar Puertas, que se sumaron a las de otros tres adolescentes en la madrugada del 11 de agosto del Ceprili. Y a su vez, el viernes el portal Montevideo.com difundió un video con internos prendiendo fuego y tratando de destrozar las instalaciones del lugar, que se suma también a la situación de varios motines que describíamos al inicio.
¿Cómo define la situación que atraviesa el Sirpa por estos días?
GABRIELA FULCO (GF) —Ustedes lo han dicho. Hay una serie de incidentes que complejizan el proyecto de reforma que anunciamos el 20 de mayo.
Pero también hay otras cosas que no son de tan pública notoriedad, a las cuales podemos aludir en este momento como foco esperanzador y alentador en el trabajo que hemos emprendido. Por ejemplo, empezó a funcionar la Comisión Asesora Intergubernamental, que tuvo su primera sesión la semana pasada. En el Código de la Niñez y la Adolescencia estaba contemplado que existiera esta comisión, pero hasta la fecha no se había creado, se creó recientemente. Se embarcan en este barco de trabajo del Sirpa los ministerios en su mayoría, las organizaciones internacionales específicas del tema infancia, como Unicef y el Instituto Interamericano de Derechos del Niño, como también las organizaciones de la sociedad civil que han venido siguiendo los temas y los problemas de esta institución por medio de los informes que se han presentado; allí están representados el Comité de los Derechos del Niño y Anong. Una suma de instituciones que apoyan un pensar, un ver cómo seguimos adelante y sobre todo el fortalecimiento de políticas transversales y apoyos de cada uno de esos ministerios e instituciones de acuerdo a las especificidades de cada uno o de sus perfiles.
Estos organismos van a aportar elementos sustantivos para atravesar esta tormenta y salir adelante con un proyecto de renovación, de creación de una nueva institucionalidad que viene de la mano de la aprobación de un proyecto de separación del Sirpa del INAU –se llamará INTA, el nombre es lo de menos–, que va a tener otro modelo de trabajo y sobre todo un faro por delante que es la mejora total del sistema.
RA —Volviendo a la pregunta que le hacía Nicolás respecto a las fugas, ¿cuál es la situación actual en los centros donde están dado estos incidentes? Por ejemplo, ¿lograron recapturar a los menores que se fugaron? ¿Cuántos siguen prófugos?
GF —Algunos fueron recapturados y otros retornaron voluntariamente con el apoyo de sus padres. Son jóvenes a los que les queda muy poco tiempo para el vencimiento de la pena, lo que hace pensar en qué pasa en esos momentos para que alguien a quien le queda tan poco tiempo para salir protagonice un hecho que genera una inconducta y una nueva sanción. Son cosas que estamos analizando. Etas fugas de alguna manera también responden a una fragilidad en la infraestructura de la institución, que también ha sido de pública notoriedad y que determina que no sea muy complejo ni muy difícil poder salir de un centro que estructuralmente, desde todo punto de vista, está debilitado.
NB —¿Cuántos siguen prófugos en este momento?
GF —En este momento si le doy un número quizás cometa un error, voy a tener el informe completo en el día de hoy. De todos modos, en el centro de Belloni se recapturaron tres de los cinco y en el otro centro de siete retornaron tres. Esos son los números que tenemos a la fecha respecto a la situación de fuga.
Pero hay otras novedades que quiero resaltar, porque si nos centramos únicamente en los incidentes, que han sido detalladamente publicitados en la prensa, vamos a estar siempre hablando de lo mismo. Le hablaba de la comisión que empezó a trabajar. También la mesa de trabajo que se creó a partir del decreto de esencialidad de hace dos semanas para tres centros en el marco de un preacuerdo está trabajando, funcionando normalmente, integrada por el PIT-CNT, por el sindicato del Sirpa, por el directorio de INAU y por nosotros como comisión directiva. El foco de esa mesa es la revisión de los manuales o protocolos de procedimientos generales que existen y que están vigentes, con los que el Sirpa trabajó hasta la fecha. Estamos afinando el área de los procedimientos de acuerdo al requerimiento que ha hecho el sindicato.
