Abuso sexual, medios de comunicación y justicia: Espero que todos hayamos aprendido algo

En Primera Persona // Por Emiliano Cotelo

¿Qué habría hecho usted, Cotelo? ¿Habría emitido por la radio audios grabados en un hecho que se investiga como violación grupal? ¿Por qué le dieron tanto espacio En Perspectiva al allanamiento de la radio Azul FM y el pedido de incautación de celulares del periodista que difundió aquellos audios y sus colaboradores? ¿Qué pasa, los periodistas reaccionan corporativamente y se consideran una categoría aparte dentro de la población? ¿No les parece que, con todo ese ruido, quedó relegado el tema de fondo, la denuncia presentada por la mujer que denunció el abuso?

Estas preguntas y otras parecidas nos han llegado desde la audiencia en los últimos días.

Voy a ir contestándolas en los próximos minutos.

Los audios al aire

En primer lugar, yo no recibí los audios. Pero, de haberlos tenido, no los habría puesto al aire.

Es cierto que entre el 23 de enero y el 1 de febrero (cuando saltaron los audios) la versión de los hechos que circulaba, aunque desprolija e incompleta, estaba básicamente alineada con lo denunciado por la joven. Los acusados tenían otra versión y, legítimamente, aspiraban a que se conociera. Alguno de ellos optó por entregar las grabaciones a Ignacio Álvarez y éste decidió divulgarlas en su programa radial.

Si yo hubiese estado en esa situación y quisiese dar a conocer ese otro ángulo, simplemente habría informado a los oyentes que uno de los interesados me había enviado videos y/o audios, que yo había estudiado ese material y que yo había sacado tales o cuales conclusiones. Punto. De ese modo habría hecho un aporte periodístico para que existiera una visión más amplia y equilibrada del caso, pero sin generar escándalo y, sobre todo, sin exponer públicamente a la denunciante, registrada con su propia voz en circunstancias íntimas. Obviamente, por ese camino no habría tenido tanto rating ni habría generado tanta polémica como tuvo ese espacio de radio ese día y en los días siguientes.

Una puntualización antes de seguir. Doy esta explicación porque este caso se ha convertido en un hecho público relevante y porque se refiere a una dilema muy desafiante para el desempeño de esta profesión. Estoy haciendo una excepción a una regla de En Perspectiva: ustedes saben que muy pocas veces en los 36 años de historia de este programa he comentado el trabajo de otros colegas. Es más, ya me había resultado incómodo que el tema se volviera ineludible en una de las tertulias, la del jueves 3 de este mes, pero entendí que no debía yo ignorar u ocultar una situación simplemente porque el protagonista era un periodista con el cual “competimos” en el horario matutino de la radio.

Volviendo al punto, como decía, no comparto el abordaje que se hizo en el programa La Pecera (manejamos criterios periodísticos diferentes). Después está la discusión legal. Y luego todavía la actuación de la fiscal encargada de investigar la difusión de los audios.

Vamos por partes.

Lo legal

El artículo 92 de la ley 19.580 (de “Violencia contra las mujeres basada en género”) establece: “El que difunda, revele, exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría…”. Es posible sostener que con su conducta Álvarez violó esa disposición. Otro dicen que no. El diario El Observador recordaba que en el debate parlamentario nunca se mencionó la eventualidad de que este artículo se aplicara a periodistas y en cambio se enfatizó en sancionar conductas interpersonales de difusión de imágenes, videos o audios a través de aplicaciones de mensajería o redes sociales, relacionadas, por ejemplo, “con la pornografía de venganza o de diversión”, sin la aprobación de los involucrados.

En cualquier caso, la libertad de prensa no es absoluta, tiene límites establecidos por la ley. Y muchas veces los periodistas optan por transgredir algunas de esas disposiciones porque entienden que deben dar a conocer una noticia importante que permanece escondida; cada uno evalúa, según el asunto que está en juego, si tiene sentido correr el riesgo de una acusación judicial.

Dos denuncias

En definitiva, puede ocurrir que un trabajo periodístico sea llevado ante la Justicia.

Ahora, no entendí la denuncia que presentó la diputada del Frente Amplio Micaela Melgar ni mucho menos que esa denuncia después acumulara las firmas de decenas de parlamentarios y dirigentes de esa fuerza política. Ese giro político partidario de la discusión me pareció un paso en falso, innecesario, que enredó mucho más un episodio que ya venía suficientemente entreverado.

