La oposición no acompañó y al faltar Darío Pérez, diputado de la Liga Federal, el Frente Amplio no consiguió los 50 votos necesarios para habilitar el tratamiento del proyecto
Fracasó ayer en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales que era impulsado por el Frente Amplio. La bancada del oficialismo no logró los 50 votos que se necesitaban para habilitar su discusión en sala.
Una vez más, el bloqueo corrió por cuenta del diputado de la Liga Federal, Darío Pérez, con quien sus compañeros habían estado negociando hasta último momento. Su visto bueno era imprescindible porque toda la oposición ya había anunciado que no acompañaría el articulado y ni siquiera prestaría sus votos para que la cámara iniciara su tratamiento.
La nueva rebeldía de Darío Pérez se produjo cinco días después de que el Plenario del Frente Amplio lo sancionara por no haber acompañado tres artículos de la ley de presupuesto en 2015. Concretamente al legislador se le suspendió sus derechos como adherente por cuatro meses y por ese mismo período se le quitó a su sector el derecho a voto en la orgánica de la coalición.
El desenlace provocó fastidio en varios integrantes de la bancada de gobierno. Algunos de ellos denunciaron la “falta de interés” de dirigentes opositores en regular y transparentar el financiamiento de los partidos y las campañas.
Pero el coordinador de bancada, Felipe Carballo, apuntó, además, a Darío Pérez, a quien acusó de “traición”.
La situación que se dio ayer significó un duro revés para el Frente Amplio, que durante meses trabajó entre Diputados y el Senado la aprobación de este proyecto con disposiciones que iban a regir desde el 1 de enero, es decir, dentro de pocos días.
En el plano jurídico implica que en la próxima campaña electoral el financiamiento de los partidos políticos continuará rigiéndose por las disposiciones que se pretendía derogar y corregir.
Por ejemplo, se permitirán los aportes económicos realizados por empresas y no a nombre de las personas físicas, titulares de esas empresas, que pretendan financiar a un candidato, un partido o una agrupación.
Por otra parte, la distribución de los espacios gratuitos para propaganda electoral en medios de comunicación se realizará de acuerdo a las disposiciones ya vigentes y no en base a las variantes que proponía ese texto.
¿Qué análisis se hace de esta situación en el FA? En Perspectiva lo habló con el diputado Alejandro Sánchez, del MPP.