RA — Carlos Salaberry, uno de los integrantes del sindicato, decía que el fallo de la justicia por el video de Ceprili –el que todos conocemos– dejó en evidencia que no hay un soporte administrativo que autorice procedimientos en los que se usa la fuerza física para reprimir motines. Y agregó que actualmente si un funcionario tiene que realizar un procedimiento para evitar una fuga después no sabe qué va a pasar. ¿Qué opina de estos dichos? Dejan entrever que los funcionarios tienen miedo a actuar después del fallo judicial. ¿Cuánto pudieron avanzar en este protocolo que ellos reclamaban?
GF —Sí, es lógico que haya miedo y que se hayan generado inseguridades con respecto a algunas prácticas que los mismos funcionarios mencionaron en algún momento públicamente que se venían dando. De hecho, hay investigaciones administrativas y penales del período anterior que están abiertas, que aún no se han cerrado, muchas de ellas vinculadas a situaciones similares. Por lo tanto, para mirar para adelante, esta mesa de trabajo nos está permitiendo responder a esas inseguridades a partir del repaso de esos procedimientos un poco más afinados, incorporando modelos de buena práctica que han sido exitosos en otros sistemas de otros países y que van a permitir quitar del paso esta inseguridad que hoy se puede tener respecto a lo que se debe hacer.
RA —¿Cuáles son esos modelos de buenas prácticas que se podrían trasladar de otros países? Se ha comentado la posibilidad de que los funcionarios utilicen un gas a la hora de tener que reprimir situaciones de motines, y usted en alguna oportunidad ha mencionado lo de trabajar con colchones. ¿En qué están estas dos iniciativas?
GF —No son tanto iniciativas, es un repaso de lo existente y aprobado dentro de marcos legales de determinados países que han dado buen resultado, que protegen –que es el centro de la cosa– al joven recluido y también brindan garantías a los funcionarios que participan. En todos los países estos procedimientos están en permanente revisión. Eso es lo que tener poner en marcha aquí, como una nueva forma de trabajo, revisar, ajustar permanentemente los procedimientos. Es un cambio de cultura en lo que hace a determinadas áreas de trabajo y de la organización del sistema.
NB —¿Cómo funcionan estos dos planteos en términos concretos?
GF —Estos ejemplos salen mucho a la luz y se fortalecen por la repetición permanente. Pero pueden ser los que queden o pueden ser otros. Son algunos de los tantos ejemplos de procedimientos que hay para incorporar en determinadas situaciones puntuales. No le puedo afirmar que sean estos los que van a quedar, porque se está trabajando, se está elaborando y desarrollando. Simplemente sale a la luz alguna cosa que llama la atención, que no se conoce, sobre la que nunca se tuvo mucha información, pero que sí, son modelos de buena práctica, porque garantizan la seguridad física de ambas partes, aquel sobre quien hay que intervenir y el que debe intervenir para determinar una medida de sujeción. Porque esto va por el lado de cómo se sujeta, cómo se controla, cómo se incide en una persona que está en un momento de violencia hacia sí o hacia los demás. Son esos ejemplos y hay otros muchos más que vamos a ir comunicando en la medida en que cerremos en algún momento estos procedimientos y protocolos.
NB —En estos momentos en que se está avanzando sobre los protocolos, ¿de quién es la responsabilidad de lo que está ocurriendo hoy en el Sirpa? Por lo pronto, junto con las denuncias públicas que ustedes presentaron hubo denuncia penal hacia los funcionarios, y en su momento actuó la Guardia Republicana, que aparentemente está interviniendo en algunos casos y también terminó con una denuncia penal de las autoridades del Sirpa. ¿Cómo se están dividiendo las responsabilidades en estos casos?
GF —La responsabilidad de la conducción del sistema es de la comisión directiva o delegada del Sirpa, de cómo establece políticas de gestión en la privación de libertad que tiene como misión o fin la prevención de la reincidencia y el reintegro de estos jóvenes a la sociedad. Lo que tiene que ver con responsabilidades puntuales en hechos puntuales lo determinan las investigaciones administrativas que están en marcha desde el punto de vista administrativo y las investigaciones en el área judicial, que hay que esperar que terminen y den un resultado. Nosotros a priori no podemos prejuzgar ni opinar sobre lo que está en curso, porque interfiere con esas investigaciones.
