Informe: Resurge debate sobre encuestadoras y las empresas piensan en autorregulación

Los fracasos en las elecciones del 2014 y otros antecedentes en el plano internacional llevan a las encuestadoras a buscar un marco regulatorio para encarar el 2019. ¿Pero cuál es el mejor camino?

En ocasiones han sido cuestionadas, pero la población en general y el sistema político en particular recurren a las empresas encuestadoras y prestan atención a su trabajo.

Al comienzo de este año preelectoral -cuando aún el período de mayor intensidad de trabajo no comenzó- la posibilidad de regular o autorregular la actividad de estas empresas volvió a estar en el tapete.

Se debe tener en cuenta que en los últimos años se ha discutido a lo largo del mundo sobre la utilidad de las encuestas y el valor real de los datos que dan a conocer. Recordemos que en varias oportunidades recientes los resultados electorales no coincidieron con las tendencias que habían presentado las consultoras de opinión pública.

Casos sobran:
• En la última elección de Estados Unidos, Donald Trump no era el favorito para ganar la Presidencia, pero se impuso en los estados clave que le dieron el gobierno.
• Además, cuando el Reino Unido votó en 2016 el Brexit, los sondeos le daban el triunfo al No, pero se impuso el Sí.
• Ocurrió también en Argentina. En las últimos comicios presidenciales las encuestas daban ganador a Daniel Scioli por sobre Mauricio Macri.
• Aquí en Uruguay se vaticinaba en la campaña electoral de 2015 un triunfo muy acotado para el Frente Amplio, la pérdida de las mayorías parlamentarias y una frágil posición de cara al balotaje.
Las propias empresas reaccionaron frente a estos episodios. El sistema político también. Y fue allí que surgió un nuevo embate a favor de regular por ley el trabajo de las consultoras y la manera en que divulgan los resultados de sus relevamientos.

El seminario
La Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado del Uruguay (CEISMU), que reúne a casi la totalidad de estas firmas en nuestro país, lanzó el jueves de la semana pasada una reflexión pública sobre el tema.
Fue durante un seminario en el Palacio Legislativo, donde expusieron expertos en opinión pública de Uruguay y otros países.

La pregunta básica es: ¿regular por ley o autorregularse? Ninguna de las dos posiciones tiene consensos, pero desde las consultoras se cree que el mejor camino es la autorregulación.

El presidente de la CEISMU, Alain Mizrahi, director de Grupo Radar, dijo a En Perspectiva que el sistema político debe tener cuidado con las decisiones que tome para no lesionar los derechos de las empresas de opinión pública.

(Audio Mizrahi)
«No hacer cosas que son inconstitucionales o ilegales. Ni darle a determinados organismos públicos atribuciones que no tienen por ley. No hacer macanas legales. Tenemos grandes líneas de lo que queremos proponer y todavía no está presentado formalmente ni ante un organismo ni ante un legislador. Esto es un puntapié para empezar a discutir el tema, que nunca se discutió en Uruguay con el involucramiento de los principales interesados, que son las empresas de opinión pública y los medios de prensa».

Ahora, ¿qué implica una autorregulación? Según Mizrahi, un compendio de normas internas que indiquen cómo relevar los datos y cómo divulgar la información resultante.

Todas las empresas asociadas a CEISMU tendrían que seguir el protocolo y aclarar la metodología de trabajo para que no hubiera dudas en la población y en el sistema político, que es el principal contratante de sus servicios.

(Audio Mizrahi)
«Las preguntas sobre intención de voto, según cómo las formules, pueden dar un resultado u otro. Hoy, por ejemplo, si tú preguntás intención de voto por partido te da un resultado diferente que si preguntas mostrando una lista de candidatos. Y según la combinación de candidatos que pongas de un partido y de otro, te da resultados diferentes. Entonces, es importante saber cómo se formularon las preguntas, si la respuesta era abierta o si se mostró una lista de posibles candidatos al entrevistado. Cuántos casos se hicieron, cómo se relevó el trabajo de campo: fue telefónico, a celulares, a teléfonos fijos, fue cara a cara, con sorteo de hogares, online, cómo fue reclutada la muestra online. De qué universo es representativo, de toda la población, de la población urbana, mayor de 18 años, de 17, o cuál es el universo de referencia».

¿Qué pasaría si alguna de las empresas se apartara del protocolo en su trabajo? Según la propuesta que maneja CEISMU, una comisión de notables analizaría el comportamiento y determinaría si corresponde algún tipo de sanción.
La socióloga Mariana Pomiés, socia de la empresa Cifra, dijo a En Perspectiva que experiencias internacionales indican el éxito de este tipo de iniciativas.

Pero habría una dificultad: cómo designar a ese cuerpo de notables, con qué criterios y, en definitiva, cuál sería su integración.

(Audio Pomiés)
«Es lo que se hace en Francia. Nosotros ya lo veníamos viendo y lo confirmaron los expertos que vinieron. El problema es que esa comisión de notables tiene que ser integrada por gente que sepa de encuestas. En el caso de Francia, son casi todos abogados y dos personas vinculadas a las encuestas. Claramente, el abogado va a mirar con los conocimientos que tiene o con una perspectiva que no tiene nada que ver con las encuestas. Nuestra idea es que exista uno ajeno a las empresas, pero que a la vez conozca. Y en el mercado uruguayo es difícil porque somos pocos y todos nos conocemos, y estamos todos en la misma. Pero una posibilidad es que haya una comisión de notables que sea la que evalúe si esos datos son coherentes, si la ficha técnica es razonable y si los procedimientos que se siguieron son los estipulados por los estándares internacionales que queremos seguir».

