Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
Tres personas fueron imputadas este fin de semana por el caso de Juan Antonio González Bica, un narcotraficante que se fugó cuando rompió la tobillera que llevaba puesta a partir de un fallo judicial para que pasara a prisión domiciliaria.
Gonzalez Bica había obtenido ese beneficio debido a una gestión realizada por su abogada en base a documentos que, según se supo luego, eran falsos.
Hagamos un recuento.
González Bica fue condenado en 2022 por traficar 420 kilos de droga: 250 de pasta base y 170 de cocaína. La movilizaban en un vehículo camuflado como una ambulancia, en el que él ahora fugado iba disfrazado de médico.
La llamada Operación Pitágoras, en que fueron detenidos él y otros integrantes de la banda, sumó posteriormente varios allanamientos en los que se incautó más droga.
A fines de mayo el recluso presentó ante la justicia un pedido para obtener prisión domiciliaria alegando problemas de salud, concretamente por una afección renal. Aseguró que necesitaba hacerse diálisis diariamente, y que las instalaciones del Penal de Libertad, donde estaba preso, no eran adecuadas para su condición.
Para justificarlo su defensa presentó en el juzgado correspondiente certificados médicos en los que se establecía que González Bica padecía un "grupo de patologías crónicas" que además de un tratamiento, requerían controles, estudios, medicación y la realización de hemodiálisis periódicas, según informó el diario El Observador.
La jueza de Crimen Organizado María Elena Mainard aceptó el pedido, dispuso prisión domiciliaria y ordenó colocarle una tobillera electrónica.
“Se puede inferir que en la unidad donde se encuentra recluido no cuenta con las condiciones necesarias para la asistencia debida y correcta que requiere el Sr. González", afirmó la magistrada en su escrito, fechado el 31 de mayo de 2023.
Además, dictaminó que seis meses más tarde se realizara un análisis médico para evaluar el estado de salud de González Bica y determinar si era posible volver a trasladarlo a una cárcel.
El 30 de agosto, González Bica rompió la tobillera y se fugó. Su paradero sigue siendo desconocido.
Mientras la Fiscalía pide que se corrobore con la historia clínica si efectivamente el
narcotraficante tenía problemas renales, una revisión del expediente encontró que, más allá de los certificados médicos, se habían falsificado informes de la oficina del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit.
En ellos supuestamente se recomendaba la prisión domiciliaria para González Bica.
Esos escritos se nutrían de otros escritos anteriores, pero eran apócrifos. Por eso Petit presentó el viernes una denuncia penal al respecto.
La trama se complejizó este fin de semana y alcanzó ribetes casi cinematográficos con la detención de la abogada de González Bica, Mercedes Acosta, y de un estafador de nombre Matías Campero. Un hombre con numerosos antecedentes.
A partir de esas investigaciones vino a detectarse una organización dedicada a la falsificación de documentos para lograr cambios en la situación de personas privadas de libertad. Campero, según informa El País, cobraba hasta 60 mil dólares para crear informes médicos de clínicas o del Instituto Técnico Forense. A González Bica le habría cobrado 100 mil dólares.
El mismo Matías Campero, formalizado más temprano este año por un delito de secuestro y privación de libertad, gozaba de prisión domiciliaria. Ahora se está indagando si la logró también con documentos falsos.
Conversamos En Perspectiva con uno de los involucrados en la estafa, el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit.
