Foto: En Perspectiva
La semana pasada el Frente Amplio (FA) dio un nuevo paso para dejar sin efecto el acuerdo firmado en febrero entre el gobierno y la compañía Katoen Natie.
Recordemos: esa firma de origen belga, que es propietaria del 80 % de la empresa TCP, concesionaria de la terminal especializada en contenedores en el puerto de Montevideo, había anunciado en 2019 un litigio contra el Estado uruguayo por 1500 millones de dólares. Para poner fin a ese diferendo, el Poder Ejecutivo negoció con durante el año 2020 y terminó arribando a un convenio que, entre otras cosas, incluye la prolongación de la concesión, que debía vencer en 2030, por 50 años adicionales.
Primero el FA interpeló en el Senado a Luis Alberto Heber, quien fuera ministro de Transporte y Obras Públicas cuando se acordó con Katoen Natie. Luego de que, al final del debate en la cámara alta, el ministro fuera respaldado con los votos del oficialismo, la coalición de izquierdas presentó una moción de censura, que tampoco prosperó.
Luego los senadores del FA iniciaron una denuncia penal por abuso de funciones, falsificación ideológica y otros delitos contra Heber y otros tres jerarcas del gobierno: el subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola; el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo; y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés.
Si en Presidencia la respuesta es negativa, el escrito debe pasar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y si esa vía también se agota la oposición piensa incluso en recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy En Perspectiva conversamos con el diputado Gustavo Olmos, integrante del sector Fuerza Renovadora (FA).