Otra cosa fue la iniciativa del fiscal de Corte, Juan Gómez, que ordenó de oficio una investigación sobre la presunta vulneración de dos normas: el artículo 92 de la Ley 19.580, ya mencionado, y el artículo 259 del Código del Proceso Penal, que impide la filtración de información reservada por parte de aquellas personas obligadas a guardar esa reserva (porque en el programa se dio a conocer detalles de una pericia médica).

Esa resolución estaba entre las posibilidades y no me pareció que implicara un atropello ni un menoscabo a la solidez de la democracia en Uruguay. Pero también creo que lo que vino después, la forma como se inició esa indagatoria, fue peligroso y preocupante.

Allanamientos e incautaciones

Un expediente que involucraba a un periodista resultaba sensible y podía despertar temores. Por eso todos esperábamos un abordaje sobrio y cuidadoso de parte de la fiscalía. Lo sorprendente fue que ocurrió todo lo contrario. Con autorización de la jueza Patricia Rodríguez Barreto, el viernes 4 al mediodía Interpol llevó a cabo un allanamiento en la radio Azul FM. La fiscal Mariana Alfaro había solicitado ese procedimiento y otro que no llegó a concretarse: el allanamiento a la casa de Álvarez y la incautación de su celular y otros dispositivos electrónicos de trabajo.

Cuando la noticia se conoció, causó conmoción. ¿Por qué? Por el mensaje que implicaba de condicionamiento a los medios de comunicación y en particular porque afectaba un principio básico de la libertad de prensa, que es la reserva de las fuentes de los periodistas, un derecho que está consagrado en convenios internacionales y en Uruguay en la Ley de Prensa, número 16.099, que en su artículo establece: “…los periodistas tendrán el derecho a ampararse en el secreto profesional respecto a las fuentes de información de las noticias que difundan en los medios de comunicación”.

Y, ojo, una aclaración: por esa vía no se está protegiendo a los periodistas sino a la sociedad y sus posibilidades de acceder a información de interés público que algunos procuren ocultar, por ejemplo en el funcionamiento de organismos del Estado.

Fíjense lo que estaba en juego. La resolución judicial dice, textualmente:

Autorízase en dichos allanamientos la incautación y registro de [] dispositivos electrónicos (tales como celulares, tablets, computadoras) y soportes de almacenamiento (por ej. pendrives, discos), propiedad o detentados por el Sr. Ignacio ÁLVAREZ, de uso personal o de uso de la producción del programa “La Pecera”, con el fin de constatar el contenido del material audiovisual recibido, difundido, cedido, comunicaciones en las que se reciba o ceda material reservado o con contenido íntimo o sexual sin consentimiento de los involucrados”.

O sea, con el acceso a toda esta larga lista de aparatos los investigadores no solo iban a poder identificar las fuentes que le habían suministrado al periodista los videos y otras grabaciones del caso de presunta violación, sino también iban a conocer a cantidad de otras fuentes con las cuales Álvarez se ha vinculado por otros temas, por ejemplo denuncias contra políticos o incluso contra fiscales. Todos esos datos iban a quedar a disposición de quienes ingresaran con permiso judicial a esos dispositivos. Muy grave. Y no solo por lo que significa para este periodista sino como señal para todos los periodistas uruguayos (y para todas las fuentes que puedan suministrar información a periodistas).

Marcha atrás y garantías

Me produjo un gran alivio lo que el fiscal de Corte, Juan Gómez, declaró el lunes siguiente, luego de reunirse con una delegación de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), que le había pedido una audiencia.

En síntesis destacó que el operativo planificado por la fiscal no había llegado a completarse, aclaró que lo que faltaba ya no se haría y enfáticamente aseguró que en el futuro no habría actuaciones de ese tipo en casos que involucraran a periodistas. Fue otra buena noticia lo que agregó el doctor Gómez cuando visitó En Perspectiva este jueves: esos anuncios suyos no surgían de una desautorización que él debió hacerle a la fiscal, sino de la autocrítica que la propia doctora Alfaro había realizado durante el fin de semana previo, a partir de la cual admitió el exceso y ella misma dio marcha atrás.

Por supuesto, cabe preguntarse cómo no razonó, antes de pedir los allanamientos y la incautaciones, que por esa vía estaba atropellando otros principios básicos del Estado de Derecho. ¿Formación deficiente? ¿Exceso de trabajo que obliga a tomar decisiones a las apuradas? De todos modos el jueves el fiscal de Corte nos informó de otra novedad auspiciosa: decidió gestionar con la representación de Unesco en Montevideo la organización de talleres para profundizar en estos asuntos vinculados con la libertad de prensa, destinados a funcionarios del Ministerio Público y otros interesados.

