Entrevista central, martes 11 de agosto: Julio Chirino

Entrevista con Julio Chirino, embajador de Venezuela en Uruguay.

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EN PERSPECTIVA
Martes 11.08.2015, hora 8.14

EMILIANO COTELO (EC) —El 6 de diciembre el Partido Socialista Unido de Venezuela enfrentará su mayor desafío electoral desde la llegada al poder de Hugo Chávez.

(Audio Nicolás Maduro)

¡Preparémonos para que, en medio de las más difíciles circunstancias, la revolución bolivariana crezca y tengamos una nueva y gran victoria el 6 de diciembre de este 2015! ¡En medio de la batalla que nos toque, preparémonos para salir de pie y victoriosos en el amanecer del 6 de diciembre!

(Fin audio)

EC —Hoy, en la Asamblea Nacional, el oficialismo, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, tiene mayoría con 99 diputados en un total de 165. ¿Podrá mantener esa posición en las urnas? Por primera vez el chavismo llega en desventaja según las encuestas de intención de voto, pero además tiene el telón de fondo de una crisis económica marcada por la recesión, la inflación y el desabastecimiento.

¿Cómo sigue esa situación el principal referente de Venezuela en nuestro país?

Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino.

Faltan menos de cuatro meses, el 6 de diciembre habrá elecciones en su país para renovar el Parlamento. ¿En qué consisten estos comicios?

JULIO CHIRINO (JC) —Faltan exactamente 16 semanas. En Venezuela el 6 de diciembre, como es habitual desde el inicio de la democracia en el año 58, el primer domingo de diciembre se hacen las elecciones. En este caso vamos a tener elecciones parlamentarias para renovar la totalidad de la única cámara de nuestra Asamblea Nacional. Se van a elegir 167 diputados en ese momento.

Son elecciones nacionales, pero por circuitos. Cada estado tiene una representación particular según un cociente que integra la representación territorial y la cantidad poblacional. Eso hace que los estados con mayor población tengan un mayor número de diputados y estados con un menor número de habitantes tengan una cantidad menor de diputados, pero no está relacionado directamente con la cantidad poblacional. Los estados pueden tener entre un mínimo de cinco y un máximo de 16 diputados.

Nosotros estuvimos en las elecciones aquí en Uruguay el año pasado, las seguimos, y es un poco diferente. Aquí hay una sola lista por lemas o por grupos políticos, mientras que en Venezuela un 70 % se elige por circunscripción electoral, por un lado lo que denominamos una elección uninominal –tú eliges a la persona–, y por otro lado un 30 % que elegimos por lista por estado que tiene que ver con la representación de las minorías. Ahí se van acumulando todos los votos que tenga ese partido dentro de esa circunscripción regional.

Desde la modificación constitucional en el año 99 en nuestro país solo existe una cámara, que es por representación proporcional a la población y a los estados. No tenemos una cámara de senadores, como teníamos antes, que sí era representativa de los departamentos, eran dos por departamento.

EC —Una parte importante de la discusión este año se ha centrado en las garantías que tendrá esta votación. Hasta ahora la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) es el único organismo internacional convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela como “acompañante electoral”. Sin embargo, tanto la oposición como la comunidad internacional sostienen que debería ser otro el organismo encargado de ese contralor, por ejemplo la Organización de Estados Americanos (OEA). ¿Por qué el gobierno ve inconveniente la participación de la OEA?

LC —Lo primero a señalar es que el poder electoral en Venezuela, el CNE, es un poder público, autónomo e independiente. Según nuestra Constitución existen cinco poderes, y ese es uno de ellos. Es decir, la autoridad a la que le corresponde esa decisión es el CNE, no el gobierno, en este caso el Ejecutivo.

Y luego es bueno tomar en cuenta que Venezuela es un país que tiene una democracia desde el año 58 sin ninguna interrupción. Hasta el año 98 tuvimos una Constitución que fue modificada en 1999, y a partir de allí cambió la forma de elegir a nuestros representantes. Hasta el 99 en vez de votar solamente por una lista, votábamos por un solo partido y de ahí se elegían diputados, etcétera. Ahora se divide y tenemos elecciones particulares por cargos de elección popular.

