Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
Las dos cámaras del Parlamento aprobaron ayer el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para resolver el futuro de Casa de Galicia, incluyendo el destino de sus socios Fonasa y los trabajadores.
Tras un acuerdo entre oficialismo y oposición, en el Senado el proyecto se aprobó con 27 votos en 29, y en Diputados, con 89 votos en 91.
En su artículo 1º el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a determinar los prestadores a donde serán destinados los socios de Casa de Galicia que son beneficiarios del Seguro Nacional de Salud.
Los usuarios Fonasa tendrán 30 días hábiles para elegir prestador entre aquellas instituciones que determine el Poder Ejecutivo. Transcurridos 24 meses desde la asignación a una de estas mutualistas, los socios podrán cambiarse libremente dentro del sistema.
En el texto se explicita que las mutualistas a donde se repartirán los socios Fonasa no deberán tener más de 100 mil usuarios, el total de afiliados mayores de 65 años no debe superar el 20% del padrón, y la cantidad de socios que cada una reciba de Casa de Galicia no podrá superar el 15% del padrón total.
Si bien el texto no dice cuáles serán esas instituciones, había trascendido que la lista incluye al Círculo Católico, el Hospital Evangélico, Universal, Cudam y Crami.
En cuanto al futuro de los trabajadores, se prevé que se distribuirán entre los prestadores determinados por el Poder Ejecutivo “en forma proporcional a la migración de usuarios”. Aquellos que no entren en esa distribución “podrán ampararse en un régimen especial de subsidio por desempleo que establecerá el Poder Ejecutivo” durante un año. Con la información de todos los trabajadores de la mutualista se creará una “base de datos” en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El proyecto asegura el “destino sanatorial” del edificio de Casa de Galicia, lo que garantiza que no podrá utilizarse con otro fin una vez que vaya a remate. Y también se habilita a ASSE a presentarse a ese remate para adquirir los bienes muebles o inmuebles de la mutualista.
El senador nacionalista Gustavo Penadés subrayó en rueda de prensa que se logró “un importantísimo acuerdo político”, ya que en el Senado recibió votos de todos los partidos políticos. Resaltó que el proyecto surgió de una negociación entre el Poder Ejecutivo, las instituciones médicas, los sindicatos y el sistema político. Explicó que el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a establecer una serie de medidas que garanticen “la calidad de la salud que reciben los usuarios de Casa de Galicia” y también garantiza a los trabajadores de la mutualista “la posibilidad de ser absorbidos por las instituciones que se encargarán de atender a los usuarios, que serán enviados a cuatro instituciones que surgen de un cálculo objetivo”.
Sin embargo, no todos votaron el proyecto, como los senadores nacionalistas Sergio Botana y Juan Straneo (suplente de Juan Sartori), la diputada frenteamplista Susana Pereira y el representante del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega.
Botana agregó que el proyecto tiene “riesgo jurídico”, porque “puede tener consecuencias de responsabilidad para el Estado”. “Sinceramente, no me pareció nada buena esta solución a la [Daniel] Olesker [senador del FA] que se tomó. Acá se están repartiendo las pilchas antes de que el difunto esté muerto. Eso es lo que está sucediendo”, finalizó.
En la misma linea, el abogado que representa a un grupo de afiliados de Casa de Galicia, Juan Ceretta, había declarado que hace días que consideraba esta medida como inconstitucional.
Hoy En Perspectiva conversamos con el abogado, Juan Ceretta.
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