NB —Volviendo al tema que le planteábamos al inicio de la conversación, ¿cuál es su explicación de por qué hayan vuelto las fugas al Sirpa?
GF —Yo estaba hablando de una fragilidad estructural, de que en cada cambio de administración puede producirse resistencia al cambio, en un sistema que ya viene con complejidades desde hace muchas décadas, porque esto no es de ahora, de lo cual nos han dado anuncio, dato, información, no solamente los organismos nacionales de [inspección] de los derechos humanos, como la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Comité de Derechos del Niño y otros, sino también, a la par y en sintonía, los veedores internacionales tanto de Naciones Unidas como de la OEA, en esos informes se reflejan desde hace mucho tiempo el deterioro progresivo, la inestabilidad y distintas complejidades del sistema.
Todo eso hace a la explicación de esta situación que estamos atravesando, de la que auguro que vamos a salir, porque hay mucho esfuerzo, mucha voluntad de cambio y porque además se suman a intervenir en el sistema otros actores que antes no estaban. Por eso lo primero que mencioné fue la integración de esta comisión, así como la organización que está haciendo el Mides para apoyar, dentro del marco de la ley de voluntariado, con distintas organizaciones que van a trabajar en el fortalecimiento del cotidiano, que es en lo que escasean los recursos humanos especializados. No quiere decir que no los haya, pero no son suficientes para el abordaje individual de todos los jóvenes que se encuentran en el sistema.
RA —Esa situación se volvió más crítica a raíz de los procesamientos.
GF —Sí, de hecho sí, evidentemente, por las inseguridades.
RA —Pensando en los funcionarios que fueron procesados con prisión y en aquellos que después pidieron licencia, se certificaron por problemas médicos.
GF —Es cierto, hay un número muy elevado muy licencias que también están siendo inspeccionadas, como es lógico dentro de la administración pública, porque están un poquito por encima de las certificaciones médicas normales del invierno, por las gripes y demás. Eso también hace que el sistema se siga fragilizando en la medida en que resta personal en servicios que de por sí ya están debilitados y recarga a otros que sí están trabajando. Esto a su vez empieza a minar su salud física y mental en una tarea que de por sí es insalubre y muy compleja.
NB —Eso la llevó a firmar una circular en la que se estableció para todo el personal del sistema, sin excepciones y por razones de servicio, la suspensión de licencias a partir del 24 de agosto, eso está corriendo. Usted explicó en La Diaria que esa medida fue tomada por la abrumadora cantidad de certificaciones.
GF —Sí, esa medida fue tomada por la abrumadora cantidad de certificaciones médicas y también porque en sí en los servicios cuando hay razones servicio se suspenden licencias. La medida se tomó por un período corto, que no alcanzó a 10 días y se levantó inmediatamente; de eso la prensa no informó.
NB —¿Cuándo se levantó?
GF —Se levantó hace una semana. En una reunión general con los directores de los centros ellos presentaron una suerte de reorganización interna, con la que sostuvieron que se podía cubrir el servicio, por lo tanto la medida podía ser levantada. Nosotros aceptamos que la medida se levantara y que continuara el cronograma común de licencias, que se planifican generalmente al inicio del año.
NB —¿Qué implica ese déficit de personal en términos concretos para los jóvenes internados? ¿Cómo se trastoca su rutina a partir de que están faltando recursos humanos?
GF —Se trastoca en las actividades cotidianas. Puede haber demora para asistir a algunas actividades de corte educativo o de talleres o recreativas, que se limitan, y también en lo que hace a la composición de las distintas tareas diarias que tiene un centro, que ya de por sí son escasas. Esto es parte de las causales de una conflictividad que empieza a reverberar y genera estos problemas que ha habido en este tiempo. No es la única cosa, es una de muchas causales.
En la contrabalanza positiva, estamos trabajando con otros actores externos que van a venir a ayudar en ese cotidiano. Mientras tanto, vamos tratando de que las cosas se normalicen.
NB —Sobre el tema de las licencias, parte de las críticas que han surgido del sindicato, más allá de esa medida que había tomado, apuntan a que usted misma solicitó la semana pasada al directorio del INAU que le aprobara una licencia reglamentaria entre el 19 y el 26 de setiembre. ¿Es así? Y si es así, ¿es apropiado hacerlo en ese contexto?
