El asesor en seguridad del precandidato presidencial nacionalista Luis Lacalle Pou afirmó: "Aplicando mucho mejor los recursos que se tienen, sobre todo en cárceles, se puede lograr un cambio sustancial"
El Ministerio del Interior resolvió que la Guardia Republicana asumirá las tareas de seguridad en las cárceles.
Esta mañana, En Perspectiva analizó el tema con el doctor Alvaro Garcé, asesor en seguridad ciudadana de Luis Lacalle Pou y ex comisionado Parlamentario para el sistema carcelario. También se repasaron las propuestas del sector Todos Hacia Adelante en esta materia.
Diferencias en el oficialismo
La decisión, que se comunicó oficialmente el viernes la semana pasada, provocó diferencias en la interna del oficialismo, que desde 2005 levantó las banderas de la humanización del sistema carcelario.
Por ejemplo, el sector Casa Grande, que lidera Constanza Moreira, emitió un comunicado donde manifestó su "profunda preocupación" por "el paso de la responsabilidad de la seguridad de las unidades a un cuerpo policial altamente entrenado para tareas de represión y que ya ha recibido denuncias de abuso de poder". El sector que encabeza Constanza Moreira agregó que "el aumento de la represión pone en riesgo no solamente a las personas privadas de libertad", sino "también a funcionarios policiales y civiles penitenciarios en el desarrollo de sus tareas". A la declaración se añadió un mensaje de Rafael Paternain, senador suplente de Casa Grande, que escribió en Facebook que "apelar a la Guardia Republicana para la seguridad en las cárceles es el síntoma más elocuente de un fracaso".
Por otro lado, el precandidato Óscar Andrade dijo que esperaba tener "conversaciones" con "gente del Ministerio del Interior" para escuchar los "fundamentos" y "no cobrar al grito", pero que "la primera señal es de preocupación". Otro sector en el que, en primera instancia, se plantearon reparos fue el Partido Socialista, que abordó el tema en la reunión de su ejecutivo el lunes pasado.
Oposición
Pero también se escucharon discrepancias desde la oposición.
El general (R) Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, advirtió que con este paso se retira personal de la Guardia Republicana de las calles, que es donde se la necesita para combatir a la delincuencia.
Jorge Larrañaga, precandidato de Alianza Nacional en el Partido Nacional, dijo que la medida "no hace más que confirmar el fracaso" de la política carcelaria.
Otra voz que discrepó fue la del abogado Andrés Ojeda, asesor en seguridad del precandidato colorado Julio María Sanguinetti. Consultado por el diario El Observador, Ojeda rechazó la idea y sostuvo que "esto es prácticamente lo mismo que lo que propone Edgardo Novick al militarizar las cárceles".
Y el ex fiscal Gustavo Zubía, que apoya a Sanguinetti, comparó la decisión con "meter al rottweiler dentro de casa para controlar que el nene no le pegue a la abuela".
Por su parte, Ernesto Talvi (precandidato colorado del sector Ciudadanos) dijo que si bien a "largo plazo" no le parece una decisión correcta, sí está de acuerdo en que puede corregir un "problema inmediato". "Lo primero que tenemos que garantizar es la vida adentro de las cárceles”, sostuvo Talvi.
La explicación
¿Cuáles son los motivos de esta reforma? ¿En qué consiste, exactamente? ¿Cómo se la implementará?
Las autoridades explicaron que el objetivo es proporcionar seguridad al personal civil que realiza tareas de rehabilitación, por ejemplo la educación o el trabajo, y al mismo tiempo proteger a los propios reclusos.
El ministro Bonomi enfatizó que la medida dispuesta «significa ordenar el sistema penitenciario, que permita (a los reclusos) mayores estadías fuera de la celda, más deporte, más patio, más estudio, pero con garantías».
Se recordó que en 2018, 19 presos fueron asesinados en establecimientos carcelarios, según datos del Ministerio del Interior.
Según se informó a En Perspectiva, los efectivos policiales que están actualmente asignados a las cárceles pasarán a revistar en la Guardia Republicana, para lo que recibirán un entrenamiento específico. Es decir que, con nueva formación, seguirán en los mismos puestos de trabajo que ocupan hoy pero dependiendo de otro cuerpo del Ministerio del Interior.
Paralelamente, la Guardia Republicana capacitará a parte de su personal en el trato con presos a fin de que contar con un grupo de efectivos que puedan tener un desempeño adecuado si es necesario convocarlos para reforzar el plantel asignado a los establecimientos penitenciarios, por ejemplo, para contener algún tipo de crisis violenta.
¿Dónde, por ejemplo, sería especialmente útil este nuevo esquema? Un caso tristemente conocido es la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar), un complejo de gran tamaño donde en los últimos meses se han producido graves enfrentamientos entre los internos del módulo 10 y el 11.
Sin embargo, según se adelantó, la primera experiencia se haría en el nuevo establecimiento penitenciario de Punta de Rieles.
También se prevé que en 2021 la Guardia Republicana asuma la custodia perimetral de las siete cárceles en las que actualmente el Ejército cumple esa función. Se aguarda que para ese año pueda aplicarse la ley de reordenamiento del sistema carcelario, que hoy está a estudio de la Cámara de Diputados. De acuerdo a ese texto, el Instituto Nacional de Rehabilitación, que gestiona las penitenciarías, pasaría a ser un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, pero la seguridad se mantendría bajo responsabilidad de la Policía y el trabajo dentro de los centros continuaría asignado a los operadores penitenciarios civiles.
De todos modos, en el gobierno enfatizan que las medidas relativas a la Guardia Republicana pueden llamar la atención pero son sólo una parte de un proceso más amplio de transformación de sistema penitenciario.
Así lo explica el senador del MPP Charles Carrera, exdirector general de secretaría del Ministerio del Interior:
Se está trabajando en la creación del sistema penitenciario nacional, que es una ley en la cual se establecerá claramente los cometidos que desarrollará cada una de las instituciones del Estado en el proceso de rehabilitación e inclusión de las personas privadas de libertad. Y allí se definirá, por ejemplo, el rol que tendrá el MI, la Policía, el MSP, las políticas sociales y educativas.
Y lo que se anuncia ahora, la participación de la Guardia Republicana brindando seguridad en los centros penitenciarios, forma parte de ese proceso de descentralización. Es una fase más.
La pregunta es: ¿es necesario que la Guardia Republicana participe dando seguridad en algunos centros penitenciarios? Sí, es necesario. Es necesario que se brinde seguridad a los trabajadores del sistema y a los privados de libertad. Para que los procesos de rehabilitación se puedan brindar en los centros penitenciarios.
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Foto en Home: Agustín Magallanes