Ahora, todavía queda pendiente la otra parte de la responsabilidad en estas actuaciones fuera de cauce que iban a tener lugar. Allí existió la autorización de una jueza de garantía. De esa magistrada se ha hablado menos. No se conoce que se haya arrepentido de su firma. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, consultado el sábado por La Diaria prefirió no pronunciarse para no prejuzgar ante la eventualidad de que el tema llegue en el futuro a consideración de esa corporación.

Lo principal

Por supuesto que lo más importante en toda esta catarata de sucesos es la investigación de fondo: si hubo o no abuso sexual, violación o violación grupal aquel domingo 23 de enero en un apartamento de la zona del Cordón, en Montevideo.

Ese expediente, que sufrió tanto manoseo público y pasó en las redes sociales por veredictos sumarios en uno y otro sentido, sigue su curso. En la madrugada del viernes 4 (unas horas antes de que ocurriera el polémico allanamiento a emisora Azul) la jueza Marcela Vargas formalizó a los tres jóvenes mayores de edad involucrados, para los cuales se dispuso prisión preventiva de 180 días. Ahora está pendiente, entre otras instancias, el testimonio de la víctima. Ojalá de aquí en más las actuaciones continúen en un ambiente más sereno y menos distorsionante.

¿Aprendimos?

Y otra cosa…

Yo espero que todo el agite accesorio y traumático que afectó a este caso en las últimas semanas sirva para algo, que deje aprendizajes provechosos para el futuro, tanto para el manejo de las próximas etapas de este expediente como de otros similares que puedan venir.

En mayor o menor grado -creo yo- ese ejercicio de introspeccción debería abarcar a operadores judiciales, abogados de las partes, la población y sobre todo aquella gente que tiene tendencia a opinar a la ligera, pontificar y linchar, y también, claro, a los medios de comunicación y los periodistas.

Hace un rato yo marqué discrepancias importantes con el trabajo de un colega. Pero no soy perfecto ni puedo dar cátedra en esta materia. Y en el seguimiento de de estos hechos en particular nosotros, aquí En Perspectiva, cometimos errores y descuidos, por ejemplo cuando dimos por buenos algunos trascendidos que circulaban en los medios, provenientes de la Fiscalía y la Policía; uno de ellos, el que decía que los acusados se habían negado a pasar por el examen de ADN, algo que varios días después se supo no era cierto. En ese y en algún otro punto nos faltó realizar las verificaciones correspondientes; de ahora en adelante seremos más puntillosos y desconfiados, en el buen sentido del término. Por otro lado seremos más precisos a la hora de resumir en pocas palabras un hecho como este, un aspecto en el cual tampoco quedamos conformes con lo que hicimos.

Son detalles importantes. Nos guste o no nos guste, muchas veces los juicios se juegan, por lo menos en parte, en los medios.

Si me pongo a buscar una palabra que resuma lo que todos deberíamos cuidar de ahora en adelante en este tipo de casos, me quedo con esta: respeto.

Respeto a la crisis personal y familiar por la que seguramente pasa el ser humano que decide hacer una denuncia de este tipo; respeto a las garantías del debido proceso para los acusados, que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario; respeto a las reglas básicas de un debate público civilizado y constructivo.

Emiliano Cotelo

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8 Comentarios

  • Concentrándome exclusivamente en las palabras de Emiliano, y sin emitir opinión sobre el tema central (a la espera de la definición de la justicia), quiero una vez mas saludar al periodista objetivo, autocrítico, y profundamente respetuoso del ciudadano.

  • Yo también pienso (y así lo manifesté en algún otro comentario) que lo más adecuado hubiera sido que Álvarez hubiera informado en su programa, que está en posesión de unos videos (facilitados por otra persona) según los cuales la supuesta agresión no habría sido tal, sino que se desarrolló de tal forma. Así daba a conocer la noticia y no caía en la difusión de videos íntimos.
    Y, por otra parte, la actuación de la fiscal y la juez en este caso parece confirmar lo que decía Martín Bueno la semana pasada: están actuando con impericia y apresuramiento; parece que su objetivo fuera mostrar a la opinión pública que están actuando, en lugar de tratar de llegar a la verdad de los hechos. En concreto: en lugar de pedir y decidir el allanamiento de los estudios de la radio y del domicilio del periodista, actuando «manu militari», debieron haber pedido a la Dirección nacional de Telecomunicaciones la grabación de la emisión radial en que se difundieron esos videos, y en base a esa prueba decidir el procesamiento de los intervinientes. Acción, claro está, que queda bajo el posible cuestionamiento por limitación a la libertad de prensa. Pero habría sido una acción menos violenta.