En ese sentido hemos tenido desde el año 99 hasta nuestros días, en estos últimos 15 años, una democracia que va a llegar casi a 60. Hemos tenido 20 procesos electorales, con este de diciembre. Esos procesos electorales probablemente han sido los más observados, acompañados de América Latina, han participado una infinidad de organismos o de organizaciones veedoras de las elecciones –participó la OEA, ha participado el Centro Carter–. Desde la creación de la Unasur, el CNE invita al Consejo Electoral de la Unasur, que está integrado por todos los miembros de la Unasur. Va una misión conformada por los consejos o tribunales electorales u organizaciones técnicas –que incluso ha sido presidida por el vicepresidente de la Corte Electoral de Uruguay, Wilfredo Penco– que después de cada proceso electoral presenta un informe público.

EC —Pero ¿por qué solo ese observador? ¿Por qué no la OEA?

JC —Como le decía, es una decisión del CNE, son ellos quienes deben decidirlo, tienen total autonomía para hacerlo. Nosotros tenemos una perspectiva de lo que debe ser el acompañamiento electoral. Hay países –no sé cómo es en Uruguay– donde se permite acompañamiento electoral externo de nuestra América Latina. En el caso de Venezuela se permite con las regulaciones de acompañamiento electoral que plantea el CNE. Tenemos una normativa que deben cumplir. No es una misión que tenga la capacidad de calificar el resultado o el mecanismo electoral que tenemos en Venezuela. Sí puede hacer un informe posterior.

Es bueno señalar algo que a veces no se dice: el sistema electoral venezolano tiene 18 procesos de auditoría en los que participan todos los partidos políticos. Es decir, el día 6 de diciembre, cuando los venezolanos tengamos elecciones, se van a haber generado 17 auditorías firmadas por todos los partidos, por los técnicos de cada uno de los partidos. Posteriormente, el día de las elecciones, después de que se cierra la urna –votamos electrónicamente– esa urna se abre, hay un talonario igual al de un cajero con lo que tú votaste, tú lo ves y lo guardas en esa urna. Se abren aleatoriamente el 50 % de las urnas y se contabiliza que lo que dio la máquina coincida. Eso les ha dado amplias garantías a nuestras elecciones en los últimos años, al punto que por diferencias pequeñas hemos tenido triunfos de factores de oposición en estados, departamentos y alcaldías, y también hemos tenido triunfos de las fuerzas que acompañan al proceso de transformación y cambios que se da en Venezuela.

EC —Usted decía que la decisión a propósito de qué organismo llega a Venezuela como acompañante electoral corresponde al CNE, que es un poder en sí mismo. Sin embargo, el nuevo secretario general de la OEA, Luis Almagro, uruguayo, ha ofrecido en distintas ocasiones la participación de los expertos de esa institución, y la respuesta de Venezuela ha sido negativa no solo del CNE sino del propio gobierno. Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro ha dicho: “Aquí no se puede estar bien con Dios y con aquello. O se está con los pueblos o se está con el imperio. Así de sencillo. Díganselo a Almagro de mi parte”, a raíz de la reunión que Almagro había tenido con Enrique Capriles, uno de los líderes de la oposición que, entre otras cosas, solicitaba la presencia de la OEA. ¿Cómo se entiende esa posición?

JC —Esa opinión del presidente, que es una opinión del gobierno, fue precisamente […], ese encuentro en Washington entre el secretario general de la Unasur y el gobernador de un estado en Venezuela, que es el gobernador Enrique Capriles.

Es importante destacar y señalar allí que nosotros tenemos una consideración muy particular. Venezuela fue uno de los países que creyeron y apostaron y siguen creyendo en la persona de Luis Almagro como secretario general de la OEA para apostar y buscar una reconfiguración de un organismo que consideramos que ha estado más al servicio de políticas puntuales que tenían que ver con una perspectiva bipolar y hegemónica que ha tenido un país como Estados Unidos en nuestra región, y no con la perspectiva que equilibre a todos los países.

También es bueno señalar que al menos en los últimos años la OEA y algunos de sus órganos no han tenido una posición –considera el gobierno venezolano– equilibrada en el término y el tono con Venezuela, y […] algunas declaraciones de algunos de los representantes de esa organización.