GF —Eso es un error de difusión. Yo estoy trabajando, y además soy una funcionaria pública que tiene derecho a licencia reglamentaria que tomaré cuando lo considere necesario. Eso no quiere decir que el barco quede sin timón y sin quien lo lleve adelante, porque hay un directorio y siempre hay una persona que sustituye a la presidenta cuando no está, sea por viaje, por enfermedad o por otro asunto. O sea que tengan la seguridad de que, si yo en algún momento no estoy, va a haber quien me sustituya en ese período. Por lo tanto no está relacionado con esto otro de las licencias por necesidad de servicio que se dieron en un contexto y en una coyuntura puntuales del sistema. O sea que no hay que insistir demasiado con eso.
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NB —Usted planteaba que ante la hipótesis de que tomara licencia hay un directorio que quedaría trabajando, alguien que la sustituiría. Sin embargo ese fue otro de los frentes que se abrieron en este período. Las diferencias no han sido únicamente con el sindicato, alcanzaron también a los directores de la institución, que de hecho presentaron renuncia. Edgar Bellomo, por ejemplo, que renunció por discrepancias con el trato que usted tenía con el sindicato, aseguró aquí en En Perspectiva que no compartía su estilo de confrontación y dijo también que en determinadas ocasiones usted no respetó la experiencia del personal. ¿Cómo analiza esas diferencias que se presentaron en el seno del directorio?
GF —Las opiniones del director saliente hay que respetarlas, son sus opiniones. No voy a ahondar en los motivos por los cuales el señor Bellomo dejó la dirección del sistema, lo cual tenía casi previsto desde el inicio de la gestión. El directorio fue constituido por una cuota de cupo del sector blanco que se espera se incorpore con la aprobación del proyecto de ley que está ahora en curso. Por lo tanto el período en el cual él pensaba permanecer trabajando dentro del sistema era aproximadamente el período que demoraría en ocuparse ese cupo.
El señor Bellomo es una excelente persona, lo conozco desde hace muchísimo tiempo y me merece el mayor respeto. El tema es que estos ámbitos de trabajo son altamente complejos, se requiere cierta experiencia acumulada para abordar y atravesar crisis, se requiere de estudios en la materia. A veces no alcanza con la buena voluntad que todos podemos traer de cambiar algo que socialmente es importante modificar por el bien de la sociedad y de los jóvenes que están allí. Por lo tanto, al ser también un trabajo insalubre, las tensiones que generan estos incidentes que todos hemos conocido a veces hacen difícil para una persona sostener estas crisis desde el punto de vista físico y psíquico. Eso es parte de las causales que determinan ese alejamiento. Lo mismo en el caso del segundo director, que también es una persona excelente desde todo punto de vista.
Para los dos este ha sido un campo de trabajo nuevo, más allá de sus aptitudes, de sus aptitudes intelectuales y en general de su voluntad para incorporarse a hacer cambios. Acá sobre todo lo que está pesando son las tensiones del diario vivir, que resienten la salud y lleva a tomar una decisión que es de carácter estrictamente personal y particular y que hay que respetar. Se decide dar un paso al costado o alejarse a realizar otras tareas en las que pueden hacer muchísimos aportes de acuerdo a su calidad intelectual y a su trayectoria de vida.
NB —Bellomo sostenía que usted llegó con una perspectiva refundacional al Sirpa, cuando tanto él como el propio sindicato veían que si bien por supuesto que hay cosas a mejorar, la administración anterior había llevado algunas acciones positivas. El propio José Lorenzo López lo explicaba en alguna entrevista: el aumento de los recursos humanos, ya que se pasó de 600 a 1.400 funcionarios; la construcción de nuevas plazas, el programa de inserción laboral por el que han pasado unos 400 jóvenes privados de libertad. ¿Usted lo ve de esa manera?
