Entrevista central

En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional: ¿Es un nuevo quiebre institucional en América Latina? Análisis desde Quito con el politólogo Pablo Medina Pérez

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Foto: Bolivar Parra / Ecuadorian Presidency / AFP

Ecuador concentró todas las miradas de la región este miércoles, cuando el presidente Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea Nacional después del primer día de un juicio político que seguramente iba a terminar con su destittución por ese cuerpo, dominado por la izquierda opositora.

El mandatario, acusado por delitos de corrupción, firmó un decreto para “disolver la Asamblea Nacional” debido, dice el texto, a “la grave crisis política y conmoción interna”.

“Ciudadanas, ciudadanos, ante ustedes comparesco para decirles que no es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas, enfrentar los profundos desafios a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo con una asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado. Desde el inicio de mi gestión en cuatro ocasiones un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido”.

Esta resolución, prevista en la Constitución ecuatoriana, obliga a que en un plazo máximo de 90 días se celebren nuevas elecciones legislativas y presidenciales para completar el periodo de cuatro años que comenzó en mayo de 2021. A esos comicios puede presentarse el propio mandatario.

Los militares y la policía respaldaron la decisión de Lasso, argumentando que está amparada por el marco constitucional. La oposición, por su lado, tildó de “ilegal” y de “golpe de Estado” la disolución del Parlamento. Sin embargo, hasta ahora, no se verificaron movilizaciones de protesta ni hechos de violencia o desborde institucional, como si sucedió hace unos meses en Perú, luego de que el ex presidente de ese país, Pedro Castillo disolviera el Congreso.

Conocemos más de cerca qué está pasando en Ecuador. Conversamos En Perspectiva con el politólogo Pablo Medina Pérez, desde Quito.


Destaques de la entrevista: 

  • "La Corte Constitucional dijo que la acusación de peculado podía ser posible, esto no quiere decir que el presidente haya cometido peculado, quiere decir que es posible que el presidente no haya tomado las decisiones necesarias para evitar un posible peculado. Pueden desconfiar del presidente en ese sentido. Esa es la figura con la que la Asamblea comenzó el largo proceso de juicio político".
  • "El gobierno empezó a poner mucha presión a las bandas delincuenciales. Ecuador ha llegado a cifras récord de captura de cocaína, eso hace que se exacerbe el conflicto entre ellos y el ajuste de cuentas empezó a ser brutal. Comenzó en las cárceles, porque varias de ellas están tomadas por bandas de narcotraficantes, y luego se extiende a las calles".
  • "El sistema político ecuatoriano se presta con mucha facilidad para una infiltración del narcotráfico. Tenemos un sistema de partidos políticos muy débiles donde se pueden presentar candidatos de la noche a la mañana y en procesos electorales el narcotráfico podría empezar fácilmente a capturar el sistema político".
  • "Creo que el Cono Sur está aún bastante lejos de la problemática que hemos sufrido lastimosamente los países Andinos. Hay que tenerle ojo (al narcotráfico) pero tampoco desesperar". 
  • "El presidente formalmente no tiene ningún límite para aplicar la muerte cruzada".
  • "Algo que no fue previsto (en la reforma constitucional de 2008) es que hay un incentivo para que no haya movilizaciones, que es que se convoque inmediatamente a elecciones. El movimiento social más importante del país es la Confederación de Nacionalidades Indígenas, tienen el músculo en las calles y son quienes pueden paralizar el país. Sin embargo, como automáticamente se llama a elecciones y ellos tienen un brazo político por lo que tienen que organizarse para lograr los escaños que tenían o mejores desde su punto de vista. Quizá vayan a presentar su propio candidato a la presidencia de la República. Eso desincentiva a las marchas y protestas. Porque los partidos políticos y los movimientos sociales vinculados a estos tienen que armar una campaña presidencial y de legisladores en tres meses. Ellos se pronunciaron, todos esperaban que digan que van a hacer paro, y su pronunciamiento fue: "Vamos a estar vigilantes con lo que haga el gobierno en estos meses". Automáticamente todos los partidos comenzaron a funcionar para ver qué candidatos van a ir a elecciones".
  • "Las elecciones desmotivaron, desinflaron esta que podía ser una iniciativa de protesta y de movilización social en el país".

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