EC —Está claro el diferendo, el roce permanente que había entre Venezuela y el anterior secretario general, José Miguel Insulza. La pregunta es por qué la tensión se mantiene ahora, cuando ha cambiado la máxima autoridad y está al frente de ese cargo Almagro. Los cruces con Almagro han sido muy crudos en las últimas semanas. Yo citaba recién la declaración del presidente Maduro, pero también Elías Jaua, que fue canciller, ha dicho por ejemplo que Almagro tiene una conducta “antivenezolana”, que incluso tuvo antes, cuando era ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay. ¿Qué es lo que está pasando en esta nueva etapa de la OEA y qué es lo que está pasando con Almagro en particular?

JC —Ante todo le puedo afirmar lo que es una posición nuestra como gobierno, por supuesto respetando las opiniones particulares que pueda tener algún funcionario o representante venezolano o de otro país. Nosotros tenemos una gran apuesta a que la OEA empiece un proceso de transformación, de modificación de algunas de sus políticas e incluso de la cuota que asignamos los países. Tenemos un solo país que prácticamente es el 50 % del presupuesto de la OEA y consideramos que no debe ser así.

EC —Estados Unidos.

JC —Estados Unidos. Creemos que es un foro importante y sí consideramos que es un espacio que debe trabajarse en ese sentido. Y creemos que debe ser en igualdad de condiciones para todos los demás países. El presidente Nicolás Maduro cuando hizo esa opinión también se preguntó si la OEA estaba solo para Venezuela o también para los demás países. Porque en ocasiones vemos que problemas que suceden en nuestro país son cuestionados por organismos del Sistema Interamericano, pero eso no sucede en igualdad de condiciones con otros países.

EC —¿Por ejemplo?

JC —Por ejemplo, el caso de derechos humanos más delicado que existió en Venezuela a lo largo de nuestra historia política fue el caracazo, la represión de una manifestación pública que se hizo en el año 89 en Venezuela. Fue recién con la llegada del gobierno del presidente Chávez que se asumieron las responsabilidades del Estado en ese caso. Mientras que otros estados todavía hoy no han reparado el tema de derechos humanos, algunos planteamientos que les ha hecho el Sistema Interamericano, vemos que no hay el mismo nivel de exigencia de los organismos interamericanos.

EC —Usted está manejando ahí un ejemplo del pasado. Mi consulta apunta a saber si ustedes ven que ese desequilibrio se mantiene ahora, en esta nueva etapa que está marcando la asunción de Almagro como secretario general.

JC —Todavía es muy corto el tiempo para decir. Por eso decimos que estamos evaluando, decimos que de nuestro lado hay una mano tendida –y más en mi particular, que entablé una relación de amistad personal con Luis Almagro, por quien tengo un gran aprecio– para evaluar cómo va a ser esta nueva etapa de la OEA.

EC —Por ejemplo, ¿el hecho de que se haya reunido con Capriles es una “mancha” en la gestión de Almagro?

JC —Nosotros somos respetuosos de lo que haga el secretario general de la OEA. También emitimos opiniones. Creemos que sería importante que además recibiera a otros organismos, como el Comité de las Guarimbas, que es el comité de las víctimas de los hechos que sucedieron en Venezuela a comienzo del 2014, cuando hubo un llamado insurreccional a la salida del gobierno del presidente Nicolás Maduro fuera de las formas democráticas. Hasta ahora no ha tenido voz y eco en algunos de esos organismos. Sí ha recibido a sectores que han participado en procesos de desconocimiento de la institucionalidad venezolana, como el gobernador Enrique Capriles, que hoy señala que un resultado favorable para la oposición es la salida del gobierno. Algo que nos preocupa muchísimo, porque en Venezuela hay formas democráticas para dirimir nuestros problemas. Por eso le digo que una cosa es para nosotros Luis Almagro y otra cosa son las instituciones y los organismos.

Más que un hecho puntual, ampliamos y vemos desde una perspectiva en que consideramos que no ha sido equilibrada la OEA en su historia y en su historia reciente con Venezuela y apostamos a que eso se transforme. Por supuesto tomamos en cuenta que es un proceso, que no es un proceso sencillo, que es un proceso difícil de transformación de un organismo que además consideramos que debería tener sede en cualquier otro país de la región, no donde la tiene hoy en día.

EC —En el mes de marzo, el semanario Búsqueda publicó una reseña de una charla que usted había dado en un comité del Frente Amplio en la que, entre otras cosas, había sostenido: “Para mí Almagro es una estrategia de los Estados Unidos y una oportunidad de los países que somos contrahegemónicos”. ¿Sigue pensando eso, que la nominación de Almagro, que se dio por unanimidad en la OEA, fue una jugada de Estados Unidos?

