Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
¿Qué archivos hay sobre violaciones a los derechos humanos en dictadura?
¿Quiénes tienen acceso a ellos?
¿Con qué fines se usan?
Estas preguntas quedaron planteadas la semana pasada, cuando se supo que un anónimo estaba subiendo a internet miles de documentos de servicios de inteligencia, de la dictadura y de gobiernos democráticos.
En concreto, el autor publicó material de un gran archivo que fue localizado en 2006 Azucena Berruti, entonces ministra de Defensa, y otros documentos, incluyendo algunos que se buscaban desde hace décadas.
Al difundirse la noticia, el ministro de Defensa, Javier García, ordenó una investigación interna y presentó una denuncia ante fiscalía para averiguar el origen de la divulgación.
Este lunes, en entrevista aquí en Perspectiva, el ministro García vinculó esa publicación en Internet con la decisión del Poder Ejecutivo que este mes remitió al Parlamento un proyecto ley que dispone el acceso público y universal a todos los documentos existentes sobre ese período y que hoy se encuentran en poder del Estado, por ejemplo en el Archivo General de la Nación.
"Esto confirma lo que desde el gobierno planteamos. Porque sería mucho mejor que fueran publicados con las garantías de la ley y no con la garantía de un anónimo que vaya que hay que primero que creerle. Ahora… ¿esto hubiera sucedido así por arte de magia si no hubiera existido un impulso del debate político por parte del gobierno con un proyecto de ley? Yo le digo que no hubiera existido".
En medio de este panorama, y en el mes de los 50 años del golpe de estado, la Universidad de la República (Udelar) y la Institución Nacional de Derechos Humanos inauguraron el miércoles el Repositorio Luisa Cuesta, en el que la población podrá consultar el “archivo Berruti” en un lugar físico, bajo protocolos que eviten filtraciones o un mal uso de los documentos.
En esta iniciativa participan docentes de la Facultad de Información y Comunicación y de la Facultad de Ingeniería, que integran el proyecto Cruzar, que desde 2018 encara la tarea de reconstruir e interpretar los archivos de la dictadura.
Conversamos En Perspectiva con dos integrantes de este proyecto, para pasar en limpio la situación de los archivos, qué implican las revelaciones de estos días y qué cambia ahora con la creación del repositorio Luisa Cuesta.
Dialogamos con Fabián Hernández, licenciado en archivología del Departamento de Fuentes Documentales, Recursos y Servicios de Información del Instituto de Información de la FIC
Y el ingeniero Gregory Randall, Coordinador del equipo del Instituto de Ingeniería Eléctrica. Facultad de Ingeniería.
Destaques de la entrevista:
- "Aquí hay una contradicción entre la ley de acceso a la información pública, que dice que todo ciudadano tiene derecho a acceder a este tipo de archivos, y por otro lado, la ley de protección de datos personales que dice que no tenemos derecho a menoscabar el honor, etc. de las personas que allí aparecen. Una solución intermedia que fue la que pudimos implementar es esta. Las personas no van a tener acceso como tienen a archive.org donde cualquiera puede acceder y hacer lo que quiera con esos documentos y después nadie sabe quién accedió. Acá las personas que accedan firmarán un compromiso de responsabilidad que dice claramente que deben cumplir la ley en el uso de esos datos. Nosotros vamos a guardar tres cosas: El documento firmado por las personas, la lista de documentos cuya copia les dimos y todas las búsquedas que hicieron las personas en la base de datos. Eso queda resguardado, si un día alguna persona incumple la ley y va a un proceso judicial, nosotros tendremos esa información para proporcionar. Es una forma intermedia, porque la otra solución sería que se destinaran recursos para que docenas de archivólogos revisaran todos los documentos y cuando se pide uno, meticulosamente tachar aquello que no corresponde que se vea. Eso tiene varios problemas: el volumen y la cantidad de datos que hay, las transcripciones que son muy imperfectas".