GF —Vamos a edificar sobre todo aquello que represente un capital que está funcionando, lo vamos a fortalecer, y de hecho lo hemos previsto en el presupuesto. Pero usted mencionó la inauguración de nuevas construcciones, y allí estamos con una auditoría en marcha del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en función de que tanto las que estaban funcionando como las que estábamos por ocupar han demostrado gran fragilidad y posibilidad de rotura. Por ejemplo en el excuartel del batallón en la calle Belloni, con nada menos que 80 plazas nuevas todavía sin ocupar, la primera tormenta voló el techo, inundó todo y llevó a colapsar la red eléctrica. Por lo tanto ese no se puede tomar como un mérito o como una base de trabajo sobre la que hay que seguir; al contrario, más bien es un demérito.
NB —¿Eso en qué centro fue?
GF —En el centro nuevo de la calle Belloni, al cual se le llama ex Batallón, que se ocupó con una parte administrativa, pero hubo toda una construcción nueva de carcelaje.
NB —Tengo entendido que la empresa ya solucionó eso.
GF —No, no se solucionó, para nada. Los techos están volados, la electricidad está colapsada y el edificio se inundó con el temporal fuerte que tuvimos hace poco. O sea que eso no se deterioró por haber sido ocupado ni por el desgaste de la propia ocupación.
NB —Ese es otro de los cuestionamientos que se han escuchado de la administración anterior. El hecho de que algunos lugares se están deteriorando por la falta de atención y de control de lo que hacen los internos.
GF —Yo le explico y le he puesto un ejemplo que es contundente, me parece. Eso da paso y lugar a la necesidad de una auditoría. Por tanto ahí no tenemos un capital y una plataforma para edificar, sino por el contrario, una dificultad instalada que ha dado lugar a estas complejidades y a estos incidentes. Una estructura absolutamente frágil, que no cuenta por lo visto con los materiales antivandálicos que permitan sostener una población privada de libertad.
Usted me mencionó además como capital del período anterior mencionado por las autoridades anteriores o por el sindicato lo que tiene que ver con programas de reinserción comunitaria. Obviamente ese es uno de los principales ejes que anunciamos al comienzo de la gestión. De hecho hemos tenido muchos ofrecimientos que están en marcha para distintos convenios laborales en los cuales estamos clasificando, seleccionando y ocupando a muchos jóvenes. Se va a aumentar el número de jóvenes que puedan salir a formarse en algún oficio, en alguna tarea y a trabajar. Eso está en marcha, no se dice pero está en marcha en forma bastante amplia, porque ha sido muy importante el número de empresas e instituciones que han ofrecido esos cupos y esa formación. Eso está bien encaminado, sin ninguna complejidad.
Respecto a otras fortalezas que pueda tener el sistema, hay mucha gente que viene trabajando desde hace mucho, que tiene un capital de experiencia acumulada, con la cual estamos trabajando, la estamos consultando y se están desarrollando o fortaleciendo los distintos programas que están en marcha.
Pero en sí hay otras debilidades que son las que nos llevan a estas situaciones. Lo que proponemos es un cambio de visión de lo que es el centro de tema, que es el adolescente privado de libertad. Un adolescente que viene de historias de mucha fragilidad personal, de mucha violencia familiar y social, que atraviesa justamente una etapa, la de la adolescencia –que en este caso penalmente está comprendida entre los 13 a los 18 años–, que suma de por sí es una etapa compleja. Estos jóvenes necesitan programas de tratamiento que atiendan esas necesidades que están en las causales del hecho delictivo. No alcanza de ninguna manera con desparramar una serie de actividades inconexas, hay que agruparlas en un régimen de trabajo y de tratamiento. Por supuesto, la educación es uno de los ejes fundamentales, y se está tratando de ampliar y desarrollar de forma más efectiva y para todos. Tendríamos mucho para hablar en ese sentido.
En lo que hace a tratamientos personalizados individuales desde el punto de vista psicoterapéutico y psiquiátrico, no hay ninguno. Es en ese sentido que nosotros insistimos en que esto, por más que se hayan hecho algunas actividades y algunas cosas, es un cascarón vacío. Queremos dotar ese cascarón vacío de contenido, dentro de la modernidad y teniendo en cuenta las experiencias y las indicaciones que han dado resultado desde el punto de vista científico.