JC —Ahí yo decía algo adicional, que va a depender, que Luis solo no podía. Venezuela considera que hay que transformar a la OEA, y creemos que Luis solo, que un representate, un secretario general, cuando sabemos que son los países los que tienen peso, no podría. Esa frase que usted hizo fue acompañada de que dependerá de los países, de las visiones de los países la posible transformación de la OEA. Indudablemente, si no logramos transformar a la OEA hacia una nueva perspectiva vamos a tener que recordar siempre cuando Cuba fue expulsada de la OEA, cuando la OEA acompañó procesos de intervención directa en países. Incluso me atrevería a decir que cuando el golpe de Estado en Venezuela la OEA no se manifestó como el concierto internacional de los países de América Latina, es bueno decirlo.

EC —Pero ¿cuál sería la jugada de Estados Unidos apoyando a Almagro?

JC —En Venezuela creemos que una OEA que no cambie mucho y que no se reequilibre en los nuevos procesos que se han dado en América Latina es una OEA que posiblemente convenga a una perspectiva de mantener esa construcción bipolar que se dio en un momento determinado. Es todo un proceso que tendremos que ir viendo cómo se va dando. Por eso acompañamos los planteamientos que ha hecho el presidente Correa de transformación de la OEA, de transformación de sus organismos. Por eso hemos tomado la decisión de no participar en algunos mecanismos de la OEA por considerar que no han sido en un marco de igualdad y justicia con Venezuela. Incluso si yo comparo el tratamiento que ha hecho la OEA de los temas vinculados a Venezuela en distintos niveles y el tratamiento a otros países en el mismo período, del 2000 para acá, hay una diferencia importante.

EC —Me llamó la atención en las declaraciones del ministro Jaua que él habla de la opinión negativa que tiene de Almagro desde antes, desde la época en que él era canciller, de la época en la que los dos eran cancilleres. No estaba tan claro en Uruguay que en el gobierno de Venezuela se opinara tan críticamente de Almagro. ¿Cómo es eso?

JC —Le diría que es una opinión particular, yo no podría…

EC —Pero de quien fue ministro de Relaciones Exteriores.

JC —Claro, pero no podría… en todo caso puedo interpretar o explicar una posición de nuestro gobierno, en este caso de nuestro presidente, de nuestra canciller, que son quienes dan la línea de la política exterior. En la relación del proceso de integración, por ejemplo, que fue uno de los temas a los que se refirió el ministro Elías Jaua, siempre hemos tenido procesos de ida, de vuelta. Como en una gran familia: uno puede tener una diferencia con uno de los miembros y no quiere decir que lo lleva así en la continuidad del tiempo. Como en el proceso de ingreso de Venezuela al Mercosur, por ejemplo, él así lo trazó.

EC —Sí, Jaua hablaba concretamente del momento en el que se aprueba el ingreso de Venezuela al Mercosur, justo cuando Paraguay estaba suspendido. Almagro no habría estado de acuerdo, habría intentado frenar esa decisión.

JC —Yo sé el resultado final, no estuve en una mesa, no podría opinar en ese sentido. Yo sé que en los organismos del Mercosur se mantuvo la decisión política que tomaron los presidentes acerca del ingreso de Venezuela. Sé que se abrió un debate entre los países miembros del Mercosur sobre la forma en que se dio ese ingreso. Y sé lo más importante, que es lo que sucede hoy, que hoy, vuelta la democracia, vueltos a los hilos constitucionales, ya pasado el proceso que se vivió en Paraguay, tenemos un Mercosur ampliado, un Mercosur del que forma parte Venezuela, aceptada por Paraguay. Hoy tenemos un Paraguay totalmente incorporado y un Mercosur al que se está incorporando Bolivia, en el que estamos en conversaciones con Ecuador y que está conversando con otros bloques externos.

EC —En fin, da la impresión de que con respecto a la gestión de Almagro en la OEA ustedes tienen un “apoyo crítico”. ¿Cómo lo definen?

JC —Podríamos decir que tenemos expectativas de que la presencia de Luis allí, con el acompañamiento de los países de la región, genere algunas transformaciones que necesitamos, que creemos necesarias en la OEA, que tienen que ver con un equilibrio mayor entre nuestros países.