Tanto Mizrahi como Pomiés dijeron que se trata de una idea preliminar, de un borrador de trabajo, pero que están receptivos a escuchar otras ideas.

De todos modos, quedó de manifiesto que el camino para ellos es la autorregulación y no la regulación mediante una ley. Pomiés fue categórica al decir que “no está garantizado” que una ley sea efectiva y que asegure el cumplimiento de sus disposiciones. Además, afirmó que las sanciones ante incumplimientos serían de “difícil aplicación”.

Antecedentes acá
Pero detengámonos unos segundos en las propuestas de regulación que hubo y que partieron, en su mayoría, del sistema político.

En 2014, el senador colorado José Amorín presentó un proyecto de ley que estipula la creación de un Registro Electoral de Encuestadoras, en el que deben inscribirse «todas aquellas personas jurídicas o personas naturales, que realicen encuestas y proyecciones sobre intención de voto».

En ese proyecto se le asigna a la Corte Electoral la responsabilidad de «fiscalizar» que los datos que se difunden a través de los medios de comunicación «correspondan a los datos de los resultados y a la ficha técnica remitidos por la encuestadora».

Por otra parte, el diputado colorado Fernando Amado presentó en 2016 un proyecto que castiga con dos meses de prisión a tres años de penitenciaria “a quien manifestase haber realizado un estudio profesional de opinión pública –encuesta–, sin haber realizado actos materiales y profesionales alguno para obtener la medición de la opinión pública”.

Pero hay más.

El consultor Daniel Mordecki presentó al presidente de la Cámara de Representantes, el frenteamplista José Carlos Mahía, un texto para que lo ponga a consideración del resto del sistema político. Esta iniciativa recoge un planteo hecho años atrás por el exdiputado del Frente Amplio Pablo Álvarez, que establece que los encuestadores deberán registrar la encuesta en la web de la Corte Electoral, donde tendrán que aclarar la metodología utilizada y explicitar si fue paga por una agrupación política. En este texto también se le asignan responsabilidades a la propia Corte, que debería fiscalizar si se cumple o no la ley. Además, maneja multas económicas que van desde 100.000 unidades indexadas (UI) y un mes de prohibición en la difusión de encuestas, hasta dos millones de UI y la prohibición total de divulgación del material.

Los montos son “negociables”, aclaró Mordecki a En Perspectiva. Pero subrayó la importancia de sancionar el apartamiento de las buenas prácticas del trabajo de las encuestadoras.

(Audio Mordecki)
«Se puede negociar para que haya sanciones, probablemente menores. Nosotros en las recorridas que hicimos la gente de datos abiertos y de la sociedad civil nos hizo la observación, -yo creo que atinada- que los importes son muy elevados, sobre todo para los medios más pequeños. Pero capáz que es previsión de no publicar, el registro en algún lado, monetaria. No sé, pero hay espacio para negociar que haya sanciones».

¿Qué se dice desde la bancada del Frente Amplio? El oficialismo está abierto a estudiar estas propuestas y no tiene inconvenientes con la autorregulación, pero entiende que debe haber un marco normativo.

El diputado Carlos Varela, que estudió Ciencias Políticas en la Universidad de la República y que participó del seminario organizado por CEISMU, dijo a En Perspectiva que la regulación debe contar con el consenso de todas las partes involucradas.

(Audio Varela)
«Considero que para asegurar la igualdad en cuanto a las reglas de juego, la transparencia de las mismas, que las prácticas comerciales en algunos casos o de análisis de datos, que puede ser otro escalón a analizar, deberían regularse de común acuerdo entre las partes y de forma transparente para que las reglas de juego sean conocidas, Las encuestas, que tienen una notoria influencia en la confirmación de opinión pública y en otros aspectos que hacen a la vida política y también a la vida comercial -no olvidemos que las encuestas miden intención de voto, pero también inclinaciones en el mercado que influyen directamente en la producción o en la venta de productos-, deberían ser transparentes en cuento a las prácticas, las formas, los métodos y los resultados que se obtienen en la aplicación de distintas técnicas de encuestas que en nuestro país se llevan adelante».

¿Sancionar o no sancionar ante incumplimientos? Tampoco hay consenso y el diputado Varela cree que ese punto puede complicar las negociaciones en caso que se opte por regular por ley.

(Audio Varela)
«Yo no hablo de medidas punitivas, hablo de conocimiento democrático de los datos. Accedemos siempre al final de la historia, pero nunca sabemos cómo se construye la misma. Pero hay experiencias internacionales buenas y malas, por supuesto, que hay que analizar para saber si son aplicables».

Con estas cartas sobre la mesa, las empresas encuestadoras continuarán intercambiando ideas sobre una posible autorregulación, sabiendo que el sistema político y la opinión pública los observan.

A medida que avance el año, se perfilen las precandidaturas presidenciales y la demanda de información estadística sea mayor, se volverá a hablar cada vez más de estas consultoras, su trabajo y si reflejan realmente la opinión de la ciudadanía.

***

Producción: Alejandro Rodríguez

Elecciones En Perspectiva

Internas, nacionales, balotaje y departamentales: toda la cobertura del ciclo electoral 2019-2020 de En Perspectiva.

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1 Comentario

  • Pobre Corte Electoral; no puede controlar los ingresos y gastos de las agrupaciones políticas, que lo único que puede hacer es recibir declaraciones pero p. ej., no tiene personal ni medios para controlarlas, y quieren agregarle otra nueva competencia. ¿Qué se quiere? ¿Un bello texto de ley pero que no se cumpla y no pase nada?…

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