Foto: Parlamento
El Ministerio del Interior remitió al Parlamento un proyecto que modifica la ley de Estupefacientes mediante la reducción de las penas que se aplican quienes intentan ingresar drogas a las cárceles, corrige de esta manera uno de los cambios más polémicos implementados por la ley de Urgente Consideración (LUC).
Aunque no lo menciona expresamente, el proyecto refiere al artículo 74 de la LUC, que incrementó las penas por la tentativa de ingreso de drogas a prisiones y otros centros de encarcelamiento, llevándolas a un mínimo de cuatro años de cárcel.
Operadores judiciales han advertido que esa norma llevó a un sensible incremento de la encarcelación de mujeres, en su mayoría pobres, que son las principales responsables de este tipo de conducta.
Los últimos datos oficiales disponibles indican que de setiembre de 2020 a setiembre de 2021 la población carcelaria en general aumentó 9% pero la cantidad de mujeres presas se incrementó 30%.
En su fundamentación, el Poder Ejecutivo hace referencia a que “varios fiscales y jueces han entendido correctamente que, como el ingreso a la cárcel no se verificó, ya que la droga se incauta antes, no hay delito consumado y por lo tanto no se puede aplicar la pena prevista”.
Si se aprueba el proyecto, la pena para estos intentos quedará reducida a un tercio de la prevista por un delito consumado y por lo tanto será excarcelable.
Profundizamos en esta novedad con el Dr. Martín Fernández, abogado penalista, docente de Derecho Penal en la Udelar y miembro del Ielsur, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay.
