Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
La actuación de la jueza de crimen organizado María Helena Maynard en dos casos que involucraban a narcotraficantes peligrosos derivó en un enfrentamiento abierto entre el Ministerio del Interior y el gremio de magistrados.
El miércoles pasado, en una conferencia de prensa en el Parlamento, y día siguiente en una entrevista en Búsqueda, el ministro Luis Alberto Heber declaró que el accionar de la doctora Maynard de no ayuda en la lucha contra el narcotráfico.
La molestia de Heber, se basaba en dos casos.
Por un lado la jueza aceptó un recurso de habeas corpus presentado por la defensa del delincuente Ricardo Damián Cáceres Correa, que le permitió a este recluso dejar de estar aislado en una unidad de máxima seguridad y pasar a contar espacios de esparcimiento, de educación y de trabajo.
El ministro argumentó que personas como el “Ricardito” no se rehabilitan.
“No se rehabilita esa gente que lleva una organización donde matan gente o cortan manos. Podemos hacer el intento, adentro de una cárcel de máxima de seguridad, no afuera”.
El otro fallo de la jueza Maynard cuestionado por el ministro Heber fue el que le permitió pasar a prisión domiciliaria al narcotraficante Juan Antonio González Bica, que dos meses después de la resolución rompió la tobillera electrónica que tenía puesta y se fugó.
En este episodio la resolución de la magistrada se apoyó en informes supuestamente emitidos por el Instituto Técnico Forense y la oficina del comisionado parlamentario para las cárceles, que avalaban el pedido de la defensa en función de problemas cardíacos y renales que padecería el recluso. Luego se sabría que esos documentos eran falsos. Respecto a ese caso, Heber consideró fundamental que sea la Justicia quien pida y revise las historias clínicas de los presos que solicitan prisión domiciliaria y no “cometer la ingenuidad” de que “con un certificado médico ya estamos admitiendo una enfermedad”.
La Asociación de Magistrados del Uruguay rechazó los dichos del ministro. En un comunicado emitido el viernes, esa gremial sostuvo que esas declaraciones de Heber “significan la clara afectación de la independencia judicial así como el evidente y preocupante desconocimiento de los pilares del sistema republicano”, “sustentado en la separación de poderes y el más estricto respeto a la independencia de cada uno”.
Profundizamos en esta reacción de gremio de magistrados. Convesamos En Perspectiva con su presidente el Dr. Leonardo Méndez.
Destaques de la entrevista:
- "La investidura que debe ejercer un ministro de Estado, y la posición institucional que tiene, debe de hacerlo tener el mayor de los cuidados al expresarse sobre otro poder del Estado y sobre sus actuaciones. Por supuesto que nosotros partimos de la base de que nuestra tarea como funcionarios públicos de primera línea es criticable y eso es bueno y hace al ejercicio democrático. El problema está cuando se personaliza la crítica, se va más allá de la crítica de la decisión judicial, que por supuesto, además tiene las vías recursivas previstas por el derecho, y se va a la persona".
- "Cualquier expresión fuera de lugar puede provocar no solo una distorsión de la imagen del funcionamiento del sistema, sino también injerencias y presiones indebidas. Y para los colegas que están tratando casos similares es muy grave. Hace muy mal al sistema y al país poner en tela de juicio sin fundamento ninguno, la honorabilidad de sus operadores. Es muy peligroso para la institucionalidad".
- "Acá hay un problema que es anterior: es quizás el debate que se tenga que dar a nivel legislativo. Todos los delitos admiten prisión domiciliaria si la persona lo requiere por razones de salud. Es un costo que tiene que asumir el legislador. El juez aplica las normas. Ahora, si yo tengo una norma que dice que los delitos de narcotráfico no podrán bajo ninguna circunstancias pasar a prisión domiciliaria más allá de que existan razones fundadas de salud, ahí ningún juez va a poder poner la prisión domiciliaria porque hay una norma que dice lo contrario".
- "Hay que ser muy honestos con la ciudadanía al momento de analizar cuestiones tan delicadas que hacen justamente a la imagen del funcionamiento y la credibilidad que el sistema judicial debe de tener para la sociedad".
- "Es muy duro escuchar que hay gente que no tiene posibilidad de rehabilitación. Eso como sociedad nos tiene que interpelar porque, ¿qué hacemos con alguien que a priori decimos que no tiene posibilidad de rehabilitación?, ¿cuál es la solución? No tenemos prisión perpetua en Uruguay y mucho menos la pena capital. Allí hay una primera luz de alarma que nos tiene que interpelar. Si no son rehabilitables, ¿qué hacemos con esa gente?".
- "En la medida que las normativas que habilitan los derechos de la prisión domiciliaria no distinguen entre los distintos tipos de presos, estas acciones son posibles en el marco de lo que realmente está previsto".
- "Es muy sencillo hacer una trazabilidad de nuestro patrimonio o nuestros ingresos. Debería ampliarse a muchísimos funcionarios más que están en el entorno de nuestro trabajo. Sin lugar a duda en el caso de los jueces es muy sencillo de determinar si un magistrado puede estar involucrado en alguna cuestión de estas. Es absolutamente excepcional, poquísimos casos en la historia nos han ocurrido y han sido rápidamente detectados. Han sido destituidos en procesos administrativos correspondientes. La Corte en eso es implacable y está perfecto que así lo sea. Pero nuestro altísimo grado de vocación lleva que nosotros mismos detectando cualquier cosa que nos llame la atención damos cuenta aún del trabajo de los colegas. Para nosotros es clave la honorabilidad en la función, es un intangible que no tiene precio".