También queremos incorporar a la familia, que está excluida, ha estado excluida del sistema. Necesitamos que la familia se incorpore, que en este paréntesis de privación de libertad siga siendo parte de proceso de crianza, porque tiene una voz, tiene un apoyo para dar que no debe limitarse de ninguna manera al día y el horario de visita.
RA —¿Y cómo se los puede incorporar?
GF —Con un grupo de padres organizados que hay, con los que nos venimos reuniendo regularmente, estamos proyectando algunos trabajos para invitarlos a participar. El tema es cómo se organiza una vez que se estabilice el sistema. Queremos que esté junto a su hijo en momentos vitales como luego del procesamiento y la devolución de un informe de clasificación, que sepa por qué se clasificó de esta manera, en qué nivel de ese sistema le va a corresponder iniciar su reclusión, que acompañe esa evolución, que se explique, que tengan ellos algo que aportar, ya que son los que conocen a su hijo desde hace mucho tiempo, y que también haya un compromiso de estos padres de apoyar estas medidas. Porque todavía tenemos padres que intentan diariamente ingresar droga. Necesitamos que estos padres cambien la actitud. El grupo de padres organizados con una actitud más positiva van a tratar de reclutar a estas personas, que a su vez necesitan ayuda porque el ingreso de droga para su hijo no lo va a favorecer en el proceso que tiene en el sistema. Esto denota que estas familias tienen su fragilidad y que deben ser atendidas por otras instituciones. Hay muchos planes en marcha.
RA —La pregunta es cómo conjugar todas estas nuevas iniciativas que usted pretende llevar adelante con la situación que ha quedado planteada con los funcionarios. Evidentemente hay una situación de enfrentamiento, de tirantez, y se ha dejado entrever que las fugas pueden deberse a este mal relacionamiento. ¿Qué tan optimista es entonces con respecto a poder concretar estos cambios que está planteando?
GF —Primero, ya lo dijimos, hay una mesa de trabajo, de diálogo, en la cual están el PIT-CNT y la mesa del sindicato del Sirpa, que está en marcha en forma positiva, con avances y elaboraciones.
Por otro lado, hemos dicho desde el primer día que uno de los ejes de trabajo de la nueva administración va a ser ocuparnos de todo lo relativo a la salud ocupacional, que es inexistente en este sistema. No hay antecedentes de programas de salud ocupacional, que es un factor importante. En un trabajo que de por sí es insalubre hay que desarrollar programas de prevención de estrés y burnout; si la persona acusa estos síntomas de estrés y burnout mal va a poder desarrollar una tarea eficiente. En ese sentido vamos a trabajar codo a codo con el sindicato, escuchando sus reclamos, haciendo nuestros aportes y desembarcando programas de cuidar al que cuida. En segundo lugar y como eje fundamental, también está la capacitación y la formación permanentes, el reciclaje de cada uno de los actores que están en cada una de las tareas del sistema, desde el portero hasta el director.
RA —¿Reciclaje?
GF —Sí, reciclaje en cuanto a formación y capacitación, como debe ser en sistemas de alta especialización como este. No se puede entrar a un sistema sin tener una formación en ese tema. Y si no se la tuvo, en algún momento tiene que llegar. Ahí es que nos ponemos con la creación de una escuela, que ya está prevista en el organigrama que acompaña el proyecto de ley. Estamos haciendo seminarios y talleres y cursos […] de seguridad, técnicos y de directores, que van poniendo algunas semillitas en la base del futuro programa de capacitación continua y de revisión de tareas, que también nos dará la visión de qué personas deben estar trabajando en determinados perfiles de cargos. Con el apoyo de la cooperación de proyectos Unión Europea ya está definido qué perfiles se necesitan para cada cargo. Por tanto podemos ver qué personas no tienen el perfil y si pueden alcanzarlo con una capacitación o tendrán que rotar de funciones.
Esto es la base de la reforma estructural del sistema, que no se logra de un día para el otro. Mientras se va trabajando en eso –lo cual no se conoce y no se hace propaganda–, se atraviesan estos incidentes que sí han tenido mucha difusión. Por lo tanto le aseguro que hay un programa serio y profundo de trabajo, de reestructura, de refundación y de mejora del sistema, siempre –repito– sobre la base de los capitales de cosas positivas que estén funcionando.
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Transcripción: María Lila Ltaif