  • Bienvenido tu editorial Emiliano.

    Errores sí, son la regla de la condición humana, los aciertos son la excepción; ayuda y mucho la experiencia
    ¿cómo se adquiere experiencia?
    Colectando equivocaciones, sin duda.

    Es así, en los medios es que se define buena parte de la agenda pública y se da escalafón de jerarquía, que debe tañir en la plaza y que debe quedar en murmullo de subsuelo.
    Las preguntas consecuentes son obvias:
    La medida ¿hasta dónde?
    La metodología ¿cómo?
    En tales respuestas yace el centro del asunto ético, el bien y el mal y si hay mas allá de ellos algo sensato o puro caos.

    Entre otras cosas constatadas por evidencia, hay que señalar con vigor las asimetrías flagrantes que existen cuando quien denuncia es una persona anónima y cuando lo hace una persona desde un sitio de poder y no, no todos alcanzamos a ser iguales bajo la sábana corta de la Ley.

    No creo que este asunto sea para nada menor, en lo absoluto, en él se desnudan sentires y acciones que marcan el pulso de la actual convivencia -preocupante- y por ello elijo del editorial una palabra con significado trascendental y ejercicio impostergable: RESPETO.

  • Coincido en líneas generales con lo expresado por el Sr. Emiliano Cotelo.
    Me parece muy valiente su posición.

  • Un saludable buen intento de autocrítica, pero, falta un poco más.
    En la tertulia acerca del tema fue muy ruidoso en ese panel el marcado «orgullo» de los opinantes por no haber escuchado los audios.
    ¿Era de lo que iban a opinar, y se da por bueno y sin discusión que ninguno oyera los audios y encima lo marcaran como virtud?
    ¿Es también lógico y aceptable que el conductor no marcara con énfasis ese detalle y decidiera no preguntar a los opinantes del porqué, de cuánto contribuye (o no) al debate esa opción?
    Aclaro que comparto absolutamente la decisión de no pasar los audios al aire. Eso sin discusión. Pero, como el mismo Emiliano dice en el editorial arriba, en caso de que él hubiera recibido los videos: «habría hecho un aporte periodístico para que existiera una visión más amplia y equilibrada del caso, pero sin generar escándalo y, sobre todo, sin exponer públicamente a la denunciante.» Aplaudo eso. ¿Y por qué no se intentó eso en la tertulia? Eso faltó. Hay parte de la realidad, de los hechos, que no se discuten y estamos dando por «normal» no hablarlos.
    Hoy mismo di con esta columna que se explaya amplio en el tema y en algún modo me disparó a señalar este matiz significativo.
    Es algo larga, pero la recomiendo. De hecho la escribe un destacado profesional que por muchos años fue panelista de En Perspectiva.
    Saludo.

    https://extramurosrevista.com/el-irritante-raton-de-lo-real-asedia-una-denuncia-de-violacion/

  • Es interesante el análisis que hace Cotelo, separando los diferentes factores. Yo tengo con esto varios sentimientos encontrados de los que no sé hacer una síntesis. Como mero ejercicio y quizás para aclarar mis propias ideas, los enumero:

    1. No me resulta concebible vivir en una sociedad en la que no valga el principio de presunción de inocencia. Es un principio que está siendo muy relativizado por varios colecivos que proclaman tener una deuda histórica para cobrar. Quizás la deuda exista, pero la mejor forma de «cobrarla» no es precisamente retrotraernos al medioevo, sino buscar que la sociedad evolucione en derechos y garantías.

    2. Me resulta claro que una consecuencia de la presunción de inocencia es que lamenablemente siempre va a haber delitos que queden impunes. Para casos como este, más aún. Un sistema penal que invierta la carga de la prueba seguramente no deje delito sin punir, pero genere gran cantidad de condenas a inocentes. Esa es la opción del derecho liberal, que prefiere delitos impunes a inocentets condenados. No es un principio para discutir delito a delito, sino globalmente, como un asunto de filosofía del derecho.

    3. Me resulta indignante haber sido condicionado (y engañado, diría) por las declaraciones de la fiscal. Para ella, la violación había sido probada por una pericia médica. También nos dijo que los acusados se negaron a dar las muestras para el análisis de ADN. Ahora nos enteramos de que la pericia médica no es concluyente ( aparentemente no puede serlo) y que los hoy imputados no se negaron a dar sus muestras para el análisis de ADN. La fiscal, además, parecía indignada por tener que presumir la inocencia de los acusados y esperar los resultados de ADN, fogoneando esa idea militante de que para ciertos delitos no hay que darle garantías a los denunciados.