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EC —Ese reclamo de la oposición y de parte de la comunidad internacional de que los comicios parlamentarios cuenten con observadores del exterior tiene como trasfondo la desconfianza hacia el CNE de Venezuela, sobre todo por algunos episodios. Por ejemplo, en las últimas semanas ese organismo ha generado una serie de hechos políticos al inhabilitar a varios posibles candidatos de la oposición. Desde julio, siete miembros de la coalición Mesa de la Unidad Democrática han sido inhabilitados para ejercer cargos públicos, con lo cual quedaron fuera de la carrera electoral. ¿Cómo explica esas decisiones?

JC —En primer orden es bueno explicar que no es el CNE el poder o el organismo mandatado para generar sanciones administrativas en nuestro país. Es la Contraloría General de la República, que además forma parte de un poder independiente –nosotros tenemos cinco poderes, gracias a una visión del libertador Simón Bolívar–, que es el Poder Ciudadano. En el artículo 287 de la Constitución se establece que la encargada de revisar y ver todos los hechos en que debe haber algún tipo de control de la acción de los funcionarios públicos es la Contraloría General.

EC —Es una puntualización importante. Yo decía que era el CNE, pero no.

JC —El CNE tiene todo tipo de potestad en el ámbito electoral, pero no puede sancionar desde un punto de vista penal ni administrativo. El único órgano en Venezuela con posibilidad de sancionar administrativamente es la Contraloría General de la República.

EC —¿Por qué se han tomado esas decisiones tan delicadas?

EC —Por otro lado, los cuestionamientos vienen de organizaciones como Human Rights Watch (HRW), que han declarado que “el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, usa el sistema judicial como un castigo político”, imponiendo “demandas penales contra decenas de opositores que han criticado sus políticas en los medios”. Según la denuncia que HRW presentó el jueves pasado, además de los procesos más notorios contra dirigentes de la oposición como Leopoldo López, que está encarcelado, decenas de críticos menos conocidos enfrentan o han sido amenazados de acciones penales en su contra por autoridades venezolanas. Pero lo más grave es la “ausencia de un Poder Judicial independiente” que pueda frenar las acciones del poder Ejecutivo. ¿Cómo responde a este tipo de críticas?

JC —Primero es importante hablar de HRW. Para nosotros es una ONG que ni siquiera tiene un proceso democrático interno o de selección o de representación de sus organizaciones. Nosotros podemos ser respetuosos de la opinión, pero es bueno saber que no es un órgano como los que nos hemos dado los países de América Latina o del mundo para dar una calificación determinada a algún hecho en los distintos países.

EC —Está bien, pero existen distintas organizaciones que velan por los derechos humanos en el mundo cuyas opiniones, investigaciones son tenidas en cuenta. Provocan reacciones, muchos gobiernos efectivamente responden, actúan.

JC —Eso es lo primero a tomar en cuenta, para que la gente la conozca. Porque a veces cree que no es una ONG. Yo la podría crear y podría empezar a hablar de los derechos humanos en América Latina, y probablemente ganara prestigio, reconocimiento. Pero hay que tomar en cuenta que es algo privado, que está dentro del derecho privado y no del derecho internacional.

Segundo, con relación a lo que usted señala, no sé dónde hace la denuncia, en qué organismo judicial, o si es una denuncia solo de carácter público. Ahí hay algunos elementos que es constatable que no son así. Por ejemplo, yo le haría la pregunta: dígame qué –ahí hablo de medios de comunicación– periodista en Venezuela ha sido detenido o procesado por su acción como periodista.

EC —Acá cita el caso de Fray Roa Contreras, un directivo de la Asociación de Empresas Licoreras que fue detenido a fines de julio un día después de criticar en una entrevista televisiva las políticas económicas del gobierno.

JC —Hablaba primero de periódico, no conozco el caso en particular. Cuando vienen este tipo de cuestionamientos en Venezuela estamos acostumbrados a responder con preguntas para que todos podamos interpretar. Entonces, en primer lugar…

EC —Pero estaría bueno responder con datos.

JC —Le voy a responder con datos, pregunta con datos. Primera pregunta…

EC —Había otros, por ejemplo un médico que cuestionó en televisión la escasez de medicamentos, un ingeniero que criticó las políticas sobre suministro eléctrico, una mujer ciega con trastornos psicológicos que escribió en Twitter “morirá la dictadura en Venezuela”.

JC —Si me deja terminar le cuento. Para su primera pregunta, si esto que ellos afirman es cierto o no es cierto, yo tengo que responderle que en Venezuela no hay ningún detenido por sus opiniones políticas. Y menos en Twitter, cuando Venezuela es el país de América Latina con mayor penetración de Twitter, con más cuentas de Twitter. De hecho, varios dirigentes políticos son los dirigentes políticos con mayor cantidad de seguidores en América Latina, y nadie ha sido detenido, se lo puedo afirmar, por una opinión en Twitter. Como no hay ningún detenido en Venezuela por algún hecho relacionado con su función de periodista. Y no hay ningún detenido por haber opinado sobre la situación económica en Venezuela.

EC —Sí se han iniciado procesos penales.

JC —Se han iniciado procesos penales. Pero no existe ninguna iniciación de proceso penal por lo que allí se afirma, por su opinión política.

EC —Por lo que dice la información de HRW, el primero de los ejemplos enfrenta acusaciones por haber difundido información falsa que causa pánico. Otros son acusados de difamación, como por ejemplo 22 personas vinculadas a medios de comunicación.

JC —En ese caso sí hay una acusación individual del presidente de la Asamblea Nacional a 22 representantes de organismos y algunos medios de comunicación por difamación –eso está tipificado en la ley en Venezuela desde antes del 99–. El presidente de la Asamblea Nacional fue acusado por los medios de comunicación de ser jefe de un cártel de narcotráfico, sin ninguna prueba, sin ninguna fuente y sin que hoy exista en ningún tribunal, ni nacional ni internacional, causas para adelantar un proceso de ese tipo. Incluso Estados Unidos ha desestimado que haya una causa. Es como si usted dijera que soy el jefe de la mafia venezolana en Uruguay, algo por el estilo; yo consideraré que es una difamación, porque no estará ajustado a la verdad y actuaré según me dicen la norma y la ley. Ese es el procedimiento que se está llevando en Venezuela, que no tiene que ver con que haya un organismo de censura.

Yo le decía que nos gusta responder con preguntas. Pregúntele a cualquier periodista que trabaje en el medio, el que sea: ¿existe en Venezuela una oficina de censura donde tu artículo es revisado para ser publicado? Vas a ver una rotunda negativa. ¿Existe en Venezuela alguna publicación que se haya cerrado en estos 15 años producto de lo que era su línea editorial o de un artículo? No ha sucedido. Pero cuando yo era niño, que no era tan niño, recuerdo que en la década de los 90, en ese proceso electoral que le dije que no ha tenido corte desde el 59 para acá, se cerraba una revista porque el titular iba en contra de lo que decía el gobierno. La policía, en ese momento se llamaba DISIP [Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención], que era una policía secreta, lo recogía de los estanquillos. Más de una vez en los últimos años el programa de televisión de opinión política más importante de Venezuela, que es el programa [José Vicente Hoy] del periodista José Vicente Rangel, fue mandatado por el gobierno nacional para que no saliera por el contenido que tenía. Eso lo vivimos los venezolanos. Entonces nosotros hacemos algo que no es ir a la historia, pero que es ir a lo comparativo. Yo le puedo asegurar que eso no ha sucedido en ningún momento en Venezuela.

EC —Pero estos casos que yo reseñaba antes, por ejemplo el del directivo de una asociación de empresas que hace críticas a la política económica del gobierno y se le inicia un proceso por “información falsa que causa pánico”, son reales.

JC —Desconozco el caso puntual. Hay muchas afirmaciones que han hecho este tipo de organismos y que ha hecho HRW que son absolutamente falsas. Pero para no dudar absolutamente de la información, sí le puedo decir es que por un hecho político no es. Por supuesto, ha sucedido, en Venezuela y en cualquier país de nuestra región. Si una persona genera un hecho noticioso con alguna función o algún elemento que pueda generar un proceso de desestabilización o que falsee la verdad, hay procedimientos, del particular, como el caso del presidente de la Asamblea Nacional, o del Estado, para sancionar esas acciones irresponsables. Pero no hay una condescendencia política, porque si la hubiera no serían casos puntuales.