    4. Me resulta repugnante que una grabación de un acto sexual se divulgue en la radio sin el consentimiento de todas las partes. No es que sacralice la sexualidad, ni mucho menos. Desde mi punto de vista, la línea roja moral está siempre en el consentimiento de todas las partes.

    5. Me resulta claro que, lamentablemente, si no fuera por la movida que generó Álvarez, no estaríamos discutiendo esto. Más bien seguiríamos hablando de lo lenta y «patriarcal» que es la justicia y de la poca «perspectiva de género» que tiene. Eso es lo más lamentable, que un acto probablemente ilegal (esto está en proceso judicial hoy), termine sacando del pozo la discusión. Tanto los colectivos feministas como los profesionales de justicia que insisten en «visibilizar» estos casos, en prejuzgar en declaraciones públicas, están sujetos a cometer estos errores y a inducirnos a error a todos. Hay un exceso de celo, un énfasis en considerar a priori culpable a cualquier hombre acusado de acoso hacia una mujer («perspectiva de género») y eso tiene estos riesgos. La presión social es enorme porque dudar es «flaquear» en la fe «antipatriarcal» que hay que probar que se la profesa.

    • Impecable, Leonardo. Desde el punto uno hasta el cinco, en completo acuerdo con lo que señalas. Me detengo en particular en el último, remarcando el acierto de tu tono: «lamentablemente» fue esa difusión la que introdujo el acto «hereje» por el cual se ve atacado el dogma, esa fe impuesta que bien nombras: algo así como «Ey, gente, no sé, nadie sabe lo que pasó, pero aquí hay un dato que habría que considerar antes del linchamiento.» Pero no. Se elige el silencio. Agrego -atrevidamente y llevando esto a mi comentario anterior- hasta qué punto se mantiene la fidelidad al dogma que en la tertulia en la que abordaron el tema, los participantes mostraron su «orgullo ciudadano» en no haber escuchado los audios, y el tampoco el conductor consideró que ameritaba contrapreguntar el porqué de esa opción. A tu bien decir, nadie flaqueó en la fe. Gracias, y saludo cordial.

  • El editorial es totalmente compartible, coherente con la línea periodística y pone de manifiesto los valores que deben tenerse en cuanta para una convivencia democrática. En todo caso, me permito señalar que en la tertulia en que se trató el tema y en algún otro pasaje de emisiones posteriores, al hablar del asunto, se seguía con lo de la «violación en manada» o términos similares, cuando YA HABIA UNA DECISION JUDICIAL que hablaba de «abuso sexual especialmente agravado». Son dos delitos distintos, pero el primero tiene una fuerza comunicacional, fogoneada por los feminismos y especialmente amplificada por los medios. En Perspectiva, en una mínima medida, también contribuyó a ello. Yo creo que en este caso, y en los que vengan, hay que cuidar (para bien de la convivencia civilizada) este tipo de «deslices» porque si bien es cierto que la revolución feminista es el signo del S XXI, no es menos cierto que para «contrarrestar» siglos de «patriarcado» hemos llegado a extremos tales como que en la ley 19580 se habla sistemáticamente de la «víctima» para referirse a la denunciante y es cada vez mas «vox populi» que los Juzgados de Familia Especializados están repletos de casos, donde la prueba de la «violencia familiar» se valora en términos de «perspectiva de genero» y donde los procesos suelen no terminar con una sentencia. Coincido plenamente con Leonardo Nidingas en que la difusión de los audios sin consentimiento es aberrante, además de ser delito, pero que si no hubiera sido por la movida que generó el episodio, todavía podríamos seguir escuchando «violación en manada». Lamentablemente SE SIGUE ESCRIBIENDO lo de la violación en mandada. Ver la revista Galería de este jueves 17.02.22 en el articulo que trata de la educación de los hombres respecto del tema «género». Y termino con un apunte sobre un tema que NO HA SIDO OBJETO DE ANALISIS, ni de NOTICIAS: la situación del menor de 17 años que participó de los hechos. A mi, como ciudadano de a pie, me gustaría saber con la misma claridad con que se ha tratado este tema, qué pasó con ese menor, que responsabilidades hay. Sería un aporte más para que podamos seguir viviendo en sociedad, con respeto por todos, por los que se equivocan, por los que se comportan y sobre todo para que este péndulo que se ha movido violentamente hacia un lado, pueda – con ayuda de los medios de difusión, de los operadores jurídicos y con la mesura de la gente de a pie – ir volviendo al centro. No va a ser nada fácil. Pero vale la pena aportar, cada uno su granito de arena.

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