Sé por lo que me cuentan y porque lo he vivido en Uruguay que se dice que hay un debilitamiento de las instituciones democráticas de Venezuela. Y nosotros consideramos que es al revés, porque ha habido un proceso de ampliación de la democracia en nuestro país. Pero podría formar parte de debates. Lo importante es lo que consideramos cuando vamos al nivel comparativo. Por ejemplo me cuentan cómo se hacían las detenciones extrajudiciales cuando existieron procesos dictatoriales que por lo menos mi generación no vivió en Venezuela; eso en Venezuela no sucede. Se habla de que había procedimientos de censura; eso en Venezuela no existe, de hecho no se ha cerrado ningún medio, ningún periodista ha sido sancionado desde una órbita del Estado, ese hecho no forma parte de una política pública.

Sí le puedo decir que en Venezuela existe un proceso de amplio debate político y que los medios de comunicación no escapan al debate político. El mejor ejemplo de que los medios son actores y parte del debate político fue en el año 2002 –esto es reciente, no estamos hablando de un pasado muy lejano–, cuando el último intento de golpe de Estado en Venezuela, que fue amparado y acompañado por los medios de comunicación. Lo importante es que por el espíritu democrático del presidente Chávez y de nuestras instituciones, por la construcción de la democracia y la consolidación de un proceso democrático esos casos fueron sobreseídos y hoy podemos decir que la acción de los medios de comunicación es muy diferente de la del 2002. En cualquier país algunos de los hechos que cometieron los medios de comunicación que instigaron a irrumpir contra el sistema democrático habrían llevado a sanciones administrativas y hasta penales.

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EC —A propósito de este año electoral y sobre el proceso rumbo a los comicios parlamentarios de diciembre, ¿terminarán concretándose esas elecciones con dirigentes de la oposición presos todavía?

JC —Los dirigentes de la oposición que están presos hoy lo están por algo muy serio, muy grave, por un proceso de quiebre constitucional que se intentó en 2014, que ahorita está en pleno proceso judicial –el Poder Judicial es un poder independiente y autónomo–,se está llevando adelante ese proceso. Pero el gobierno venezolano y el Estado en general son los más interesados en que ahí exista lo que reclaman las víctimas: verdad y justicia. Porque por lo sucedido en el 2014, cuando un dirigente político llamó a derrocar a un gobierno legalmente constituido, lo que generó 43 fallecidos y 800 heridos en Venezuela, la mayoría de la población venezolana reclama justicia. Producto de la acción de ese dirigente –en este caso Leopoldo López– fue que se desencadenaron en Venezuela tres, cuatro meses de confrontación, con la participación de elementos incluso de carácter militar.

De esas 43 víctimas, 9 fueron por acciones, fueron funcionarios púbicos o policiales muertos por francotiradores –está en el informe de la Fiscalía General de la República–, fueron víctimas de las trampas y de las acciones paramilitares que se hacían en las ciudades. Y entre esas 43 víctimas hay víctimas producto de la extralimitación del uso de la fuerza en el control del orden público, esto ha sido reconocido por el Estado venezolano. Esas víctimas que fueron producto de la extralimitación de las fuerzas policiales hoy están recibiendo verdad y justicia, porque no solo están detenidas y procesadas las personas que accionaron el arma que pudo haber matado a alguien, sino todo el contingente.

EC —El escenario político de Venezuela tiene como condimento la crisis económica, inflación, escasez, déficit fiscal. Algunos números que aparecen en la prensa internacional indican que la escasez es del 60 %, lo que quiere decir que de cada 100 productos que van a comprar, 60 no se consiguen. Por otro lado, el FMI proyecta que la inflación cerraría en 2015 por encima del 100 % e indica que la recesión que ya se vive en Venezuela se va a profundizar, con una caída del PIB de hasta el 7 %. ¿Ustedes tienen otro diagnóstico?

JC —Algunas cosas son diferentes de la realidad. Por ejemplo, eso de una escasez de 60 % de los productos que uno va a buscar no es así. Hay dificultad para conseguir productos básicos y esenciales, pero no sé cuál calificación tendríamos que hacer para llegar a esa posición.

Con relación a la situación económica, tanto a Venezuela como a los países de la región nos afectan muchísimo los vaivenes internacionales. Y por supuesto un elemento que tenemos que tomar en cuenta para comprender la economía venezolana desde hace 100 años para acá es el precio del petróleo. El ingreso de las divisas por petróleo cayó más de 50 %. Imaginemos qué podrá suceder en cualquiera de nuestros países si de un día para otro –pasó en menos de tres meses– los ingresos de divisas bajan el 50 % y no se recupera.

Y además tenemos algo que es evidente en las regiones, un contrabando hacia la frontera venezolana, principalmente hacia Colombia, hacia las islas del Caribe. Eso nos amplifica los problemas que tenemos de consecución de productos puntuales, de eso que en el exterior se denomina desabastecimiento de algunos productos. Es una realidad que vive la población venezolana, que nos afecta y que tiene que ver con variables muchos casos externas a nuestra realidad.

EC —De todos modos es una situación ante la que hay que actuar, y, según dicen analistas y figuras de la oposición, el gobierno no ejecuta las medidas de corrección que son necesarias porque resultarían impopulares, y como se está en pleno proceso electoral serían muy riesgosas desde el punto de vista del voto. ¿Qué opina a propósito de esa visión de lo que está pasando?

JC —Lo que sí ha dicho el gobierno, lo que sí hemos dicho nosotros es que vamos a tomar medidas para que quien pague los costos principales no sea el grueso de la población venezolana. En ese sentido se han venido aplicando medidas que vayan resolviendo problemas progresivamente. En eso creemos nosotros. Es decir, sabemos que es una situación compleja, lo dijo el presidente Nicolás Maduro.

EC —Por ejemplo, el precio de la gasolina, se coincide en general en que tiene que subir, que Venezuela se está suicidando con ese precio interno de los combustibles.

JC —Es cierto, de hecho el primero que planteó el tema de los precios del petróleo fue el presidente Nicolás Maduro en una alusión anual que se hace a la Asamblea Nacional. E incluso la mayoría de la población está de acuerdo en que se incremente el precio de la gasolina. Pero también el precio de la gasolina debe ser incrementado en un momento ajustado y que impacte en las políticas fiscales, y normalmente no es en los segundos semestres que se toman ese tipo de medidas para que impacten en los ajustes fiscales. Además en la realidad económica venezolana vivimos un amplio proceso especulativo, cualquier venezolano al que le pregunten va a calificar estos elementos que les dije. De repente yo le doy mayor peso a la situación del petróleo, otro le dará mayor peso a la aplicación de políticas, y así sucesivamente. Pero uno de los elementos principales que tienen que ver con el desarrollo de nuestra economía es que la perspectiva del gobierno es que no "paguen el plato roto", como decimos en Venezuela, las mayorías, sino que vayamos ajustándola dentro de acuerdo con la realidad de que nuestros ingresos en divisas bajaron a más de la mitad.

EC —En ese contexto se explica el acuerdo que hace pocos días firmaron los presidentes Tabaré Vázquez y Nicolás Maduro para la cancelación anticipada de la deuda de Ancap con Pdvsa. Si le parece, vamos a examinar ese acuerdo dentro de unos días, cuando ya se lo vea en la práctica, cuando esté terminado el proceso de aprobación de la ley en nuestro país.

JC —Me parece muy bien. Como usted decía, tiene que ver con la voluntad política de los gobiernos y de lo que en Venezuela consideramos que es la cooperación necesaria entre nuestros países cuando tenemos o se nos avecinan situaciones complejas como podemos decir que se vislumbraban en Uruguay si no hubiéramos tenido ese acuerdo y como se viven en Venezuela, debidas a problemas externos a ambos países.

EC —Es un acuerdo en el que Ancap cancela de manera anticipada la deuda que tenía con Pdvsa, pero obtiene una quita importante, del 35 %, porque a Venezuela le resulta útil en este momento recibir dinero fresco, que en los mercados internacionales es complicado obtener a tasas razonables.

JC —Sí, es un acuerdo de cancelación anticipada a valor real de la tasa de hoy. Se hace una variación que efectivamente resulta beneficiosa para el Uruguay porque no va a cancelar todo lo que iba a cancelar en 17 años, y resulta beneficiosa para Venezuela porque va a recibir lo que iba a recibir a lo largo de 17 años en una sola oportunidad.

EC —De por medio está el comercio entre los dos países, en particular alimentos, lácteos…

JC —Sí. Por eso estoy de acuerdo en que después conversemos ese tema, porque nos permite, gracias a la voluntad expresada por el presidente Nicolás Maduro y el presidente Tabaré Vázquez, reactivar un flujo comercial muy importante para Venezuela, pero también para Uruguay, tomando en cuenta que Venezuela es hoy el principal destino en varios de esos rubros.

Vea el video de la entrevista

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Transcripción: María Lila Ltaif